Pam Bondi acusa a México de representar una amenaza a la soberanía estadounidense en el contexto del tráfico de fentanilo
Estados Unidos no permitirá que ninguna nación amenace su soberanía. Así lo afirmó la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, durante su comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado, donde mencionó explícitamente a México, junto a Irán, China y Rusia, como países que representan riesgos para la seguridad nacional, particularmente por su presunta relación con el tráfico de fentanilo.
Los señalamientos de Bondi se produjeron a raíz de la reciente acusación del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por presuntamente colaborar con cárteles del narcotráfico para lavar dinero y facilitar la adquisición de precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo.
“Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente matarnos físicamente o mediante la sobredosis de nuestros hijos con drogas, haremos todo lo que esté en nuestro poder, gracias al liderazgo del presidente Trump, para mantener a Estados Unidos seguro”, aseguró Bondi. La fiscal elogió la postura firme del mandatario republicano frente a amenazas internacionales, como el reciente conflicto en Medio Oriente, y reiteró que el gobierno estadounidense no cederá ante las presiones de naciones extranjeras.
Durante una comparecencia previa, el 24 de junio, ante un subcomité de la Cámara de Representantes, Bondi reveló que tanto México como Canadá se encuentran bajo revisión por su papel en el combate al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Señaló que los precursores químicos siguen entrando a Estados Unidos a través de ambos países, principalmente por vía marítima.
En respuesta a estas preocupaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el despliegue de más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y reforzó las operaciones contra el tráfico de drogas. No obstante, el gobierno de Donald Trump ha respondido con medidas más agresivas, como la imposición de aranceles a productos mexicanos y canadienses, y la declaratoria de cárteles mexicanos —entre ellos el de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo— como organizaciones terroristas.
La tensión diplomática escala en medio de un creciente escrutinio del sistema financiero mexicano por parte de las autoridades estadounidenses, que acusan a varias instituciones bancarias de permitir el flujo de capitales vinculados al crimen organizado. Mientras tanto, México insiste en que no se ha presentado evidencia contundente que pruebe actos ilícitos por parte de los bancos señalados.