Entretelones Samuel Valenzuela A lo mejor resulta una buena lección para quienes integran la representación popular sonorense y en el futuro p
Entretelones
Samuel Valenzuela
A lo mejor resulta una buena lección para quienes integran la representación popular sonorense y en el futuro ponen más atención en el cumplimiento de sus deberes como diputadas y diputados para evitar la patética exhibición de estos días al dar curso a la Ley de Protección y Bienestar Animal.
No hay otra forma de decirlo, la regaron al aprobar una propuesta heredada de la anterior legislatura solo para empatarla con el III Informe del gobernador Alfonso Durazo Montaño, como si el mandatario necesitara de esos bules para nadar ante una gestión de buenos resultados y saldos y sin tener que recurrir a ese tipo de maniobras.
Resulta obvio que la mayoría calificada oficialista en el Congreso del Estado fue doblada por el poderoso gremio gallero y los obligó a suspender por tres años la normatividad aprobada y que incluso puso en cuasi rebeldía al por lo regular dado a la mansedumbre Juan Ochoa Valenzuela, dirigente de la UGRS, por el impacto de dicha ley en ancestrales prácticas pecuarias de la entidad.
Este lunes se llevó a cabo otra movilización de representantes de la “industria gallística” de la entidad y si bien le pusieron mucha crema a los tacos anunciando que asistirían más de 15 mil personas, no está tan mal que hayan juntado entre mil y mil 500, aunque eso sí, muy encabronados.
Estuvieron buen rato en el edificio sede del Poder Legislativo de Sonora, en donde una comisión fue atendida por David Figueroa Ortega, Gabriela Félix, Claudia Bours, el Pollito Castelo, entre otros, a quienes les hicieron esquina Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social y “El Bebito” Zatarain, subsecretario de desarrollo político, ambas del equipo del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.
La reunión fue privada, pero ya se sabrán los términos de los acuerdos, si es que los hubo, porque por lo pronto, contrario a lo que pudiera pensarse la muchedumbre no mostró ninguna aceptación a la suspensión de tres años anunciada por Figueroa Ortega hace unos días, en el marco de los vaivenes de opinión que ha expresado dicho legislador.
No lo aceptarán, pero antes de nada, quienes representan a Sonora en la Cámara de diputados, por lo regular no leen lo que aprueban y mucho menos lo analizan, dejando tal responsiva a uno o dos de sus pares en comisiones de trabajo, y ellas y ellos se van como destos a la desta y en algunas ocasiones ocurre lo de estos días por no prever las consecuencias y secuelas de lo que aprobaron sin ver, cuando por ser mayoría calificada se dan el lujo de no tomar en cuenta a la representación opositora.
Y eso no es de ahora, siempre ha sido así con un selecto grupo de representantes populares, nunca más de una docena, que están al tanto de los trámites y de los procesos legislativos hasta el producto final, porque los restantes solo son actores testimoniales que ahora se levantan de sus asientos al votar en lugar de hacerlo con el dedo levantado.
Por lo demás, se radicaliza la disputa entre el constitucionalismo y la autocracia, entre la república y las ínfulas imperiales centralistas, entre quienes disponen el recurso del amparo frente a abusos de cualquier instancia de gobierno y quienes desde el poder político quieren hacer lo que les venga en gana sin retenes legales.
Más allá de la técnica jurídica, del lenguaje rebuscado y las referencias de tal o cual artículo de determinada ley, vinculado a otros artículos de otras leyes o reglamentos, el amparo y la ley que lo sustenta, es prerrogativa y derecho que nadie y ningún alegato o argumentación o propósito puede anular ni socavar.
Y las instancias judiciales tienen la obligación de dar trámite a cualquier solicitud que se haga para defender la presunción de un derecho ciudadano violado por cualquier autoridad, dictar la suspensión provisional del acto reclamado o la definitiva si en caso de así considerarlo la parte juzgadora o porque la instancia demandada no responde e ignora la demanda.
