Primero la seguridad pública a cargo de militares, luego federalizan los sistemas de salud de los estados y van también los sistemas educativos estatales, y ahora se da a conocer que pretenden centralizar todo lo relativo a los procesos electorales, con el fin de abaratar la democracia mexicana
Primero la seguridad pública a cargo de militares, luego federalizan los sistemas de salud de los estados y van también los sistemas educativos estatales, y ahora se da a conocer que pretenden centralizar todo lo relativo a los procesos electorales, con el fin de abaratar la democracia mexicana.
Ya de seguidilla, solo falta que se promueva reforma constitucional para que los gobiernos de los Estados se conviertan en departamentos provinciales a cargo de una autoridad central adscrita a una subsecretaría de gobernación, en donde también operará una cámara de diputados locales con un máximo de tres representantes por Estado y por supuesto, quien sea el director provincial será militar.
Ya sabíamos que en las alcantarillas de la 4T se cocinaba el engendro que se dio a conocer este jueves y resulta sumamente extraño que los cocineros del bodrio hayan sido personajes a cargo de asuntos de seguridad, de persecución fiscal y cercanos a nichos de corrupción, como son los casos de Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Una de las principales banderas de la campaña que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador es que descentralizaría la administración del gobierno federal, mandando a diversas entidades las secretarías del gabinete, lo cual como se sabe, no solo no lo cumplió, sino que la tendencia ha resultado a la inversa, así como en los distintos compromisos con los que engañó al electorado.
Luego del fracaso del INSABI y su fusión al IMSS, de forma mañosa se pretendió hacer creer que es descentralizar el que dicha figura IMSS-INSABI asuma la conducción y control de todo el sistema de salud del país y así es la tendencia para que la SEP centralice todos los sistemas estatales de educación, también con el fin de abaratar la operación de dichos rubros.
Hay un refrán popular de incuestionable sentido: lo barato sale caro y a la luz de otras decisiones presidenciales de los últimos meses está plenamente comprobado y que en el caso de la reforma electoral planteada, la única esperanza que queda para los mexicanos decentes de este país, es que vuelva a funcionar el sentido cívico de las representaciones parlamentarias del PRI, PAN, MC y PRD en la Cámara de Diputados, y porqué no, que se le sumen los del Verde, PT y otras verrugas, porque serán los principales afectados al eliminarse las plurinominales.
Esta casta gobernante no sabe de términos medios y su draconiana propuesta de reforma electoral es una abierta provocación a corrientes democráticas, progresistas y liberales que por muchos años pusieron su cuota de sangre para que las minorías tuvieran espacios de representación en órganos legislativos, y vamos, hasta van por la eliminación de regidurías plurinominales y la reducción de la representación ciudadana en los cabildos de los ayuntamientos.
El propósito toral es eliminar el INE, figura que desde su creación posibilitó la otrora impensable alternancia y que generó las condiciones para que arribaran a donde están los que ahora quieren eliminarla, junto a organismos electorales de los estados, todo bajo el propósito de “abaratar la democracia mexicana”, que a efectos de ser realistas, por supuesto que la abaratan, pero no en términos de pesos y centavos, sino porque rebaja a México a república bananera.
Centralizar la conducción de los procesos electorales es un despropósito y resulta una aberración el que los integrantes del organismo rector sean por elección popular, en un contexto impositivo, unilateral y en abierto reto al sentido común que indica que toda reforma como esa, en cualquier país del mundo que se diga democrático, es producto del consenso con la participación de todas las fuerzas políticas y representantes de la sociedad y no salida exclusivamente del régimen gobernante.
El ánimo dictatorial, autoritario y déspota le brota por todos los poros a un presidente fuera de sus cabales, quien con el mamotreto planteado, tira a la basura toda una trayectoria de luchador por la democracia y víctima de lo que ahora propone restituir.
Es tan burda y rústica la propuesta dada a conocer este jueves, que obviamente no tiene ningún futuro y le pasará lo mismo que a la Ley Bartlett, y tal rechazo tendrá bastantes más votos que los 223 que mandaron por el caño a la regresiva reforma en cuestión.
