De cuando acá los delitos los sigue por oficio la Procuraduría General de la República (PGR). En Santa Anna y hasta donde alcanza la autoridad del Age
De cuando acá los delitos los sigue por oficio la Procuraduría General de la República (PGR). En Santa Anna y hasta donde alcanza la autoridad del Agente del Ministerio Público Federal (AMPF) debe haber cantidad de infracciones cuya comisión asunto urgente de esa instancia, los cuales está obligado por ley a investigar y castigar a los presuntos culpables. Digo no es tan sesuda, ni de gran intelecto llegar a ese punto, ah no, pero por alguna razón hasta ahora no probada, fincó cargos a un joven, sin tener demanda de los afectados.
Dos detalles importantes: cuando ocurrieron los hechos del accidente, la batanga y el carro encima quedaron en el lugar y luego la PGR los decomisó. Ambos bienes eran propiedad de los otros dos sujetos que de alguna manera estaban involucrados en el accidente, pero fueron testigos para la integración del expediente. Lo que quizá no imaginaron es el tamaño de problema que se hizo. Un buen día estos sujetos aprovecharon que conocían a los trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe), les tiraron con un billete para que repararan los perjuicios causados.
Los muy ignorantes creyeron que con eso era suficiente y que todo el problema quedaría concluido. Que recuperarían sus bienes y nada. Capufe a PGR y supieron de esos trabajos, pero que no estaban conformes. La única deficiencia de la defensa de la parte acusada es que nunca pudo tener un perito forense que hiciera un presupuesto real de los daños y no los 150 mil pesos. Después de la reparación, con mucha más razón urgía, pero nunca ocurrió.
El abogado defensor interpuso un recurso de apelación, por el ridículo juicio que se llevaba a cabo,
El primer punto fue porqué la PGR inició una carpeta de investigación sin denuncia de los hechos, no había perjudicados; segundo: se acusó de dolo. Del Código Penal Federal, “se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito”. Imposible negar que el MPF el sí, con saña abrió la carpeta de investigación.
Tercer punto: que la carretera federal y sus barditas (que no protegen a nadie de matarse) son propiedad del Estado, es decir es una obra pública, no patrimonio de un particular. La exposición ante tres magistrados fue magnífica: tres puntos básicos de porque había un exceso del MPF, de la PGR y del propio PJF, por lo que se pedía se desestimaran los cargos.
Esa audiencia fue a las 17:00 horas, y sí, con solo ver la cara de los tres magistrados que conformaban la mesa, fue suficiente para saber que les importaba un reverendo pito el asunto. Eran dos hombres y una mujer. Uno de los varones era el presidente y el otro sujeto que quedó a su izquierda, llegó con una cara de dormido, con un jetón, como niño chiquito levantado a fuerzas de su siesta. Es seguro que dormitó durante la reunión. La mujer lució menos indiferente.
El presidente -que tenía prisa por volver a sus divinos privilegios- dos veces interrumpió al abogado defensor, ambas denotando una molestia, un enfado. Grosero lo interrogó si el siguiente punto sería la misma repetición de lo que ya había explicado en los dos anteriores. Esa desdicha es el poder judicial de la Federación (PJF). Obvio que la MPF de PGR ni siquiera abrió la boca, menos los dos abogados de Capufe. Tenían todo para ganar: ellos enredados en sus cofradías eternas.
Era obvio que les importaba un pito la desdicha de aquel joven, que quedó atrapado entre las patas de los caballos, sí, por un arrebato e impulso, que ojalá nunca lo olvide por los costos que él tuvo que pagar y las consecuencias para familiares que no tenían vela en ese entierro.
La procuración y administración de justicia es una quimera, un vago espejismo que existe, hasta que tú eres la víctima o quedaste enredado por la comisión de un delito.
Todo ocurrió en enero de 2023, por ahí en noviembre Capufe envió una oferta para suspender el “circo”, perdón el juicio y exigió 27 mil 500 pesos para resarcir los daños. Pero, el abogado estaba tan confiado en que su recurso de apelación sería a favor del defendido que no quiso aceptar. Después “palo” rechazaron su demanda. Ya en enero de 2024, con el cansancio, el miedo al nefasto sistema judicial, se decidió pagar esa suma.
A no espérenme tantito dijo el abogado de Capufe de aquella fecha a este año, ya hubo alza en los intereses, así que ofreció averiguar a cuánto había ascendido en este 2024. El 11 de abril fue la última etapa de esta tortura y el pago final fue de 30 mil pesos. Pero muy decentes el dinero hubo que pagarlo con un contratista de Capufe, con despacho al sur de Hermosillo. El 19 de ese mismo mes, el juez dio por concluida la operación: aplasta y destruye ciudadanos.
Sobre los 30 mil pesos a manos de quién fueron a parar si la reparación de daños ya estaba ejecutada o en el extremo, eran mínimos detalles a reparar.
La reforma al poder judicial, de Andrés Manuel López Obrador no tiene mayor propósito que apropiarse del único “pilar” de la República que no mangonea del todo. Ya lo tenía secuestrado a través del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar al que, por útil a sus intereses, le quiso ampliar 2 años más su mandato al frente de ese órgano, lo cual fue un escándalo y reculó. Ahora su máxima razón es apropiarse de jueces y magistrados que aún no tiene bajo su dominio, para evitar que éstos lo persigan a él o sus “hijitos”.
Craso error de los tontos y ridículos que creen que habrá beneficios para la perrada ¡Por favor! Eso es un pésimo chiste. Es como el gobierno de Sonora ¿qué tiene de especial, de diferente o de comunista? Es lo mismo de siempre, priistas hasta el tuétano, eso sí más caro. Es más, los ataques desde las alcantarillas de palacio son más rudos y más torpes. Con unas alianzas que dan vergüenza ajena. Es lo que hay.