El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes sanciones económicas contra 118 personas juzgadoras que resultaron electas en el primer Proces
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes sanciones económicas contra 118 personas juzgadoras que resultaron electas en el primer Proceso Electoral Judicial de México, tras acreditarse que fueron beneficiadas por propaganda ilegal en forma de “acordeones”, listas impresas y digitales que promovían candidaturas específicas.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que las multas ascienden a más de 10 millones de pesos a nivel federal y 8 millones a nivel local, equivalentes al 10 % del tope de gasto de campaña, con montos que van de 22 mil a 146 mil pesos, dependiendo del cargo y la capacidad económica de los sancionados. En los casos donde los nombres aparecieron tanto en acordeones físicos como digitales, la sanción será doble.
Humphrey destacó que se fiscalizaron más de 7,700 candidaturas y se auditaron casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos. “Estamos ante el cierre de la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática de México, un esfuerzo sin precedentes”, dijo.
La Unidad Técnica de Fiscalización acreditó la existencia de 336 acordeones físicos con al menos diez modelos distintos, además de su difusión en redes sociales y cadenas de mensajería. La mayoría de las sanciones se concentraron en magistraturas de tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito; a nivel local, Chihuahua y Estado de México sumaron el 35.9 % del monto sancionado.
El proyecto sancionador fue aprobado en una sesión dividida del Consejo General del INE. Cinco consejeros —Uuc-kib Espadas, Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López Vences y Guadalupe Taddei— votaron en contra, argumentando que no se identificaron responsables directos de la creación de la propaganda ilegal.
Humphrey subrayó que quienes aspiran a juzgar “deben ser los primeros en respetar la ley” y llamó al Tribunal Electoral a evaluar los dictámenes de fiscalización en caso de impugnaciones. Asimismo, adelantó una propuesta de reforma reglamentaria para modernizar los mecanismos de supervisión y cerrar la puerta a “simulaciones” en futuros procesos electivos.