Entretelones Samuel Valenzuela Resulta incomprensible la complacencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del poder Ejecutivo del E
Entretelones
Samuel Valenzuela
Resulta incomprensible la complacencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del poder Ejecutivo del Estado y la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, ente las corruptelas, confesas ilegalidades, omisiones criminales, frivolidades y troglodismo político del presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas.
En estado de indefensión se encuentra esa comunidad ubicada en la esquina noroeste del territorio estatal, que por cinco años ha padecido a un alcalde autoritario, arrogante y rapaz, montado en la indudable esperanza y respaldo ciudadano, primero por presidente Andrés Manuel López Obrador y luego por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quienes harían bien deslindarse de las estupideces de su compañero de partido.
Desde hace más de un año la regidora Rebecca Ching Hurtado destapó la cloaca misógina que distingue a ese presidente municipal, a colaboradores cercanos y a su corcholato vástago de nombre Alejandro, a quien con singular desvergüenza los publicitó en su II informe como la última coca cola del desierto y la verdad que en MORENA debiera de haber focos rojos encendidos si ese tipo de especímenes representan el relevo generacional en ese partido.
Rebecca es una respetable dama militante convencida de las causas de la 4T, pero eso no ha importado porque ha dado testimonio de múltiples agravios en contra de ella y de su familia solo porque se atrevió a denunciar actos inapropiados y no consentidos en su contra durante un viaje de retorno en autobús, luego de asistir a reunión morenista en la capital de Sonora.
Nada ha pasado; las tradicionales luchadoras en favor de los derechos de la mujer, las otrora bragadas feministas están en receso dado su disfrute en puestos burocráticos del Estado, la federación o de municipios, además que los agravios misóginos no cuentan si los perpetradores son militantes de MORENA y mucho menos si las agraviadas son de ese mismo partido.
El incendio intencional del antro Beer House que causó la muerte de 13 personas puso en evidencia las complicidades y el ejercicio de taparse con la misma cobija por motivos partidistas, sin que a la fecha haya indicios sobre sanciones penales en contra de quienes, por su negligencia, omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos del municipio y del Estado, fueron corresponsables de esa tragedia.
Para la fiscalía estatal el detenido que incendió el tugurio también fue responsable de que el lugar no reuniera condiciones mínimas de seguridad; que no tuviera vigente la licencia para vender bebidas alcohólicas; que no fuera sujeto de inspecciones periódicas para verificar condiciones sanitarias y operativas; que no tuviera vigilancia, aunque fuera asiduo lugar de pisteada para agentes municipales.
Y para la fiscalía no sirvió de nada que el mismo presidente municipal y funcionarios de su administración confesaran por voluntad propia sus omisiones y negligencias, que de haber actuado como les mandata la ley, el incendio provocado por el sujeto que fue detenido, solo hubiera quedado para el anecdotario.
A confesión de parte relevo de pruebas, reza el apotegma tan usual en el ámbito abogadil, lo cual se complementa con la certera precisión de la diputada Natalia Rivera Grijalva, quien en la Otra Conferencia de este miércoles de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado le mandó decir a González Yescas que el que se haga de ignorante de la ley no lo exime de su cumplimiento y de las sanciones penales y/o administrativas si la viola.
Lo anterior en referencia al nuevo escándalo de corrupción evidente en dicho ayuntamiento, al darse a conocer que el hermano del alcalde, José Jesús González Yescas, está vinculado como representante legal de la empresa Monterrey Asistencia S.A. de C.V. pero que tiene como nombre comercial IEV Ambulances, la cual ha hecho diversos negocios con la comuna sanluisina.
De acuerdo con la denuncia del MC y antes divulgada por varios medios de comunicación impresos y digitales, con la intervención del empresario y carnal de González Yescas, la comuna sanluisina ha comprado patrullas, reparado unidades de bomberos y unidades de emergencia, adquisición de autopartes y suministros, entre otros servicios, operaciones que no aparecen en la plataforma del Portal Nacional de Transparencia.
Pero de todas formas no faltó quien filtrara un contrato de tres millones 360 mil 896 pesos, en el año 2020 -González Yescas gobierna desde el 2018- para la adquisición de “patrullas usadas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, refiere el acta de fallo LPA-826055984-015-2020 en donde se informa que la ganadora para cubrir esa necesidad es Monterrey Asistencias S.A. de C.V, con la aclaración que si bien en esos contratos no establece directamente el nombre de “Pepe” González Yescas, en otros contratos de Tijuana y Mexicali sí aparece como representante legal de esa empresa.
Corrobora el dato un boletín de prensa de la Dirección de Seguridad Pública de Sonoyta, del 18 de agosto del 2022, en el que se informa sobre la donación de cuatro unidades para el uso de dicha comunidad de parte de IEV Ambulances y define claramente a José Jesús González Yescas como el propietario de IEV Ambulances, y completa el cuadro el reconocimiento explícito del munícipe sobre dichas transacciones.
