En los últimos cinco meses el Covid-19 ha cobrado la vida de casi 50 mil personas en México, muy cerca de aquella cifra de 60 mil, descartada por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell por catastrófica, como saldo total de la pandemia el 22 de agosto del 2020
En los últimos cinco meses el Covid-19 ha cobrado la vida de casi 50 mil personas en México, muy cerca de aquella cifra de 60 mil, descartada por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell por catastrófica, como saldo total de la pandemia el 22 de agosto del 2020.
A casi dos años de identificarse el primer caso en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, la Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 255 millones de contagios y más de cinco millones de decesos en el mundo, aportando México casi cuatro millones de casos y casi 300 mil muertes oficialmente reconocidas, aunque de acuerdo a los índices de mortalidad en ese período se superan los 400 mil fallecimientos.
Inquietante, que a pesar de los avances del plan nacional de vacunación contra ese bicho, de junio 12 al 17 de noviembre de este año, hayan fallecido casi 50 mil mexicanos, cifra que seguramente escalará dado la progresiva negligencia que se observa en la conducta social y a la acelerada apertura ordenada por instancias de gobierno para todas las actividades como si no hubiera ningún riesgo.
Desde principios del 2020 cuando ya en el mundo se advertía la incontenible expansión de la pandemia, con escalada de contagios y muertes en países europeos, el México de Andrés Manuel López Obrador y de su fiel escudero en estos menesteres, el ya mentado López Gatell, era un Edén en el cual no había nada de qué preocuparse; que era amarillismo de los medios el adjudicar al virus una peligrosidad que no tenía; que siguiéramos saliendo a comer en familia y que ni siquiera se requería el uso del cubrebocas por carecer de utilidad para evitar contagiarse o contagiar.
Todavía a mediados del 2020 cuando ya la realidad embestía a ese par de criminales, mantenían su displicente actitud frente al mortal virus, con cálculos y proyecciones estúpidas respecto a los plazos que se nos venían encima en materia de contagios y decesos, que rápidamente escalaron a muchos miles más de los que originalmente consideraron.
Sabe cuántos miles de muertes y sufrimientos pudieron evitarse si el presidente y López Gatell hubieran asumido con seriedad el reto planteado por el Covid-19; sabe cuantas vidas costó apostarle a supercherías como los amuletos detente para evitar contagios o sostener prácticamente hasta otoño del 2020 la inutilidad del uso del cubrebocas e insistir en adecuar la estrategia contra el virus, a las necesidades políticas del presidente y que él mismo reconocería al aceptar que la pandemia le venia como anillo al dedo para afianzarse en el poder.
A la ignorancia presuntamente populachera del presidente, se sumaron los desplantes de arrogancia y de soberbia de López Gatell, marcando así una ruta que resultó mortal para miles de ciudadanos de este país, dejando a México como referencia internacional de cómo no debía manejarse la pandemia, ya que es reconocido como el cuarto país del mundo con más muertes, el segundo en letalidad por contagios y de los primeros en personal médico que ha fallecido por la enfermedad.
Este recuento es solo para no olvidar, para refrescar la memoria y recordar quienes son los responsables de la tragedia que vive este país gobernado por incompetentes y en base a ocurrencias, no descartándose la alineación de los astros para que en el mediano futuro enfrenten las consecuencias de su negligencia criminal ante la justicia, sea terrenal o divina.
Por lo demás, hemos hecho diversas consultas y en todas ellas se desmiente de forma categórica que en el Congreso del Estado haya una propuesta de reforma constitucional que contemple la desaparición de 49 municipios para fusionarlos a otros en función de criterios demográficos.
Ese tema ha ocupado ya varios espacios en medios de comunicación y motivo de sesudas consideraciones de quienes, sin lugar a duda, estarían o están en mejores condiciones que este reportero para corroborar ese dato o para concluir que no hay nada de eso.
Hace unos días el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Kiko Munro realizó tronante posicionamiento en contra de esa pretensión que presuntamente promueven los grupos parlamentarios de MORENA, PT, del Verde y de Nueva Alianza y de igual forma se ha manifestado en contra la Asociación de exalcaldes de Sonora, sin faltar los abundantes análisis en espacios editoriales.
