Por Alberto Vizcarra Ozuna “…la tropa yoremia son valientes; por algo estamos todavía existiendo…por algo conservamos nuestro territorio, y no va se
Por Alberto Vizcarra Ozuna
“…la tropa yoremia son valientes; por algo estamos todavía existiendo…por algo conservamos nuestro territorio, y no va ser la primera vez que nos derrote el gobierno, pero nosotros vamos a seguir luchando…”, son las palabras de César Cota Tórtola, vocero de la tribu yaqui, radicado en la Loma de Guamúchil, uno de los 8 pueblos yaquis. Lo sostenido por el vocero, fue el martes 8 de noviembre, en una conferencia de prensa convocada por la tribu a las afueras del Hospital General de Ciudad Obregón, donde se encontraban hospitalizados algunos integrantes de la autoridad tradicional de Vícam Pueblo, recuperándose de la brutal agresión sufrida dos día antes, a manos de operadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), según lo denunció el vocero de la tribu.
Desde el inicio de la actual administración federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, designó al director del INPI, Adelfo Regino, como el responsable de la implementación del Plan de Justicia a los Pueblos Yaquis. Se esperaba que dicho plan, protegiera a la tribu de la agresión más reciente y lesiva en contra de su existencia: la imposición con procedimientos brutales del Acueducto Independencia, por parte del gobierno corrupto de Guillermo Padrés, quien gozó del respaldo del presidente Felipe Calderón y luego del consentimiento de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Una obra que se mantiene operando ilegalmente y que desde la parte media de la Cuenca del Río Yaqui, trasvasa en forma continua importantes volúmenes de agua a la ciudad de Hermosillo en respaldo a las grandes proyecciones especulativas de intereses privados, que amalgamados con políticos corruptos, han hecho de la expansión inmobiliaria de la ciudad capital la fuente principal de negocios fáciles y fortunas vertiginosas.
Pronto se puso al descubierto, porque los directivos del INPI no guardaron el más mínimo recato, que la necesidad de cancelar la operación ilegal del acueducto, no estaba contemplada en el Plan de Justicia. Aun peor, frente a los reclamos de la tribu en contra del despojo del agua, Adelfo Regino, se dio a la tarea de defender el acueducto, alegando lo insostenible: que los desvíos de las aguas del Río Yaqui, no afectan a la tribu. A partir de esa falsa premisa, todos los beneficios ofrecidos por el Plan de Justicia se presentaron como una especie de compensación y una forma de persuadir a la etnia sobre la conveniencia de tal intercambio.
En esa misma lógica de pragmatismo y chantaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador, emite un decreto con el que nominalmente le duplica la dotación de agua a la tribu en relación a los volúmenes contemplados en el decreto del presidente Cárdenas de 1940. Esto es, dispone 673 millones de metros cúbicos, pero establece que serán abastecidos de los almacenamientos de la Presa Álvaro Obregón (Oviáchic). La bondad de la disposición es aparente, porque los escurrimientos anuales de la Cuenca del Río Yaqui se encuentran comprometidos con usuarios y concesionarios. No hay disponibilidad excedente para ser repartida. Se está ofreciendo agua no disponible, al mismo tiempo que se consiente el desvío de volúmenes existentes (con el Acueducto Independencia) que por decreto le pertenecen a la tribu yaqui. La ecuación no deja de ser maliciosa: te ofrezco agua no disponible, a cambio de que aceptes que con el acueducto te quite la que sí tienes.
Los yaquis están pidiendo la revisión del decreto de López Obrador y han recurrido a las acciones legales pertinentes para lograr tal propósito. Tienen motivos fundados para exigir la revisión, no solo porque se les está ofreciendo agua no disponible, sino fundamentalmente porque el decreto lopezobradorista, al remitirlos a disponer del agua en la presa del Oviáchic, les quita los derechos de primacía sobre la parte alta de la Cuenca del Río Yaqui, en la presa de La Angostura, los cuales son protegidos por el decreto de Lázaro Cárdenas. Resulta evidente que el gobierno pretende quitarle jurisdicción a los yoremes en esa parte de la cuenca, para que la administración del recurso quede al arbitrio del contubernio de CONAGUA con los grupos privados y políticos que proyectan una exuberante expansión inmobiliaria en la capital del estado de Sonora, soportados en los suministros hídricos del acueducto.
A la postre se puede observar la gran previsión del decreto del presidente Cárdenas, quien procuró proteger a la tribu de maniobras y trampas como las que ahora se quieren implementar. El decreto cardenista, dispone el derecho de la tribu sobre el 50 por ciento de los almacenamientos de la presa la Angustura (la primera presa de la cuenca del Río Yaqui). Para darle primacía a la tribu y asegurarle su dotación anual de agua, el decreto específica que el porcentaje considerado se entregará independientemente de la construcción o existencia de otros aprovechamientos.
Es esta observancia la que la mayoría de la tribu yaqui no acepta que desaparezca con el decreto de López Obrador. Así lo explica, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Potam, al señalar que el decreto de López Obrador le quita derechos a la tribu yaqui, río arriba, en la Presa la Angostura y los deja en la simple condición de concesionarios, sujetos a la disponibilidad de agua en la parte baja de la cuenca y despojados de las garantías jerarquizadas por el decreto cardenista.
Eso es también lo que no aceptan las autoridades tradicionales de Vícam Pueblo y lo que motivó, según la denuncia de los integrantes de la tribu, que los operadores del INPI agredieran violentamente con machetes y palos a las autoridades de este pueblo.
Pretender encubrir el consentimiento del despojo del agua a la tribu yaqui, realizado con el Acueducto Independencia, a la sombra del Plan de Justicia y del decreto lopezobradorista, es sumarse a la empresa imposible de conciliar el bien con el mal. En esa tarea está metido López Obrador para cumplir los compromisos con los grupos privados que han seleccionado a la ciudad de Hermosillo como el paraíso de los grandes negocios inmobiliarios y a la que pomposamente llaman “la capital financiera del noroeste de México”.