Entretelones Samuel Valenzuela Cuando a principios de diciembre de 1988 Luis Donaldo Colosio Murrieta asumió la dirigencia nacional del PRI, s
Entretelones
Samuel Valenzuela
Cuando a principios de diciembre de 1988 Luis Donaldo Colosio Murrieta asumió la dirigencia nacional del PRI, se asegura que connotado político de ese partido comentó por lo bajo, lo paradójico que resultaría que un sonorense fuera el sepulturero de una organización cuya fundación se atribuye a otro sonorense: Plutarco Elías Calles.
La historia reciente es conocida: el vil asesinato del de Magdalena y luego solo dos gestiones presidenciales con el sello priista desde entonces y con franca tendencia del tricolor a pudrirse bajo las garras del reelecto dirigente actual, Alejandro Moreno Cárdenas quien, si sigue sin retenes, tiene amplias posibilidades de lograr que ahora sí el PRI reciba esa acta de defunción tan invocada.
Como sea, a Plutarco Elías Calles la historia lo señala como el creador de instituciones tanto como gobernador de Sonora y presidente de la república; el que promovió el tránsito de un México de caudillos a un México de instituciones; se le reconoce por establecer las bases del desarrollo del modelo mexicano en materia bancaria y económica, de impartición de justicia, educativa, de salud, agropecuaria, minería e infraestructura en comunicaciones y transportes.
Pues en estos tiempos corresponde a otra persona de origen sonorense, Guadalupe Taddei Zavala, establecer las bases para el desmantelamiento de las instituciones cuya plataforma construyó su paisano Elías Calles, al ser parte fundamental para que el Instituto Nacional Electoral se convirtiera en un forúnculo de Palacio Nacional al abrir la puerta para eliminar al único retén defensor de la república.
Ese será el dudoso honor que alardeará la de Cananea al paso del tiempo, cuando la impartición de justicia de este país sea al contentillo de los gobernantes en turno, tal como lo propone la reforma judicial impulsada por el menopáusico que casi concluye su gestión presidencial, la cual solo pudiera concretarse con la mayoría calificada que graciosamente se construyó en las alcantarillas compartidas por el INE y la Secretaría de Gobernación o sea en yunta con Luisa María Alcalde.
En pocas palabras, al emitir “el definitivo” listado sobre la repartición de plurinominales para el congreso federal, fueron echados a la basura preceptos constitucionales básicos en materia de la representación legislativa de cada partido al suplirse tales mandatos de la constitución, por presuntos acuerdos políticos entre dirigencias partidistas, que a fin de cuentas pesaron más que el voto ciudadano.
Inédita la interpretación de doña Lupita y congéneres en la repartición de las 200 posiciones de representación proporcional en San Lázaro, en el marco de una maniobra gansteril y mafiosa en contra de la ya de por sí incipiente democracia mexicana al dar manga ancha al oficialismo para que con la mayoría calificada haga lo que le dé la gana.
La señora Taddei ya hizo su parte al dejar la mesa puesta para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su venganza y satisfaga su animalesco odio en contra del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general contra toda la judicatura, ahora sí en vía acelerada de extinción gracias a los buenos oficios de la mencionada.
En fin, todo queda listo para que el Poder Judicial de este país pase a ser un forúnculo más del Poder Ejecutivo Federal, así como lo son ahora el INE y el TEPJF, aunque en sus casos nomás falta que junto a su sometimiento hayan también firmado sus actas de defunción, aunque sus servicios seguirán siendo requeridos para conducir el proceso para elegir vía las urnas a cientos de juzgadores el año próximo y ya validaron que son instancias confiables para convertir marranadas en actos legales.
Estos son tiempos inéditos de la historia de México, esa misma historia que será implacable contra quienes entraron en contubernios para torcerla en función de sus intereses político y económicos sin importar dejar a la mayoría de los mexicanos en la indefensión frente a un sistema de impartición de justicia que con impartidores electos mediante el voto popular estarán al servicio del partido dominante y del poder ejecutivo para dejar de ser garantes del control constitucional.