El más reciente material que nos llega de ese tema es el relativo a que se integra una controversia constitucional para evitar lo que dicen en la “remunicipalización de Sonora”, trámite anunciado por el asesor Jurídico del Ayuntamiento de Bacoachi, el exdirigente estatal del PRD, René Noriega Gómez, sin que tengamos idea si tal posicionamiento es reciente o ya le llovió.
Estamos totalmente de acuerdo que resultaría una aberración y soberana estupidez que cualquier fuerza política por más poderosa que sea, pretendiera extinguir municipios para convertir cabeceras municipales en comisarías y a comisarías en delegaciones, proyecto que podría resultar en la tumba política de los promoventes.
La verdad es que hemos indagado acá y allá y además nos ha resultado difícil porque desde hace un par de semanas o más no podemos acceder al portal del Congreso del Estado, por lo que nos hemos atenido a lo que nos han dicho las fuentes consultadas, quienes nos aseguran que no hay nada de eso.
Incluso, sabemos a ciencia cierta que en una reunión que sostuvo el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte con Natalia Rivera, Ely Sallard, Karina Zárate y Ernesto de Lucas, les aseguró que ese tema no está en la agenda del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, rechazo que curiosamente se daba mientras el coordinador del PAN sostenía una reunión con alcaldes de ese partido ante quienes realizó las tronantes declaraciones ya mencionadas.
Hicimos la consulta correspondiente y en efecto, eso les dijo el responsable de la política interna del Estado y además recurrimos a fuentes del PT y MORENA, desde donde de plano descartaron tal intención e incluso aseguran desconocer de dónde sacaron lo que calificaron como una puntada mediática sin sentido.
Ante tan categóricos rechazos, nada de qué preocuparse en ese sentido y en todo caso, mejor se deberían de ocupar en formular buenas estrategias para revertir el sostenido bajón presupuestal que los afecta desde el 2019, con un gobierno federal ocupado en fondear megaobras en demérito a partidas para los estados y para los municipios, y que se mantendrá en el ejercicio del 2022.
Y tienen razón el diputado Sebastián Orduño y el dirigente del PT en Sonora, Ramón Flores Robles, al cuestionar que haya quienes se ocupen en perder el tiempo en tonterías, ante tantas carencias y problemáticas que de todo tipo enfrentan administraciones municipales.
Por cierto, se me hace que el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez debe tener un manual que lo guía para un buen ejercicio de sus responsabilidades y que en dicho manual no se incluye el espejo retrovisor como justificante y mucho menos culpar a administraciones pasadas, si no entrarle a la solución de los problemas viendo hacia adelante y sin perder el tiempo.
Miren, además de la suma de cientos de ciudadanos a los comités CRECES y emprender nuevas estrategias para hacer más eficiente la prestación de los diversos servicios que presta la comuna a los hermosillenses, bacheo, alumbrado público, seguridad pública, recolección de basura y demás, también se ocupa en tomar medidas para hacer mas rendidores los recursos financieros disponibles.
Se trata de hacer más chica, austera y eficiente la estructura del Ayuntamiento y por eso, después de analizar con detalle áreas, puestos y funciones, se diseñó una nueva estructura que fusiona 5 dependencias; congela 200 plazas vacantes; elimina 198 puestos con tareas duplicadas y suprime 250 plazas irregulares, lo cual se suma a otras medidas para la reducción del gasto diario, para un ahorro general superior a los 500 millones de pesos que serán aplicados en obras de beneficio comunitario.
Así las cosas, se fusionan en la Dirección general de Transparencia y Comunicación Social, la dirección general de Transparencia y la Secretaría Técnica; desaparece la Dirección General de Prevención del Delito y sus tareas pasan a la Dirección General de Seguridad Pública; La dirección general de Participación Ciudadana absorbe las responsabilidades de las eliminadas direcciones generales de Transformación Social y de Bienestar Social, inventadas en la pasada administración.
No es cualquier cosa poder ahorrarse 500 millones de pesos al año, sin que tengamos idea si esos ajustes en la estructura administrativa del ayuntamiento derivarán en conflictos de orden laboral, principalmente en el caso de la supresión de las 250 plazas irregulares o en lo que se refiere a la eliminación de 198 puestos con tareas duplicadas, pero de inicio luce como un buen planteamiento de austeridad republicana.