Cuando aún no se enfrían los rescoldos de lo ocurrido la semana pasada en Caborca, de nueva cuenta un convoy de pistoleros irrumpió en la comunidad yaqui de Potam, la cual fue ocupada por indeterminado espacio de tiempo, pero suficiente para levantar a cuatro personas
Cuando aún no se enfrían los rescoldos de lo ocurrido la semana pasada en Caborca, de nueva cuenta un convoy de pistoleros irrumpió en la comunidad yaqui de Potam, la cual fue ocupada por indeterminado espacio de tiempo, pero suficiente para levantar a cuatro personas.
De plano debe ser desesperante para el gobernador Alfonso Durazo Montaño y más para la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río el que el llamado código rojo ya parezca arbolito de navidad y que se mantengan en condición reactiva y bailando al son que les toquen esas bandas.
Los traen de la seca a la meca mientras comunidades enteras viven el terror, tal como lo comentó buen amigo integrante de la etnia, quien bajo buen resguardo junto a su familia, fueron testigos de oídas y de fugaces oteadas del agresivo y hasta ahora impune accionar de la banda que irrumpió en Potam.
Tal como ocurre en Caborca, hay miedo y se percibe un ambiente de indefensión, al grado de que ante la ola de violencia que se registra en el Valle de Guaymas y Empalme, directivos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 26, decidieron suspender las clases, las cuales se reanudarán hasta nuevo aviso o sea hasta que se calmen las cosas.
También se avisa que por decisión propia, el pequeño comercio en sus diversas modalidades suspendió actividades, en tanto que la SSP ha desplegado intenso operativo de búsqueda de las personas levantadas, sin que al momento de retacar este espacio se informe de algún resultado.
Ya ven lo que pasó en Caborca, en donde el alcalde Abraham “El Cubano” Mier, decretó de facto, toque de queda con el fin de que los habitantes de esa comunidad se resguardaran, convocando luego a los hombres y mujeres de empresa de esa región, para que hagan una coperacha para que el ayuntamiento disponga de dinero adicional que le permita adquirir seis patrullas equipadas, para reforzar la vigilancia principalmente en la zona rural del municipio.
Bueno, ese funcionario dispone de mucha lana, a lo mejor más que todos los empresarios de la región y a ver cómo le va con esa convocatoria, cuando además, asegura que el Estado y la Federación no disponen de presupuestos para ese fin, a contracorriente de lo informado por el mismo gobernador, respecto a que si bien a nivel municipal es poco el estado de fuerza, es compensado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
En fin, tenemos la impresión que por capacidad operativa, estado de fuerza y buenas intenciones no queda y que lo que está fallando en todo caso es la labor de inteligencia, área que mediante un buen ejercicio podría poner a las autoridades de gobierno un paso delante de los planes y estrategias de bandas del crimen organizado y así no seguir actuando de manera reactiva.
Sabe, pero los hechos hablan por sí mismos cuando por turno o en forma simultánea comunidades enteras son testigos de balaceras, ejecuciones, levantones y demás, en San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Magdalena, Santa Ana y así, sin omitir que colectivos de buscadoras en donde escarban encuentran restos de personas.
La incursión en Potam ocurre en circunstancias complejas que para algunos podrían ser coincidencias, pero que se suma a toda una serie de acciones intimidatorias que en las últimas semanas ha promovido Hugo Aguilar Ortiz, Coordinador General de Derecho Indígenas del INPI, dada la resistencia jurídica de sus autoridades tradicionales en contra del decreto presidencial que crea el distrito de Riego 018.
De hecho, hace un par de días, Julio César Moreno Fierros, Juez Séptimo de Distrito, concedió la suspensión definitiva y falló en favor de los promoventes, al resolverse en dicha instancia el primero de los 12 amparos interpuestos.
Dicha resolución va en contra de la gestión anunciada por el mismo López Obrador respecto a que intervendría ante la SCJN para que se desestimaran dichos recursos, actitud injerencista que al menos en uno de los casos no prosperó, pero que sí derivó en que Aguilar Ortiz amenazara en sacar al pueblo de Potam del Plan de Justicia Yaqui.
César Cota Tórtola, capitán de la tropa yoremia, ha dado a conocer toda una serie de acciones en contra de autoridades tradicionales para que se desistan de los amparos y además ha informado al detalle de un altero de este tamaño sobre irregularidades, inconsistencias y garrafales errores en el decreto presidencial, en el cual hasta se inventan instancias de autoridad que no existen en la tribu yaqui y que a la vez, despojan de su señorío y representatividad a autoridades eclesiales, que a fin de cuentas son la instancia superior de autoridad en la etnia.
Se han denunciado actos de violencia de parte de personal del INPI contra quienes cuestionan la validez jurídica del decreto presidencial; ese organismo compra voluntades entre autoridades y ha desplegado todo un esquema de vigilancia y a decir de ellos, de espionaje contra opositores, y por eso, la congoja que en ese ambiente ocurra lo del convoy y levantones en Potam.
