Enredos

Entretelones
Samuel Valenzuela

Samuel Valenzuela

Se enreda la problemática por la huelga del STAUS en la Universidad de Sonora, conflicto en el que la negociación ha caído en un ejercicio epistolar, como bien lo calificó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al cuestionar burocratismos que tienden a prolongar el paro y el daño al sector estudiantil.

En efecto, desde que estalló la huelga del personal académico contra la máxima casa de estudios de Sonora, el intercambio de propuestas y contrapropuestas, ofrecimientos y rechazos han sido la norma, como si a las partes se les hubiera negado la opción de la negociación presencial, cara a cara.

Desde esa perspectiva luce correcta y certera la propuesta del mandatario estatal de superar esa etapa de mensajería e instalar una mesa de trabajo para que de forma directa e inmediata se asuman compromisos, se lleguen a acuerdos que posibiliten recortar la duración del paro y aminorar los efectos entre estudiantes universitarios.

Adolfo Salazar Razo.

Consideró que tras de más de una semana de huelga, es necesario tomar decisiones y medidas concretas para que el paro no se extienda, destacando e insistiendo en el esfuerzo presupuestal del gobierno estatal para que la autoridad universitaria atienda las demandas de sus académicos, sin que hasta ahora los ofrecimientos les resulten satisfactorios.

La verdad es que creímos que la mesa de negociación aludida por el gobernador estaba operando y que los ofrecimientos de la UNISON y respuestas del STAUS, particularmente vía redes sociales, solo era un formulismo complementario y que incluso en esa mesa de diálogo fungía como intermediario y buen componedor, el titular del trabajo, Francisco Vázquez.

Pues no es así y no por nada el sentido de urgencia que percibimos del mandatario estatal al plantear la instalación de ese espacio de negociación cara a cara, presencial entre las partes, ahora sí con la participación mediadora de representantes del Gobierno del Estado, sea el titular del trabajo o el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo o ambos para facilitar coincidencias entre el dirigente del STAUS, Juan Díaz Hilton y la rectora Rita Plancarte o sus representantes.

Pero por lo pronto, nada indica que la UNISON pudiera satisfacer el largo listado dado a conocer este domingo por el Comité de Huelga e incluso, ni siquiera hay atisbos de que se vaya a convocar en los siguientes días a asamblea para votar si se levanta o no el paro.

Bloqueado Topolobampo.

Es de esperar que la propuesta de Durazo Montaño sea atendida por las partes y en esa mesa de diálogo se pueda construir la conciliación de intereses para acelerar la solución que demandan miles de estudiantes a punto de terminar el semestre y otros con ceremonias de graduación suspendidas.

El otro enredo que enfrenta el gobernador Durazo Montaño es la gestión para que el gobierno federal instrumente un programa de apoyo emergente a productores de trigo de Sonora, en el marco de un problema que se extiende hasta Sinaloa y Baja California.

Los tiempos se agotan para que el gobierno mexicano haga lo que lo obliga la elemental defensa del sector alimentario, así como ha ocurrido en el pasado frente a emergencias similares y cumpla con compromisos de orden político electoral cuando la clase política anda en busca del voto.

De llamar la atención que, en el caso de los productores de Sonora, se siga manteniendo la calma en materia de movilizaciones, aunque a nivel de declaraciones el mensaje tiende a radicalizarse, en tanto que en Sinaloa y Baja California ya se han escenificado varios zipizapes que no se dude escalarán en los siguientes días si desde Palacio Nacional se mantiene en su abúlica parsimonia.

Hace unos días trigueros del Valle de Mexicali metieron tractores a las explanadas del palacio municipal, del edificio del Congreso del Estado y Palacio de Gobierno, demandando el apoyo en la gestión ante la instancia federal, en tanto que este lunes los productores de trigo y maíz de Sinaloa bloquearon los accesos al puerto de Topolobampo, movilización a la que se sumaron trigueros del Valle del Yaqui y Fuerte Mayo.

Ya tiene oficinas comisión de víctimas.

Sorprendente la falta de información respecto a alguna negociación que atienda al menos de forma a ese sector productivo tan estratégico, cuando como insistimos, el tiempo se agota al avanzar las trillas en el sur de Sonora y mucho más en el centro y norte de Sinaloa.

