Bien lo dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño: política pública que no tiene un respaldo presupuestal es pura demagogia, al anunciar que ya casi está lista la propuesta de presupuesto del Estado para el año próximo, privilegiando la seguridad, la procuración y administración de justicia, junto a los temas de salud, educación y el empleo
Bien lo dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño: política pública que no tiene un respaldo presupuestal es pura demagogia, al anunciar que ya casi está lista la propuesta de presupuesto del Estado para el año próximo, privilegiando la seguridad, la procuración y administración de justicia, junto a los temas de salud, educación y el empleo.
Todavía no es el año próximo, pero este lunes dio una probadita de la firmeza de esos propósitos al poner en operación el edificio sede Ministerial I de la Fiscalía General de Justicia del Estado y 68 unidades con equipamiento especial y dos ambulancias forenses, cuya adquisición y adecuación representó una inversión de casi 40 millones de pesos.
Alientan la certidumbre ciudadana ese tipo eventos ya que vienen a reforzar el combate a la impunidad, que como se sabe es la que mayor rabia genera en la sociedad, o sea, se da en el mero clavo para avanzar en la construcción de entornos seguros frente a la dura realidad que en materia delictiva sufrimos los sonorenses.
Bueno el reporte que nos llega de dicho evento, donde también se dejó ver que se mantienen por la misma vía la fiscal general de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova y María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, en materia de coordinación y colaboración, aso sí, bajo la estricta supervisión del gobernador.
La inversión proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y presupuesto estatal, además que podría ser considerado como un premio por los buenos resultados que ha tenido la fiscalía en los últimos meses y que resumió el gobernador en su mensaje.
“Se incrementó un 45 por ciento la ejecución de órdenes de aprehensión; 49 por ciento la judicialización de carpetas; un 116 por ciento en las sentencias por juicios orales; la capacidad de resolución de acuerdos reparatorios de un 45 por ciento a un 92 por ciento, y el incremento de aseguramientos de droga y armas, y detención de personas en flagrancia”.
Ojalá que dichos porcentajes aumenten y también se avance en el terreno de la prevención que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, aunque es muy buena la aportación que hace la FGJE, ya que la mejor arma en contra de la inseguridad será desterrar la impunidad y evitar que opere la maldita puerta giratoria de delincuentes que son detenidos un día y al otro se les ve en la calle en las mismas, lo cual genera profunda decepción ciudadana.
Por otra parte, mientras en Cajeme varios integrantes del cabildo corresponsabilizan a medios de comunicación por la violencia criminal en esa región de Sonora, en Hermosillo un funcionario del gobierno del Estado los insulta y empalma la grave crisis en la hacienda pública a la contratación de servicios de publicidad.
Junto con pegado, desde el anonimato de las redes sociales, se desata una campaña de denuncia en contra de empresas de comunicación, de comunicadores y de sus familias, porque en el pasado han facturado a instancias de gobierno por servicios debidamente contratados y prestados y hacen escarnio como si tal interacción fuera ilegal.
En el Ayuntamiento de Cajeme los regidores Rodrigo Bours, Gustavo Almada y otros, al menos dieron la cara al señalar a medios de comunicación y comunicadores como promotores del narcoterrorismo y utilizar las cotidianas ejecuciones para posicionarse ante la opinión pública; lo primero una franca estupidez y lo segundo resulta natural tratándose de empresas que despliegan estrategias de mercadeo para eso: posicionarse en la opinión pública divulgando con oportunidad temas noticiosos diversos, incluidos los de la nota roja o policiaca.
En Hermosillo opera una banda de tarados, cuya interacción en redes se asemeja a un circunloquio entre trolles, que creen que han descubierto el Santo Grial al acceder a documentos que registran la actividad comercial entre empresas de comunicación e instancias de gobierno, para destilar sus insanos odios en contra de comunicadores y sus familias, resultando innegable que su despreciable e ignorante activismo lo despliegan con la pretensión de hacerle un servicio a los inquilinos del Palacio de Gobierno y como si fuera por encargo, aunque de plano descartamos tal estulticia.
Tenemos fundadas sospechas para considerar que quien detonó e incluso promueve esa estrategia de linchamiento en contra de medios de comunicación es el titular del ISSSTESON, Jesús Manuel Acuña Méndez por lanzar a sus perros en contra del depositario mayor de nuestros afectos, por su fugaz y mal pagado paso por el Hospital Chávez, solo porque nos atrevimos a cuestionar su comportamiento y conducta simiesca con derechohabientes, servidores públicos de dicha institución y con medios.
