Tener el pulso de la situación económica y del ánimo social, son condiciones sine qua non, para un ejercicio político que abone al bienestar de la gente, más allá de coyunturas y de abyecta incondicionalidad que deja en pausa decisiones propias.
Entretelones
Samuel Valenzuela
Tener el pulso de la situación económica y del ánimo social, son condiciones sine qua non, para un ejercicio político que abone al bienestar de la gente, más allá de coyunturas y de abyecta incondicionalidad que deja en pausa decisiones propias.
Valga reconocer cuando ello ocurre, como es el caso del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Sonora, por lo visto la única oposición congruente y con la voz completa en la representación popular sonorense y que ni para frivolidades se presta.
Porque frivolidad es el que Alejandra López Noriega, Armando Gutiérrez, María Sagrario Palomares y Alma Manuela Higuera, hayan posado tan campantes en foto grupal para acuerpar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en plena campaña para posicionarse como aspirante a la candidatura presidencial por MORENA.
El activismo partidista del responsable de la política interior del país es a través de un evidente simulado trabajo de convencimiento, para que la mitad mas una de las legislaturas estatales, aprueben la minuta que eleva a rango constitucional la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, propuesta que se supone rechazan el PAN, el PRD y el MC.
Ernesto de Lucas H.
Solo la representación emecista fue congruente con su posicionamiento, ya que Rosa Elena Trujillo Llanes, Natalia Rivera Grijalva, Jorge Ruso Salido y Ernesto de Lucas Hopkins se negaron a ser parte de esa faramalla videograbada al contentillo del partido oficial y sus verrugas, que con 25 votos asegurados, su incondicional abyección a acatar órdenes de arriba, no requieren de terapias ni de convencimientos para aceptar cualquier cosa que se les imponga y por eso, sabe porque el PAN y el PRD la hicieron de comparsas.
Y más cuando en su intervención, la antítesis de lo que debe ser un secretario de gobernación, francamente fuera de quicio, pretendió refutar lo irrefutable que planteó a nombre de la bancada naranja, de Lucas Hopkins, sobre los riesgos que representa para el país la estrategia de instaurar en este país un estado castrense, militarista, arrogante y autoritario.
No fue para menos el que la corcholata perdiera la compostura, luego de la clase de arrastrada que sufrió junto con sus corifeos por la maciza exposición del popular Pato, quien simplemente puso al desnudo las consecuencias de la pretensión militarista y las razones político-electorales del régimen para implantar una medida que va contra la democracia y de la sociedad civil de México.
Y más debió decirle de Lucas Hopkins a quien perpetra tan rústica simulación, en el marco de una estrategia cuatroteniana para posicionar, hacer competitivas a sus corcholatas a pesar de sus alardes de invencibilidad, que si fuera cierto, pues qué necesidad de andar haciendo desfiguros en un congreso del Estado de Sonora retacado con 25 votos incondicionales a favor de lo que se les ordene desde Palacio de Gobierno, igualito que en los tiempos de la hegemonía del PRI.
Se entendería que el titular de la SEGOB o cualquier personero del palacio presidencial desplegara esfuerzos de convencimiento en legislaturas donde el partido en el gobierno federal no dispone de la mayoría calificada, pero qué caso tiene venir al de Sonora a exhibir sus marrullerías y troglodismo, cuando de forma sobrada dispone de ese porcentaje para efectos de reformas constitucionales.
Y lo peor del caso es que ya son varios desbarres del cara de moco en el curso de esta campañita adelantada con cargo al erario, ya que así como se le pegaron los platinos por la intervención del Pato, también ha dejado ver su estulticia en otros estados, como cuando consideró los inteligentes son los que hacen el menor esfuerzo al trabajar, destacando que así son los tabasqueños y que los norteños somos menos inteligentes porque batallamos mucho.
A fin de cuentas, luego de los desfiguros del funcionario federal, que se supone es el plan B en caso de que no acabe de cuajar la otra frívola señora que cobra como jefa de gobierno de la Ciudad de México, no deja nada tan malo que el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño no puede arreglar, particularmente en el caso de la bancada del MC.
Eso sí, sabe como pudiera el mandatario estatal revertir la idea que permeó en gran parte de los asistentes a un evento con “la sociedad civil” posterior a sus desfiguros en el congreso, respecto a la rústica simulación y como consecuencia, marrullerías y mentiras, de quien solo se ha colgado de un tema para hacer campaña adelantada, mientras los mexicanos sufrimos los tiempos más difíciles de los últimos 40 años y que corresponde atender a dicho sujeto.
