Que son 159 auditorías las que lleva a cabo la actual administración estatal de Alfonso Durazo para localizar dónde y cómo estuvieron los malos manejos del sexenio de Claudia Pavlovich, la nombrada por Andrés Manuel López Obrador, cónsul en Barcelona
Juana María Olguín
Que son 159 auditorías las que lleva a cabo la actual administración estatal de Alfonso Durazo para localizar dónde y cómo estuvieron los malos manejos del sexenio de Claudia Pavlovich, la nombrada por Andrés Manuel López Obrador, cónsul en Barcelona. Hacen muy bien en investigar si se invirtieron de manera eficiente los dineros públicos, y sería sumamente interesante que se haga una indagatoria de las carpetas de investigación integradas en contra de Guillermo Padrés, de todo su gabinete, quienes gozan de impunidad total.
Hay grupos de sonorenses que a la menor provocación vomitan su enojo y firme creencia que durante el pasado sexenio de Pavlovich Arellano hubo malos manejos del dinero, cuando pregunto que información tienen y dónde operó esa corrupción, hacen silencio. Lamentablemente, o no quieren proporcionar los datos o se guían por una inercia natural. Así que ni duda cabe que es vital que se indague a través de esas 159 o 200 o 300 auditorías pesquisas y mejor aún si se judicializan los expedientes, que no se tarden ni hagan mucho cuento.
A propósito de Guillermo Padrés quien hizo excelente trabajo para unir a los sonorenses, pero en su contra. Qué pasó con todas las pruebas fehacientes de la manera en que triangularon operaciones de dinero público que sacaron al extranjero, luego lo retornaron mediante empresas fantasmas a las que les pusieron consejos consultivos con seres hundidos en la pobreza y mejor aún quienes jamás supieron que sus nombres, apellidos y credenciales de elector los situaron en organizaciones productivas con grandes caudales económicos. Todo ocurrió a sus espaldas.
Si ya de por sí ese asunto no fuera bastante grave, porque no fue una ni dos empresas “fantasmas”, las que utilizaron para sus saqueos criminales de dinero público, sino que una de esas “socias”, que en la vida real apenas tenía para comer, murió misteriosamente. Si todo eso no es de escándalo y digno de investigarse desde la perspectiva de una administración que se presume “diferente” e incapaz de auspiciar la corrupción, entonces no tienen opción. Salvo que confirmen cada vez más que la sociedad con los padrecistas es real, total, absoluta y más que obvia.
A propósito del escándalo del gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana, quienes se llevaron a un bebé de tres meses a su casa y luego lo retornan a su desgracia, a su naciente vida en orfandad. Se ha armado un escándalo tal que hasta el casi inexistente DIF nacional aderezó la plana con la advertencia que investigaría las transgresiones que se cometieron al bebé. Por un lado, que bueno que resucite ese ente muerto, desde el que jamás claman por justicia por los niños muertos por la violencia doméstica, por la delincuencia organizada, por los violaciones y posterior asesinato, que bueno que se dieron por vivos.
Pero a propósito de payasadas que hacen los gobernantes en pleno ejercicio, como llevarse un niño de un albergue, bueno justo eso hizo Iveth Dagnino de Padrés. Acudió a un hospicio y allí encontró a aquel pequeño necesitado de todo, entre ello afecto genuino y se lo quedó. A los días convocó a las periodistas a la casa de gobierno para dar a conocer su acto de generosidad para con los desamparados y seguro que le aplaudieron rabiosamente por tanta bondad.
Lo que no dijo fue que al niño lo cuidaba la servidumbre. Que eran ellos quienes tenían afecto y compasión por él, quien, en medio de su discapacidad, golpeaba su cabeza contra los muros, en el piso ¿Qué fue de él? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene al jovencito? ¿Saben en DIF Sonora?
Enredados los Morenos con el asunto del bebé que murió a tres meses de nacido, sepultado por sus padres en Iztapalapa, ciudad de México, su cadáver fue robado y luego localizado en un basurero en un penal en el estado de Morelos. El desvergonzado titular del ejecutivo, Miguel Barbosa salió a amenazar que callarían activistas y periodistas cuando se supiera la verdad. Vaya tamaño de caradura.
Ayer domingo asesinaron a la periodista, Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. La víctima había acudido en marzo de 2019 a la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, donde denunció que su vida estaba en peligro, porque tenía demandado al gobernador de ese estado, quien era el dueño de la empresa de comunicación donde laboraba. Esta mañana al hablar de la desgracia, el presidente pidió no acusar a Jaime Bonilla. Hay niveles, hay prioridades. Y la amistad pesa.