Cierto que el Estado Mexicano ha resultado incapaz de cumplir una de sus funciones esenciales: garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas, lo cual se ha agravado en los últimos años por la fallida “estrategia” desplegada por la actual administración federal
Cierto que el Estado Mexicano ha resultado incapaz de cumplir una de sus funciones esenciales: garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas, lo cual se ha agravado en los últimos años por la fallida “estrategia” desplegada por la actual administración federal.
Cierto, el saldo es funesto y va para largo como tan largo es el plazo para lograr las míticas metas de revertir las causas de la delincuencia y la criminalidad, a través de programas sociales asistencialistas que en más de tres años han resultado en un fiasco para efectos de reducir los índices delictivos, aunque no faltarán los que consideren que sin tales programas estuviéramos peor.
Pues tendrán razón, pero una cosa es que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya impuesto la permisividad y abdicado a la responsabilidad de combatir los efectos y otra que la sociedad misma se constituya como autodefensa, mediante la portación masiva de armas de buen calibre, tal como lo propone el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
A manera de justificación de ese descomunal dislate, pudiera considerarse que es producto del difícil momento político que vive el vapuleado político campechano y de la urgente necesidad de legitimar su permanencia como presidente del CEN de ese partido, pero con su propuesta del martes, se pasó de tueste y lo exhibe como un irresponsable y desesperado.
En principio de cuentas y él lo sabe, no hay ninguna posibilidad de que su aberración transite y se apruebe en el espacio legislativo, por lo que todo quedará en una estulticia política monumental, de quien en todo caso debería sumarse a la reiterada exigencia de los mexicanos que el gobierno se reivindique y retome sus responsabilidades y facultades para combatir al crimen organizado, en lugar de abrazarlo y alcahuetearlo.
Hasta eso que el tal Alito reconoce que el tema es polémico, como polémico podría ser que ignore las consecuencias si su estupidez prosperara en el legislativo o sea, que las familias mexicanas accedieran a armas de mayor calibre para proteger su vida, a su familia, casa y negocio, cuando en las circunstancias actuales, las armas de poco calibre son las más utilizadas por la delincuencia, incluso la organizada para ejecuciones, secuestros y las de gran calibre les reservan para enfrentamientos con bandas rivales y en contra de fuerzas del gobierno.
Por razones obvias, no existen datos específicos, pero en muchos hogares de este país, principalmente en comunidades de la zona rural, las familias ya cuentan con armas para su protección, desde pistolas hasta fusiles sin necesidad de reformas constitucionales y eso ocurre también en zonas urbanas, en una realidad que causa frecuentes desgracias y no han limitado el accionar de bandas criminales.
Además, que para proteger familia, domicilio o propiedad, hasta con una pistola calibre 25 o rifle 22 basta y sobra y con más razón una 38 o un rifle 243 o 30-30 tan usuales para actividades de cacería cinegética y que están a la disposición en hogares para casos de emergencia, porque no se trata de acceder a una Glock 10 milímetros o una pavorosa Uzi o cuerno de chivo para ir a corretear a sicarios.
Tenemos la percepción que la propuesta del dirigente priista se trató simplemente de un acto propagandístico que resultó en desastre mediático, quedando todo, en que nadie en su sano juicio haría una propuesta de esa naturaleza para elevar a rango constitucional la justicia por propia mano, contrario a lo que establece nuestra Carta Magna en su artículo 17: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, además de la disposición constitucional que obliga al Estado a la protección de ese derecho y llevar a la justicia a quienes atenten contra éste, que no lo haga el Estado Mexicano es otra cosa.
Pero que prospere la atrabiliaria propuesta del dirigente priista, resultará peor para los efectos que invoca, porque por más calibre se autorice para armas para defender familias, negocios o propiedades, de nada servirán ante acciones de bandas del crimen organizado, que se han organizado –valga la redundancia—para la depredación, y en todo caso se debería de legislar para legitimar, darle marco legal a las autodefensas desde donde se desplieguen acciones en coordinación con el gobierno, además que tales grupos ya operan, aunque su accionar ha empeorado las cosas
Por lo pronto, si los del PRI andan por la calle de la amargura, esquina con la debacle, las estupideces de su dirigente nacional, les empeora las cosas y se suman a despropósitos antidemocráticos en su vida interna, como ocurrió en Sonora en donde por enchílame otras ejerce una dirigencia espuria Onésimo Aguilera, quien por supuesto se sumó a la propuesta de empistolar a todo mundo y demostró que también sabe rebuznar.
