Todos los días haya pruebas fehacientes de la actuación de jueces, magistrados, de todos los funcionarios del poder judicial, que en resumen es una pa
Todos los días haya pruebas fehacientes de la actuación de jueces, magistrados, de todos los funcionarios del poder judicial, que en resumen es una patada en donde la espalda pierde su casto nombre. Con sus actuaciones deplorables, entierran la esperanza de un mexicano promedio, de encontrar justicia por lo que sea que lo haya dejado en condición de víctima o aquellos que imploran auxilio, están presos por una mala jugada y no tienen dinero para pagar su defensa.
Lo mismo es el sistema judicial estatal que el federal. Cuando el asesinato de mi hermano, Jesús Antonio clamé por ser escuchada por el juez que llevaba el expediente en el juzgado del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1, Ofensivo el trato. Es suplicar a los dioses dueños del país ser escuchada por el mentado funcionario. Un animal, hubiera tenido más sensibilidad que aquel individuo sentado, arrellanado en su sillón y en su puesto. Sin ninguna preocupación por su actuar, él hizo lo suyo: ignorar los ruegos.
Es tan triste la forma en que los funcionarios del poder judicial desprecian a la sociedad, la ignoran sin tener la conciencia de que su pobre y miserable actuación en el caso del homicidio de mi hermano, fue que el homicida recibió 8 años de cárcel como sentencia -darle una patada a un perro es más delito ahora-, pero luego el mismo sistema lo perdonó y en menos de cuatro años ya estaba en la calle, haciendo se las suyas: robando, asaltando a los jóvenes de la secundaria técnica 57, en la colonia el Sahuaro. Es una escoria humana.
El juez ni él ni los de su calaña entienden que dejar en libertad a esos depredadores, es poner en peligro a la población y en una de esas vueltas que da la vida, a sus propios hijos o familia, que de la nada se pueden encontrar de frente al homicida.
Así son las horribles historias que tienen víctimas, familias que en mala hora perdieron a sus seres queridos a manos de bandidos a los que el sistema solapa y protege por omisión y negligencia. Tienen pereza mental, se saben impunes hagan lo que hagan nadie los va a sancionar. Mientras el país se hunde en la comisión de todas clases de crímenes.
Esta semana que aún no concluye dos eventos marcaron de cuerpo entero al poder judicial: actúan por consigna, con prejuicios, por corrupción, nada que tenga que ver con proteger a las víctimas y mucho menos velar por el cumplimiento de las normas constitucionales. Por aplicar la ley a secas.
Una de las trapacerías: el sábado 10 de agosto, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Segundo Distrito de Quintana Roo, determinó que el exgobernador de Puebla, Mario Marín no representaba riesgo que justifique la prisión preventiva y optó por modificar las medidas cautelares. Así que lo mandó a su casita, al que ahora deben cuidar dos unidades de la Guardia Nacional con sus respectivos oficiales.
Marín pasó poco más de tres años en el penal de Almoloya de Juárez por el proceso penal en su contra por la tortura contra la periodista Lydia Cacho, luego que ella reveló en un libro, la red de explotación sexual infantil en la que estaban implicados los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, amigos de Marín. La jueza se pasó por allá, la violencia sufrida por parte de la víctima y mandó a su casita al ex gobernador.
En el estado de Oaxaca, ayer miércoles respondieron bien, antes que quedaran más desprestigiados luego que un juez ordenó la liberación de los atacantes -material e intelectual- de la artista, María Elena Ríos, quien fue bañada con ácido en cara y cuerpo, lo que le dejó severas lesiones. De la sorpresa a la indignación pasaron la propia afectada y sus seguidores. Un poco después se supo que otra autoridad judicial había echado abajo la presunta excarcelación de los responsables.
La titular del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, además de no estar de acuerdo con el fallo que absuelve al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, informó que se inició una investigación contra el juez José Gabriel Ramírez Montaño. Reprobó la resolución del juez porque dejó desprotegida a la víctima, además, muestra inconsistencias evidentes e insostenibles.
Ayer miércoles el juez Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido a la joven Elena Ríos, y a Rubicel H. R. y Rubén L. C., señalados como autores materiales (uno de ellos, ya fallecido); y ordenó su liberación inmediata y el descongelamiento de las cuentas bancarias e inmuebles del empresario gasolinero y político priista.
Estos tres ejemplos rebozan de infamia, es una insensibilidad absoluta lo que habita en el sistema judicial actual, al que le urge una reforma, pero seria, profunda, con un verdadero propósito que es volver esas instituciones al servicio de la sociedad, pero no la perversión que pretende el actual gobierno de Morena, que es someter ese poder de la República para el beneficio de los suyos. Mal y de malas.