No estaría de más recomendar a los operadores del gobernador, que fueran muy cuidadosos, que emprendieran estrategias estando bien informados para no incurrir en ignorancias supinas ni desbarres del tamaño de un cuadro propagandístico reciente, con el que pretendieron hacer pasar a los trigueros de Sonora como pretensos a quedarse con recursos de becas y a endeudar al Estado.

Se supone que en los primeros días de esta semana habría mucho más que la celebración de una reunión con industriales para ver la posibilidad de pactar precios razonables con los productores o al cierre de las importaciones con países no comprometidos con regulaciones de mercado, porque a estas alturas del partido, lo urgente es que la federación comprometa recursos presupuestales que al menos permita salir tablas entre los costos de producción y precios de venta del producto.

Este lunes el gobernador tuvo agenda pública al inaugurar las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, así como diputadas y diputados locales, e integrantes de su gabinete.

Brenda Lizeth Córdova.

En nuestro caso, nos gustan esos eventos en los que el mandatario es acompañado por su esposa María del Rocío y su hija María del Mar, cuyas presencias sin duda dan realce a ceremonias ya que no es común que asistan y obviamente el gobernador se percibe cautivado por tal acompañamiento.

Por ahí divisamos a la chambeadora diputada Brenda Lizeth Córdova, quien está a punto de volver a la suplencia desplazada por Lirio del Castillo, ya que al no dar el ancho en el Instituto de Movilidad y del Transporte, regresa a su curul en el Congreso del Estado, trámite que se ha ido retrasando por desconocidas razones.

Ahí también el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, del área pensante de la bancada de MORENA y aliados, sin que se dejaran ver representantes del PAN o de Movimiento Ciudadano, en el marco de un evento donde cuestiones partidistas no deberían tener lugar.

Por lo pronto, ese edificio de la plaza Bicentenario deja de ser de forma parcial ese elefante blanco desde que migaron una cafetería, una nevería y es todo, porque desde su construcción no ha habido forma de que haya durabilidad de negocios que ahí se han instalado.

Como sea, este lunes 8 de mayo del 2023, en el mero 270 Aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso un gran tanque de oxígeno a las instituciones democráticas de este país, al dar fuerte portazo a las pretensiones autocráticas de un régimen obsesionado por mantener su desfalco contra los mexicanos.

En este momento clave de la democracia constitucional de nuestro país, histórica la corrección de la plana al impúdico mayoriteo del poder legislativo y a su abyecta sumisión al Poder Ejecutivo, quedando en el basurero de la historia la pretensión de blindar a políticos corruptos que desde puestos públicos y con recursos públicos hacen activismo para obtener candidaturas y la puntilla con la que quisieron limitar al mínimo el gasto a partidos para promoción electoral, a sabiendas que la aplicabilidad tenía como destino a partidos de oposición.

Gracias SCJN.

El mentado Plan B de Andrés Manuel López Obrador se fue a la fosa séptica, tal como fue demandado por las miles de personas que se manifestaron en el centro histórico de la Ciudad de México y de alrededor de 100 centros urbanos en territorio nacional y en el extranjero.

Funcionó el esquema de frenos y contrapesos, la necesaria separación de poderes, la regulación democrática que evita excesos de unos y de otros y se dio un bofete en la mera jeta a quienes creyeron que por ser mayoría en el Congreso de la Unión pueden hacer lo que les pegue la gana, así sea inconstitucional e ilegal.

Nuestro reconocimiento a los ministros que invalidaron el decreto presidencial con el que López Obrador pretendió eludir las consecuencias del rechazo a la anacrónica reforma electoral: Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, la ministra presidenta Norma Piña y el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán.

Acatando la instrucción presidencial votaron contra el proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf o sea, de cara al proceso electoral de 2024, estas dos leyes del llamado Plan B, permanecerán como estaban antes de la reforma, es decir, el tope de gasto para comunicación social y el blindaje para servidores públicos que realicen proselitismo no aplicará para la sucesión presidencial, al determinarse con 9 votos contra 2 que la votación apresurada con la que se aprobó la iniciativa presentada por el Presidente de la República, generó violaciones graves al procedimiento legislativo “no superables”.