A ver quien lo hace entender que cancelando convenios de prestación de servicios publicitarios con medios de comunicación, no resuelve su supina y estúpida ignorancia en el propósito de resolver la grave problemática financiera que padece el organismo, que en mala hora fue puesto bajo su encargo.
Tampoco la resolverá mintiendo, exagerando, insultando e infiriendo actos de corrupción sin mostrar pruebas, que en el caso de los convenios con empresas de comunicación, hasta él debiera saber que son legales y que pactarlos con cualquier instancia de gobierno es lícito desde cualquier punto de vista.
La atrabiliaria conducta de este chivo en cristalería va a contracorriente de la reconocida posición incluyente y de respeto que invariablemente guarda el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien de forma institucional ha encargado a responsables del área de la comunicación a que hagan lo mismo y darle la vuelta a la hoja luego de la campaña, dejando atrás agravios reales o imaginarios para sumar a todos a su proyecto de hacer a Sonora esa tierra de oportunidades.
En nuestro caso nos consta dicha apertura e inclusión, con lo cual se ratifica la experiencia por allá en el 2006 cuando coincidimos en la misma trinchera, que incluso permitió que viviéramos la extraordinaria experiencia de cubrir por 15 días el plantón multitudinario en el Zócalo por el fraude en la elección presidencial.
En fin, malos tiempos vienen para medios de comunicación si no se envía un mensaje fuerte y claro desde la más alta instancia del mando político de la entidad, pero que sea tan fuerte y claro que llegue no solo a Acuña Méndez y a quienes estén tentados a sumarse a sus agresiones, si no también hasta esos animales que desde las alcantarillas y el anonimato han emprendido su guerra sucia, que en el caso de los regidores de Cajeme, ya veremos cómo les va.
Por lo demás, vaya la expectación que generó la reapertura de la frontera México Estados Unidos para viajes no esenciales, luego de 591 días de restricciones a causa del Covid-19, con una vasta, exagerada cobertura de prensa frente a la larguísima cola de vehículos, cuyos ocupantes esperaban ansiosos que abrieran los portones.
Seguramente dicha expectación será flor de un rato, ya que según reportes, luego de la marabunta inicial, ya no se observa tanta gente interesada en cruzar al otro lado, quedándonos en todo caso la impresión de la pobreza de la imagen que generamos los mexicanos ante el mundo, aunque reconocemos que quizás entre esos ansiosos hay muchos que más que ir a gastar sus dólares en el mercado gringo, viajaron para reunirse con seres queridos que por motivo de estatus de residencia, no tuvieron contacto presencial a lo largo de esos casi 600 días.
Y este martes habrá sesión de la 63 legislatura, durante la cual se reanuda el procedimiento suspendido hace más de tres años, encaminado a la destitución o la no ratificación de los funcionarios y empleados de confianza del Poder Legislativo de Sonora.
Resulta totalmente lógico que ninguno de ese numeroso grupo de servidores públicos será ratificado y que a partir de esa jornada quedarán sin su empleo, sin que sepamos si en la acción legislativa se incluye la liquidación conforme a derecho.
Lo que sí sabemos es que desde hace semanas se llevan a cabo negociaciones entre los diversos grupos parlamentarios para repartirse el pasten el función de la generosidad que pudiera tener la bancada de MORENA frente al resto de la representación popular sonorense.
Del resultado de esas negociaciones habrá que seguir esperando, porque se supone que en la sesión de este día solo se atenderá la ratificación o no, previéndose que entren al relevo encargados de despacho que detendrán el cerco al menos durante una semana, cuando se den a conocer los nombramientos.
Sin salirnos del rumbo, el Presidente del Congreso del Estado, diputado Jacobo Mendoza Ruiz, y la directora general de Telemax, Paulina Ocaña Encinas, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se ponen en marcha los trabajos para lanzar conjuntamente lo que será el canal del Congreso a través de una de las subfrecuencias de la televisora estatal.
Valga destacar que tal convenio responde a las necesidades que plantea la Ley del Parlamento Abierto aprobado hace unas semanas a propuesta de la diputada Natalia Rivera, ya que todos los asuntos de la legislatura estarán al alcance de interesados de toda la entidad donde llega la señal de la televisora oficial, y que no implicará gastos presupuestales.