En esto de la in-seguridad pública hay muchas e insospechadas aristas, en el marco de un todo donde destaca la insistencia presidencial de privilegiar una estrategia de muy largo plazo atacando las causas, como la pobreza, falta de oportunidades, la corrupción, rezago educativo y demás, cuando en todos esos rubros está fallando de forma miserable.
Miren, en estos momentos hay más pobres que hace tres años y medio; el desempleo y la inflación van acordes a la caída de -2.7 del Producto Interno Bruto, el último lugar de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en materia de corrupción, México, con una calificación de 4.05, apenas está arriba de Guatemala, Bolivia y Venezuela de toda la Latinoamérica continental, donde en los primeros lugares aparecen Uruguay, Costa Rica y Chile.
Y ahora resulta que para efectos de elevar la calidad de la educación como factor primordial que posibilita elevar la calidad de vida de la gente, por decreto presidencial se determino el fin de la reprobación en el sistema educativo nacional, al determinarse que así algún estudiante saque cero en exámenes y su calificación final sea de cinco o menos, en la boleta aparecerá un 6.
Se acabaron las congojas y presiones para ir por buenas calificaciones para ese sector estudiantil, que solo bajo los riesgos de salir reprobado, le pone ganitas al estudio que puede desencadenar una bola de nieve en el resto y hasta entre los más competitivos.
O sean tampoco por esa vía el presidente atacará las causas, ni siquiera llevando a ese sector con obvio retraso educativo a universidades patito como la Benito Juárez, quienes de acuerdo a datos de especialistas, sus egresados se perfilan para ser un granero de reclutamiento del narco, porque su aprendizaje no le alcanza para incorporarse a una chamba en el sector privado e incluso tienen problemas para autoemplearse.
En todo este entorno lo que urge en la rectificación del gobierno en esos rubros para retomar la senda hacia el desarrollo, porque mientras las cosas sigan por donde las lleva la 4T de nada servirá dotar de artillería pesada a las familias para su defensa e incluso de nada servirá el relevo de mandos como es el caso de la insistencia por los despidos de María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras, de la secretaría de seguridad y fiscalía, respectivamente.
Por cierto, este miércoles se divulgó la noticia falsa sobre la destitución del abogado Gustavo Bustamante, vicefiscal y de todas las confianzas de la señora Claudia Indira, aunque el Tavito debería ponerse trucha porque al parecer hay muchos que le tienen ganas desde hace rato, particularmente un exsubprocurador, que a pesar de sus pésimos antecedentes, se la pasa promocionándose no solo para ocupar su lugar, sino por ir por la señora Fiscal.
Y esta dispersión de noticias falsas viene acompañada de la grave situación que enfrentan prestadores de servicios turísticos en San Carlos, Guaymas, con cuerpos desmembrados que aparecen en la vía pública, ejecuciones, incendios provocados en antros y un ambiente pésimo si se trata de atraer visitantes, ya que incluso ya obligaron a cerrar a dos congales que estaban bien posicionados.
Y las cosas tienden a descomponerse más es en el tramo de la carretera de cuatro carriles a su paso por territorio yaqui, donde presuntos integrantes de la etnia prácticamente asaltan a viajeros, en ocasiones con el auxilio de policías del ayuntamiento de Guaymas o de Cajeme.
Las agresiones están a la orden del día y no se respeta a nada ni a nadie no obstante los cantaleteados avances del Plan de Justicia para esa etnia, en cuya propuesta y contenido hay algo muy malo: se plantea la necesidad de que se pongan a trabajar y sabido es que hay segmentos que por supuesto no aceptan dicho sacrificio y prefieren esquilmar a viajeros para financiar sus vicios.
Ya han ocurrido tragedias en esos retenes y seguirán ocurriendo si es que las instancias del gobierno los siguen alcahueteando.