Está por verse que la mayoría calificada del oficialismo en la Cámara de Diputados se atrevan a perpetrar tamaño atentado, porque queda la posibilidad de que sus amos, el que se va y la que viene, sea vean obligados a recapacitar y emitir las órdenes de reversa correspondientes.
Es que el posicionamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar no deja resquicios para la duda respecto a cuál sería la reacción del gobierno gringo y su poderosa economía, si el poder Judicial en México entra en una dinámica político-electoral y es despojado de su autonomía.
Para acabar pronto, el representante del gobierno de EEUU en México advirtió de riesgos para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías de ambos países por la elección directa de jueces, además de facilitar la infiltración por parte de los carteles de la droga y “otros actores malignos que se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas», declaró el embajador.
Inédito también el rumbo de las indagatorias de la Fiscalía General de la República, en el marco del caso Mayo Zambada, en el que el capo de la droga más importante del mundo fue convertido en víctima y agraviado por actos que llevaron a su detención en territorio de Estados Unidos y que uno de sus presuntos captores, Joaquín Guzmán López sea requerido por la justicia mexicana por secuestro, privación ilegal de la libertad y traición a la patria por sacar del país al mencionado narcotraficante.
Curiosa la cosa, porque hasta antes de los hechos en una finca cercana a Culiacán y en aeropuerto privado aledaño a El Paso, Texas, el mentado chapito no tenía ni una carpeta de investigación abierta o sea nunca fue buscado con fines de detención a pesar de su participación en el tráfico de cocaína y fabricación y tráfico de fentanilo
Así se las gasta Alejandro Gertz Manero, quien al menos si va contra el chapito, también debería ir contra el gobernador Rubén Rocha Moya y su renunciada Fiscal estatal Sara Bruna Quiñones por su evidente participación en el montaje para simular el asesinato de Héctor Melesio Cuén y deslindarse de sus complicidades con el Cartel de Sinaloa.
Y la poca honra de la señora Taddei por poner al INE de pinicuchi ante Palacio Nacional, también aplica al otrora orgullo del deporte mexicano, Ana Gabriela Guevara, quien como titular de la CONADE y porque el presidente la quiere mucho, se dio el lujo de bajarle la beca a la arquera mexicana Alejandra Valencia, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Mientras acá en Sonora el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez y ciudadanos en general reconocen los logros de la atleta sonorense y referente mundial de la disciplina de tiro con arco, allá en el centro del país le cepillan su beca, al igual que lo hicieron en los casos de sus compañeras de equipo Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz, quienes hace menos de un mes nos hicieron vibrar de emoción cuando le ganaron al equipo representativo de Países Bajos.
Son chingaderas como diría Ana Gabriela, el trato para con Alejandra a pesar de tantas satisfacciones y motivos de alegría que ha dado al pueblo de México por sus logros deportivos, además de que distinto a la titular de la CONADE, ser un buen ejemplo para la niñez y juventud sonorense e incluso de México.
Y como bien dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, porque la sala en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó la plana al Instituto Estatal Electoral de Sonora al modificar el reparto de diputaciones locales de representación proporcional, dejando fuera a Alejandra López Noriega del PAN; Raúl González de la Vega del Partido Sonorense; a Jazmín Guadalupe Gómez del PT, y César Salazar del Panalito.
En lugar de los anteriormente citados, el TEPJF ordenó al IEES entregar en un plazo de 48 horas las constancias como diputadas y diputados electos a José Serrato Castell, del PAN; a Camila Soto del PS; a Pánfilo López Pérez del PT, y a Karina Martínez, de Nueva Alianza.
El resolutivo del pleno de la sala Guadalajara fue unánime, así como lo fue el desechar el recurso interpuesto por Joel Ramírez contra la asignación a Gabriela Tapia como diputada plurinominal electa del PRD, todo en el complicado contexto de garantizar la equidad de género en la próxima legislatura del Estado de Sonora.