Y lo inquietante es que Aguilar Ortiz ha sido denunciado como quien con base amenazas, presiones y actos de intimidación, ha estado sometiendo y desplazando a grupos indígenas que se oponen al Tren Maya en el sur del país, no faltando quienes lo califiquen como un sicario al servicio de Adelfo Regino, titular el INPI.
Ya veremos qué ocurre, porque mientras tanto, hubo sesión en el Congreso del Estado donde presidida por la diputada Natalia Rivera Grijalva, se dieron trámite a asuntos sumamente importantes, como lo es la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que redimensiona la estructura administrativa del gobierno de Alfonso Durazo.
Pero es menester destacar el buen ánimo y coincidencias en todos los grupos parlamentarios en dos puntos relevantes: la propuesta presentada por la diputada Ely Sallard a nombre de la bancada del PRI, que deroga diversas disposiciones del Código de Familia del Estado de Sonora, que elimina condiciones de inequidad de la mujer respecto al hombre en caso de divorcio.
Miren, actualmente esa legislación que para que la mujer pueda contraer nuevo matrimonio dentro de los trescientos días de disuelto el anterior, se requiere certificación médica oficial de que no se encuentra embarazada, excepto cuando haya sido declarada causante del divorcio y no pueda contraer matrimonio en el término de dos años, cosa distinta en los varones que tienen la libertad de reincidir en cuanto se resuelve legalmente la separación.
Además, que para contraer nuevo matrimonio, la mujer es requerida para presentar certificación médica oficial de que no se encuentra embarazada, excepto cuando haya sido declarada causante del divorcio, en abierta violación a derechos constitucionales en materia de equidad, dignidad y de sus derechos humanos.
“Resulta pues que los artículos 24 y 226 del Código de Familia para el Estado de Sonora, violentan lo dispuesto por los incisos a) y c), y no otorgan los mismos derechos a las mujeres frente a los hombres para celebrar nuevas nupcias” es por ello que se propone derogar el artículo 24 y reformar el 226” indicó la legisladora priista.
Obvio que diputadas y diputados presentes en el pleno manifestaron su apoyo a la propuesta, la cual sin embargo fue turnada a comisiones, pero que sin duda será uno de los puntos a aprobar en la siempre emblemática sesión del próximo 8 de marzo, en el marco de los festejos con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La otra unanimidad fue en torno a la propuesta presentada por el diputado del Panal, Fermín Trujillo Fuentes, para que el nombre de Luis Donaldo Colosio Murrieta sea colocado con letras doradas en el muro de honor de la sala de plenos, la cual fue abrazada por unanimidad, por lo que el 23 de marzo bien podría convocarse a una sesión especial para realizar dicha ceremonia.
De destacarse las participaciones en dicho punto del diputado Ernesto de Lucas al destacar la universalidad del ideario colosista, así como también la de Jacobo Mendoza, quien recordó la estrecha relación que sostuvo con el magdalenense con el ahora gobernador Durazo, además de relatar algunos aspectos de su relación con el asesinado candidato presidencial.
Bien por la propuesta del maestro Trujillo Fuentes, exmilitante del PRI y mejor por “El Pato”, al destacar que así como este día, las coincidencias en torno al ideario colosista se extrapolen al dar trámite a los diversos acuerdos de la legislatura en el futuro.
Y por demás preocupante el aire de suficiencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que México está preparado para enfrentar los efectos del conflicto Rusia-Ucrania, porque así lo aseguró hace dos años cuando la pandemia del Covid-19 se expandía por el mundo.
No estaba preparado ni en materia de salud ni en materia económica y lo comprueban los más de 500 mil decesos a causa de ese virus y que miles de pequeñas y medianas empresas hayan quebrado, que la inflación escale niveles históricos y que la calidad de vida de millones de familias se haya desplomado.
Todo a causa de la torpe gestión, tardía reacción, omisiones y estrategias criminales; todo por la irresponsable actuación del mismo presidente que todavía en abril del 2020 no tomaba en serio la amenaza, a pesar de lo que ya se registraba en el resto del mundo, acusando de amarillistas a quienes exigían medidas inmediatas de contención.
Por supuesto que el gobierno de López Obrador no está preparado para las consecuencias de ese conflicto si es que se prolonga, porque no se requiere ser un ducho en geopolítica y en la economía global, para considerar de muy alto riesgo para nuestro país y para el mundo si esa guerra escala y más con los posicionamientos timoratos y pusilánimes de López Obrador al respecto y por si fuera poco, la torpe e infantil respuesta del canciller Marcelo Ebrard a la crítica externada por altos mandos del gobierno gringo por la embestida presidencial contra medios de comunicación y comunicadores.