En conferencia de prensa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño defendió la importancia para el Estado, de la firma de acuerdos para enfrentar la inseguridad y aseguró, con datos estadísticos en la mano, que a 41 días de su gestión, los compromisos signados y la coordinación institucional a través de los trabajos de la Mesa por la Paz y la Seguridad ya dan resultados
En conferencia de prensa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño defendió la importancia para el Estado, de la firma de acuerdos para enfrentar la inseguridad y aseguró, con datos estadísticos en la mano, que a 41 días de su gestión, los compromisos signados y la coordinación institucional a través de los trabajos de la Mesa por la Paz y la Seguridad ya dan resultados.
Frente a críticas y comentarios cargados de sarcasmo e ironía por firmas de acuerdos de coordinación y colaboración entre instancias de gobierno ante el embate delictivo que sufre la entidad, el mandatario consideró oportuno aclarar paradas y destacar la importancia de unificar acciones, como lo fue el caso del acuerdo firmado recientemente por la fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras y la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, así como otro signado por los 72 presidente municipales.
Y es que este martes, se convocó para otra firma por la Seguridad y la Paz en el que se involucra a la sociedad civil en el marco de la necesidad de construir la conciencia social, que permita consolidar el espíritu de la prevención, como tarea primordial que evite la escalada de actos de violencia y de delitos hasta por cuestiones nimias, reconociendo además el gobernador, que en dicho frente los medios de comunicación son factor fundamental e incluso los invitó a ser parte de este esfuerzo.
En la conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo de Sonora presumió que debido a esos acuerdos signados, en 41 días se han judicializado dos mil 264 casos; se han emitido 762 sentencias condenatorias, de las cuales 695 por procedimientos abreviados, 67 juicios orales; se han realizado 30 cateos y se han recuperado 47 autos robados, cifras sustantivamente más altas que los 41 días anteriores al 13 de septiembre pasado.
A esas estadísticas se suma el dato proporcionado por el también presente en la conferencia de prensa, el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, quien informó que en la madrugada de este lunes, en el tramo de la carretera 15 entre Imuris-Nogales, fueron incautados 100 kilos de cocaína que eran transportados en un tractocamión.
Fue un alud de datos dados a conocer durante el kilométrico encuentro con representantes de medios de comunicación, en el que por cierto, la fiscal general de justicia de la entidad reprochó a algunos medios de comunicación el que por ejemplo publiciten desapariciones de personas y omitan en sus coberturas cuando son localizadas, dirigiéndose particularmente a medios de información digitales a quienes convocó al profesionalismo.
En lo que a este reportero respecta, en efecto somos parte de esos escépticos respecto al buen futuro de esas firmas de acuerdos, los cuales en todo caso debieran estar respaldados por presupuestos, que en el caso donde se incluye a la sociedad civil, la obtención de resultados será de largo plazo y en función del tiempo que nos lleve a la construcción de esa nueva conciencia social en materia de prevención, tarea en el cual esta humilde trinchera siempre ha participado.
Sobre la firma de acuerdo entre instancias de gobierno, más bien se nos figuran eventos de corte mediático-efectista, ya que en todo caso la cooperación y colaboración interinstitucional está implícita en sus obligaciones y facultades.
La verdad que esta nueva firma en un acuerdo genera el consabido sarcasmo respecto que al enterarse de eso los “entes generadores de violencia” pondrán pies en polvorosa para evitar al las acciones del Estado ahora con la sociedad civil sumada, lo cual obliga a estados vecinos a tomar previsiones por el llamado efecto cucaracha.
Como sea, bien que haya optimismo y que así se interpreten los numeritos alcanzados en los últimos 41 días en dicha materia, aunque cualquiera reconocerá que tales conclusiones de nada sirven para remediar en algo la desazón y miedo por la barbarie en proceso en Ciudad Obregón y otras regiones de la entidad, donde al parecer hace falta mucho más que una hojita firmada para revertir dicho drama.
En el terreno de lo concreto, el gobernador hizo varios anuncios que tendrán efectos inmediatos: firmó sendas iniciativas de decreto a la Ley del Notariado que elimina la discrecionalidad del gobernador en turno para otorgar patentes de notario en los dos últimos años del sexenio y que evita a funcionarios mantenerse en sus cargos a la par que gestionan hacerse de una notaría, ya que si duraron seis, cinco, cuatro, tres o dos años en un cargo público, ese mismo período habrán de esperar para emprender dicho trámite.