Ante dicha obviedad, todo indica que se trata de una estrategia distractora ante la grave situación que enfrenta el país y a las evidentes incompetencias del presidente y su equipo para encontrar soluciones, sea en materia económica con la inflación histórica ya registrada y al alza; la rampante inseguridad pública, con más feminicidios, ejecuciones y ahora a guardias nacionales disparando y matando a ciudadanos inocentes en pleno ejercicio de “mátalos, después viriguas”; el franco deterioro del sector salud y falta de medicamentos; incontenible corrupción en la aristocracia burocrática cercana al presidente y gradual aislamiento mundial por la torpe conducción de la política exterior.
De eso y más desastres pretende distraer a los mexicanos López Obrador y además alimentar los extremismos de sus incondicionales, con esa retórica demagógica que lo caracteriza y que nada tiene que ver con gobernar de forma eficiente y en beneficio de toda la sociedad.
Ya nomás falta que luego de no aprobarse su reforma eléctrica, Manuel Bartlett sea compensado con el nombramiento de presidente de ese nuevo organismo electoral de 7 integrantes y que en calidad de Secretario Técnico, reverdezca laureles como en la elección de 1988 y de cuyos fraudulentos resultados obligó a la integración ciudadanizada del IFE en 1990 y luego 14 años después, dar paso al INE, en un largo proceso que ahora pretenden desandar López Obrador y su pandilla.
En apretado resumen, los puntos más importantes de la reforma electoral dada a conocer este jueves son los siguientes:
-Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
-Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
-Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.
-Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
-Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
-Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.
-Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales y reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
-Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
-Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.
Por lo pronto, la coalición legislativa de la Alianza va Por México en San Lázaro, representada por los coordinadores del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; y del PRD, Luis Espinosa Cházaro ya confirmó que el bodrio presentado será rechazado y que cada una de esas bancadas presentará sus propuestas para entrarle a ese tema en septiembre próximo, al descartar se realice período extraordinario de sesiones para ese respecto.
De la misma forma lo hicieron los dirigentes nacionales de esos partidos. Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano y si bien hasta el momento el MC no ha emitido posicionamiento, seguramente Dante Delgado hará lo mismo, así como su coordinador parlamentario, Jorge Álvarez, luego que el miércoles esa representación partidista fue excluida por MORENA, el Verde y PT, de la Permanente y la reacción fue de justa rabia.
O sea, la reforma electoral con que el gobierno y su partido oficial pretende el control absoluto de los procesos electorales de este país, está más muerta que cuando propusieron la Ley Bartlett.
Y en asuntos más terrenales e inmediatos, este fin de semana se vencen plazos muy importantes para los habitantes de esta entidad y el primero es este viernes cuando a eso de las cinco de la tarde pudiera estallar la huelga en la Universidad de Sonora por parte del sindicato de académicos, luego de la cerrazón de la autoridad representada por la rectora Rita Plancarte, de no moverle una coma a sus propuestas de un 3.5 de aumento al salario y prestaciones.
Hemos estado atentos a esa negociación y salvo a un acuerdo de última hora, la asamblea podría votar en favor del estallamiento y suspender actividades en nuestra querida Alma Mater, cuando apenas se reactivan las clases presenciales luego de la crisis sanitaria por el Covid-19.
Y está el caso también de la tarifa 1F que desde hace bastantes años entra en vigor el 1 de mayo –el próximo domingo—y que distinto al pasado no ha sido autorizado de forma oficial por parte de las autoridades de Hacienda o cuando menos no ha sido anunciado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien a lo mejor no lo ha hecho porque es un asunto de cajón que no requiere espectáculo mediático, cuando de acuerdo a sus propias declaraciones, ya realizó la gestión correspondiente, así como lo hicieron sus antecesores comprometidos con la calidad de vida de los sonorenses.
No faltan quienes aseguran que esta tarifa especial para el consumo doméstico de energía eléctrica en esta entidad no será posible este año dado el rechazo a la Ley Bartlett y responsabilizar el golpe de calor a la oposición, lo cual resultaría una aberración y argumento insostenible, porque el subsidio no lo da la CFE, si no que proviene de la secretaría de hacienda y los escenarios de una reforma eléctrica aprobada relativo al fortalecimiento de las finanzas de la paraestatal eran de largo plazo.
Pues ya veremos, pero por lo pronto, hay incertidumbre entre la clientela de la mal llamada empresa de clase mundial.