Bueno, a don Adán Augusto no le cayó bien el que se le refregara en la cara lo difícil que debe ser para el presidente y su equipo de colaboradores, “verse en el espejo de la sinceridad, moralmente derrotados ante sus nulos resultados, mentalmente extasiados ante la autocracia del oficialismo y físicamente rebasados ante el dominio en cada ciudad y cada estado del crimen organizado”.
“Ni una sola democracia en el mundo, ni una sola, ha necesitado militarizar su sistema nacional de seguridad pública. Eso es sólo una práctica de las dictaduras. La ruta de la militarización tiene como objetivo central la dictadura y el fortalecimiento de la autocracia”, así le dijo el diputado del MC.
A propósito del pulso que aludimos al principio de este despacho, luego de las frecuentes denuncias sobre la alteración del contenido de bebidas en antros, con propósitos de sumisión de jovencitas y mujeres en general, principalmente, la ya citada diputada Natalia Rivera propuso reformar al Código Penal para incorporar ese nuevo delito con una sanción de entre 4 y 10 años de cárcel, más los agravantes por otros delitos conexos.
La propuesta de ley presentada por la Bancada Naranja, tiene el objetivo de cuidar la seguridad de las personas, integrando en la ley el castigo a quien opere o ayude en la sumisión química – administración de sustancias psicoactivas- en bebidas, alimentos o de otras maneras, con fines criminales o delictivos como abuso sexual, acoso, entre otros.
Natalia Rivera G.
Oportuno tomar medidas en favor de jóvenes para protegerlos de la ola criminalque alteran bebidas en puntos de reunión, con castigos severos y nuevas obligaciones para los establecimientos en donde se venden y consumen bebidas, como elemental paso para prevenir el abuso sexual, la violación e incluso, el feminicidio.
La propuesta incluye el que los establecimientos en los que se venden y consumen bebidas alcohólicas tiene una responsabilidad con relación a la integridad de sus clientes, por lo que en la iniciativa se incorporan dos obligaciones concretas para prevenir la sumisión química, mismas que de no cumplirse son causal de cancelación de las licencias correspondientes.
Así mismo, son el contar con un protocolo o solución tecnológica o de comunicación que permita a los consumidores dentro del establecimiento, solicitar el auxilio de terceros o de la policía; así como ofrecer a los consumidores dentro del establecimiento opciones para proteger sus bebidas contra la introducción de sustancias externas por parte de terceros en el contenido del vaso, copa, taza o cualquier otra forma de envase disponible.
Y respaldó su propuesta de reforma con ejemplos recientes: “Casos como el de la joven por la que un sujeto ofrecía 3 mil pesos para que se la entregaran en estado inconveniente, o el de la joven víctima de violación que perdió el conocimiento luego de tomar una bebida con presunta complicidad de empleados de un centro de diversiones de la ciudad; también el de la joven que sufrió abuso sexual luego de ingerir una bebida en un conocido parque gastronómico”.
Por lo demás, vaya que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería no se anda por las ramas en sus afanes por desquitar la chuleta y hacer que se cumplan las disposiciones legales que norman obligaciones del Estado en su tutelaje a los derechos de la gente.
Como se recordará, a fines de septiembre pasado, CEDH de Sonora emitió de forma simultánea un conjunto de 15 recomendaciones por 15 casos diferentes de desaparición de personas dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado donde las manda cantar Claudia Indira Contreras.
Pues la fiscal atendió a medias lo que por mandato legal debe cumplir y este miércoles se informó que solo aceptó acatar cuatro de los seis puntos recomendados y por ello ante el parcial cumplimiento le salió cita para que comparezca ante el Poder Legislativo para que funde y motive públicamente las anteriores aseveraciones y su negativa a dar respuesta total a lo mandatado.
Miren, la fiscal no admite ofrecer disculpa pública hacia las víctimas y tampoco iniciar las investigaciones en contra de las autoridades ministeriales a las que se atribuyen los actos omisivos en perjuicio de las personas desaparecidas y sus familiares que dan un total de 50 agraviadas, aceptando eso sí, continuar con la búsqueda y localización de las víctimas desaparecidas; trabajar para identificar, imputar, acusar y concretar sanciones contra las personas responsables de estas desapariciones; impulsar la creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de delitos de desapariciones de personas, y solicitar la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas.
Claudia Indira Contreras.
Y como el artículo 47 bis, fracción I, de la Ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos establece que “cuando la autoridad responsable no acepte total o parcialmente una recomendación” se le citará a comparecer ante el Congreso del Estado, para que funde su negativa.
“El propio artículo 47 bis también establece que en caso de que la Fiscalía persista en las consideraciones citadas y su negativa de cumplimiento después de llevada a cabo la comparecencia ante el Congreso del Estado, y previa consulta con el órgano legislativo, se podría denunciar penal y/o administrativamente a la autoridad responsable”, se establece en el comunicado oficial de la CEDH.