Vamos a lo simple y eso es lo simple frente a la embestida del oficialismo y sus cochambres en contra del sistema constitucional, la república, la separación de poderes que han emprendido en pandilla los poderes ejecutivo y el legislativo en contra del Poder Judicial escogiendo la truculenta ruta de elegir a jueces, magistrados y ministros en función de su popularidad y no de sus capacidades en la delicada tarea de impartir justicia.
Por supuesto que cualquier ciudadano que se considere perjudicado y sus derechos ciudadanos violados por el contubernio y confabulación de esos dictadorzuelos de pacotilla, por el desaseado tránsito de esa propuesta que tal puntilla a la democracia mexicana asestó el que ya se fue mucho a La Chingada y por las consecuencias nefastas indudables que tendrá dicha pretensión, por supuesto que puede recurrir a la única defensa y ampararse y sin importar que se trate de una reforma constitucional o no, la parte juzgadora tiene la obligación de hacer su trabajo.
Cinismo puro el discurso y el nado sincronizado de personajes del oficialismo quienes se lamentan que el Poder Judicial viola la autonomía del legislativo al emitir resolutivos adversos a lo que aprobaron con una mayoría calificada construida mediante estrategias propias del crimen organizado y va a contracorriente de la democracia y peor que la presidenta Claudia Sheinbaum considere que jueces y juezas que han resuelto los amparos en favor de quejosos van en contra de la voluntad de los mexicanos.
Curioso que esa caterva cínica alegue invasión de facultades del legislativo por parte de impartidores de justicia, cuando desde dicha instancia, en pandilla con el ejecutivo, no solo invadieron facultades del poder judicial, sino que su objetivo es desaparecerlo como instancia autónoma con el fin de sumarlo a su cofradía corrupta mediante la manipulación fraudulenta de la elección del año próximo.
Ante las ansias autocráticas de la nueva mafia del poder, a los mexicanos no nos queda de otra que la protección del amparo, instrumento e institución eje del sistema jurídico de este país y último valladar para defender a la república federada, la separación y autonomía de los poderes del estado y nuestra democracia, para en resumen evitar que estos trogloditas destruyan las instituciones construidas con muchos sacrificios durante muchos años.
En fin, el amparo es una de las herramientas jurídicas más utilizadas en México porque permite a todas las personas defenderse de manera pacífica, de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos humanos o ¿quieren que dicha defensa deje de ser pacífica?
A fin de cuentas resultó una porqueriza el cierre del sexenio anterior y el inicio de éste y lo más apestoso representa sin duda el truculento caso del secuestro y extradición extrajudicial de Ismael Zambada, trama en la que está hundido hasta más arriba del cuello el aún gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, con el embarrado consecuente al que ya se fue de Palacio Nacional y a su actual residente, quienes en su momento avalaron y dieron por verídicos los montajes con los que el mandatario pretendió deslindarse de los sucesos ocurridos en finca ubicada en exclusivo sector de Culiacán.
La misma Fiscalía General de la República ya reconoció de forma pública la veracidad del contenido de la carta que mandó desde una celda gringa El Mayo Zambada, contenido desdeñado por el que se fue y la recién llegada en cuanto a que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde fue plagiado el narcotraficante y no en una gasolinera.
Además, también está documentado que Rocha Moya mintió cuando aseguró que en el momento de esos hechos él estaba en Los Ángeles, California y si el narco dijo la verdad en lo demás, entonces también es cierto lo de la reunión convocada para conciliar a Cuén y a Rocha en la disputa por el control de la Universidad de Sinaloa y que el gobernador estuvo presente.
Ahora lo que sigue es determinar responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y por qué no, del mismo gobernador porque como se sabe, eso de que las fiscalía son autónomas es una falacia y seguramente él mismo coordinó la estratagema y montaje, así como su fantasmal viaje al extranjero para deslindarse de lo ocurrido.