Para no dejar dudas, la diputada con el mejor perfil de representante popular de la legislatura estatal, dio lectura a disposiciones legales que sancionan a ese tipo de conductas que se tipifica como ejercicio abusivo de funciones con penas de cárcel de entre 5 y 10 años, en tanto que Ernesto de Lucas, Rosa Elena Trujillo y Jorge Russo, anunciaron que su denuncia la llevarán hasta las más altas instancias, con el fin de que se restituya la moralidad y la decencia en esa administración municipal.
Como pilón está el inquietante caso de policías municipales inmiscuidos en la tortura y desaparición de jóvenes, y que al ser requeridos por la justicia, se atrincheraron en el palacio municipal con el obvio apoyo de su comandante y del mismo alcalde, bronca de pronóstico reservado.
Para no variar, estuvo buena la Otra Conferencia del MC, que, por cierto, muy delicada la acusación de la bancada naranja en la legislatura local en contra del flamante director de comunicación social del Congreso del Estado, Erich Moncada, a quien le señalan como operador de un boicot a su ejercicio de comunicación, presionando a representantes de medios de información para que no cubran eventos ni mucho menos conferencias de prensa de su partido.
Sabe qué elementos dispongan para hacer tan grave señalamiento, que, de ser cierto, sería una flagrante violación a una norma legal que determina un ejercicio institucional sin filias ni fobias en el ejercicio de las funciones del área de comunicación, desde donde se sirve a la institución denominada Poder Legislativo de Sonora y no a determinado o determinados Grupos Parlamentarios.
Sabemos del encono y beligerancia de Moncada en contra de cualquier posición en contra de la 4T, del partido oficial y sus gobiernos, pero como es un tipo inteligente, no creemos que se arriesgue a usufructuar recursos públicos, del Congreso del Estado, en asuntos partidistas, o sea, para favorecer a un grupo parlamentario y pretender aplastar a uno de oposición.
Desde esta humilde y maltrecha trinchera, si tiene alguna duda respecto a su obligada gestión institucional como responsable de la comunicación de la Cámara de Diputados, Moncada podría platicar con Alberto Nevárez o con Gabriela Félix, a quienes se les puede considerar ejemplos de como desempeñarse de forma equilibrada en dicha responsabilidad, e incluso, podría preguntar a este reportero, inventor y creador de esa instancia legislativa en tiempos muy similares en materia de la correlación de fuerzas representadas en ese Poder del Estado de Sonora.
A lo mejor la presión de Moncada sobre la raza reporteril es que la Otra Conferencia se empalmó a su convocatoria para la cobertura de la rueda de prensa donde la bancada de MORENA y verrugas, emitió un obvio y obligado reconocimiento a su jefe el gobernador Durazo Montaño, por el resultado de las gestiones ante la CFE que por lo pronto evita cortes de suministro a miles de familias que no pueden pagar el alto costo de las facturas de los últimos tres meses y abre la posibilidad de convenir pagos a plazos, en tanto que la solución más o menos de fondo se posterga hasta el año próximo si es que se concreta la reformulación de rangos de consumo tal como lo anunció el martes el mandatario.
Miren, quienes menos aportaron en la solución a medias anunciada por Durazo Montaño el martes fue la bancada de MORENA en el congreso estatal y sus diputados y senador, quienes callaron como momias ante el clamor popular que se expresó vía la Unión de Usuarios.
No sabemos aún los términos del posicionamiento apoyador de las bancadas oficialistas, pero desde nuestra perspectiva, el principal reconocimiento que debieron emitir es a la presión aplicada por la Unión de Usuarios, la bancada naranja y a ciudadanos que obligaron al gobernador a ponerse las pilas para sacar provecho de sus relaciones en las alturas de la burocracia federal para lograr los resultados ya conocidos y así superar lo que hasta hace pocos días parecía un golpe irremediable a la economía de miles de familias sonorenses.
Todo indica que en MORENA y verrugas andan atolondrados, porque solo así se explica el que sus regidores en el Ayuntamiento de Hermosillo se hayan abstenido cuando en sesión de cabildo se vitó a favor del no incremento del predial el 2024, privilegiando así la economía de la ciudadanía.
Extraño el sentido de la votación de esos “representantes populares”, frente a tan elemental medida solidaria de parte de la comuna capitalina y de su titular Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien subrayó que el Ayuntamiento actúa con responsabilidad beneficiando a las y los hermosillenses, garantizando que los valores catastrales y sus bandas se mantengan igual que en el presente año; además, los beneficios que se establecen en las bases generales para el otorgamiento de estímulos fiscales.
Eso si los oficialistas en el cabildo capitalinos se sumaron y votaron a favor de la baja contable de tres máquinas colectoras de basura, por robo; y de un vehículo pick up modelo 2018, por siniestro.