También firmó otro decreto que evitará que el gobernador en turno asigne pensiones vitalicias a cualquier ciudadano sin que se haya ganado dicho estatus en el servicio público, actos jurídicos que tenemos la impresión que son los primeros productos del titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien seguramente tiene mucho más de esos decretos en la chistera.
Otro de los anuncios importantes del gobernador, es la cancelación de servicios subrogados del ISSSTESON, toda vez que se trata de contratos leoninos donde la prestación del servicio es mucho menor a lo el organismo debe pagar, dando algunos detalles al respecto su titular Jesús Acuña Méndez, quien además informó que se elimina el surtido de recetas en farmacias privadas y se finiquita relación con empresa encargada de la imagenología, servicio que sin costo alguno será prestado por el nuevo hospital de Especialidades el cual ya casi completa su equipamiento con tecnología de punta.
No le entendimos muy bien a lo que calificó una triangulación de intereses entre exfuncionarios del instituto, jurídicos, directores generales con despachos privados para ganar casos judiciales en favor de particulares y menos cuando se refirió a que tal cosa ocurrió en la administración estatal pasada, cuando sabemos que tales artimañas fueron también denunciadas, además de combatidas en su momento, por los ahora exdirectores Enrique Clausen y Pedro Angel Contreras.
Suponemos que dado el implícito daño patrimonial derivado por las citadas subrogaciones leoninas y la mentada triangulación, se interpondrán las denuncias penales correspondientes y que no todo quedará en simples declaraciones, aunque a lo mejor esa duda quedó despejada, toda vez que por otros compromisos no pudimos quedarnos a la sesión de preguntas y respuestas.
En la conferencia de prensa saludamos a la firma fuerte del PT en Sonora, Ramon Flores Robles –de Arivechi para el mundo—creemos en la espera de un momento oportuno para echar una platicada banquetera con el gobernador, no faltando quien nos comentara sobre inminente venta en canal de la bancada de ese partido en el Congreso del Estado, y por cierto, también ahí Miguel Angel Haro, quien exige a ese partido el pago de sus honorarios luego de fungir como asesor en la pasada legislatura, pero que hasta ahora sigue colgado de la brocha toda vez que asegura que no se le paga porque Hacienda estatal no deriva las ministraciones correspondientes al Poder Legislativo.
Así las cosas por rumbos del Poder Ejecutivo de Sonora, mientras que desde Ciudad Obregón reportan que el expresidente municipal, Sergio Pablo Mariscal sufrió severo desmentido a sus afirmaciones respecto a su exitosa gestión en materia de seguridad pública, esa que ahora trae con la tripa salida a su sucesor Javier Lamarque.
Pues resulta que según denuncia en parte policiaco, al exmunícipe cajemense le robaron su vehículo en un dos por tres al dejarlo debidamente estacionado en una concurrida vialidad de esa balaceada comunidad, aunque hay quienes aseguran que tal unidad motriz no fue robada, si no que al presunto perjudicado se le olvidó donde la estacionó, toda vez el estado pedo en que andaba.
Y por fin salió humo blanco del Consejo General del INE y a tres días de vencerse el plazo designó de forma unánime a Nery Ruiz Arvizu como consejero presidente por siete años del Instituto Estatal Electoral de Sonora, al superar en dicha competencia a la finalista, Sandra Teresa Luna Martínez.
De esta forma, quien en los últimos años se desempeñó como Secretario Ejecutivo del IEES, se hará cargo de la responsabilidad de la expresidenta, Guadalupe Taddei, de quien fue cercano y confiable colaborador, en tanto que Luna Martínez suponemos se mantendrá en la subdirección de capacitación.
Se nos figura muy acertada la decisión dada la experiencia de este aún joven pero experimentado profesional de la cosa electoral, aunque ya habrá tiempo parea evaluar mejor su desempeño en la nueva y delicada responsabilidad que asume, con la ventaja de que en efecto, en los últimos meses se dijo y se aseguraba que era el poder tras el trono, que ahora le toca ocupar.
Y luego de enterarnos de las estupideces vertidas en una serie de entrevistas al gobernador más corrupto de la historia de Sonora, proponemos que el cinismo sea tipificado como delito que merece prisión oficiosa. Es todo lo que nos genera esa estrategia mediática de pretendida reivindicación, de un sujeto que debería estar tras las rejas.