Si los prejuicios contra López Obrador, te llevan a despreciar la importancia estratégica nacional de revertir el creciente debilitamiento sufrido por el sector eléctrico nacional como consecuencia de las reformas económicas neoliberales, impuestas durante los últimos treinta años, estás en un error que debes corregir
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Si los prejuicios contra López Obrador, te llevan a despreciar la importancia estratégica nacional de revertir el creciente debilitamiento sufrido por el sector eléctrico nacional como consecuencia de las reformas económicas neoliberales, impuestas durante los últimos treinta años, estás en un error que debes corregir. El impulso por el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se concibió, ni tiene su origen en el actual gobierno. En las décadas recientes, voces importantes que trascienden las fronteras partidistas, como la de Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Rojas y Manuel Bartlett, entre otros, convergieron en un bien fundamentado argumento en la defensa del sector energético nacional.
En términos históricos, el ímpetu por contar con una industria eléctrica nacional tuvo logros que son relativamente jóvenes. Antes de 1960, año en que el presidente Adolfo López Mateos, nacionaliza las empresas extranjeras que tenían control de la generación y distribución de la electricidad, varias regiones del país eran mercados cautivos de dichas empresas privadas. La semilla para que el país pudiera contar con un sector eléctrico propio, la sembró el presidente Lázaro Cárdenas en agosto de 1937, cuando su gobierno auspició la creación de la CFE.
Hasta 1960 el país contaba con un suministro eléctrico que solo cubría el 44 por ciento del territorio nacional. Las empresas privadas, en consecuencia a su criterio de renta monetaria, se interesaban solo por la demanda cautiva de las ciudades grandes, no les motivaba la participación, junto con la CFE, en la construcción de un sistema integrado de energía por todo el territorio nacional, para hacer del suministro eléctrico un catalizador del crecimiento económico y del bienestar social.
La creación de un sistema eléctrico nacional, es precondición insustituible para todo país que se proponga la industrialización. López Mateos atisbaba que un propósito industrializador no debe quedar a expensas del humor de los mercados internacionales, ni depender exclusivamente de la inversión extranjera. Y al momento de la nacionalización de la industria eléctrica lo hizo explícito: “Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria”.
Los anticuerpos generados por los desplantes de López Obrador, no deben, ni pueden ser, la referencia para entender la importancia de que México revierta el conjunto de reformas que durante los últimos años han venido debilitando a la CFE. Es necesario cerrarle el espacio a los esquemas desregulados, que bajo la sombra de las “energías renovables”, terminan favoreciendo a intereses corporativos que parasitan sobre el presupuesto nacional.
No hay referencia exitosa en el mundo, que presente una prueba empírica de que el subsidio del estado a las llamadas energías limpias, en particular la solar y la eólica, puedan soportar los requerimientos, en forma viable y sostenida, que demanda una economía industrial moderna con las tasas de crecimiento necesarios para cubrir el consumo de la población. Por el contrario, hay ejemplos elocuentes que desnudan el fraude y los costos sociales que representa la adhesión incondicional al ambientalismo radical que se propone impedir la industrialización de los países en desarrollo y desindustrializar a los industrializados.
El experto e investigador norteamericano en energía, Robert Bryce, quien en algunas ocasiones ha sido invitado a comparecer en el Senado de los Estado Unidos, testificó el 27 de octubre de este año. En su comparecencia hizo énfasis en que Norteamérica necesita restaurar una infraestructura energética resistente, confiable y asequible. Y sostuvo que esto es “algo que se ha visto socavado en los últimos años”, como resultado de las presiones para que se aumente el uso de la energía eólica y solar. Bryce, puso el ejemplo reciente de Texas, cuando la tormenta invernal de febrero pasado provocó un apagón de toda esa región y le causó daños por 200 mil millones de dólares a la economía y un saldo de setecientas personas muertas. La tormenta no solo afectó la conducción del gas, sino también los extensos parques solares y de energía eólica que hay en esa región.
La especulación con los precios del gas, que el fenómeno provocó, afectó también a México, importador de este suministro para generar electricidad. En la coyuntura de esta crisis, los llamados auto generadores o productores privados de energía, en protección a sus ganancias, abandonaron la generación por incosteable. La CFE asumió el reto de producir energía para el abasto nacional y cargó con los costos extraordinarios del insumo; a diferencia de Texas, el sur de los Estados Unidos y buena parte de la costa este, México pudo atenuar el impacto al contar con un sistema nacional integrado de energía y una capacidad orientada bajo el principio del bienestar general.
Defender el fortalecimiento de la CFE, y la regulación de las ganancias desmesuradas de los generadores privados, no es el respaldo a un partido político, tampoco a los desplantes presidenciales. Es un asunto de interés nacional y de protección a todos los mexicanos.