La tribu yaqui y los yoris que tienen tomadas las casetas de cobro sobre la carretera de 4 carriles, no podrán quejarse de la buena voluntad y de las buenas intenciones del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien sin embargo desliza la posibilidad de que, si en el segundo de los casos no hay arreglo, tocará al gobierno federal realizar lo que corresponda
La tribu yaqui y los yoris que tienen tomadas las casetas de cobro sobre la carretera de 4 carriles, no podrán quejarse de la buena voluntad y de las buenas intenciones del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien sin embargo desliza la posibilidad de que, si en el segundo de los casos no hay arreglo, tocará al gobierno federal realizar lo que corresponda.
Dimos cobertura presencial a buena parte de la conferencia de prensa que ofreció este lunes el mandatario sonorense y no queda claro que hasta donde le alcanzan sus facultades constitucionales, por él no quedará para que el Plan de Justicia para la Tribu Yaqui se concrete en buenos resultados y se eleve la calidad de vida en sus comunidades.
De igual forma, dijo trabajar en el convencimiento de los piquetes del autodenominado movimiento por el libre tránsito, con el fin de que liberen las casetas de cobro tomadas por voluntad propia, así como ocurre o ocurrirá con los plantones de distintos grupos de la tribu que recaudan cuotas a quienes transitan por la carretera de cuatro carriles y que a su libre albedrío se gastan lo recaudado.
Obvio que la conferencia de prensa fue con el propósito de recrear ante los medios de comunicación lo tratado el pasado viernes con autoridades tradicionales de la emblemática etnia sonorense en Vicam Pueblo, en donde a nivel de acuerdos todavía se establecieron mecanismos para que los ayuntamientos de Guaymas y Cajeme deriven el uno por ciento del predial para obras de beneficio social en comunidades asentadas en su territorio.
Por cierto, quisiéramos creer que se trata de desinformación de parte de quien lo dijo y él por creerle, pero resulta de plano monumental desbarre al dar por cierto el que la reunión citada es la primera de la historia entre un gobernador de Sonora con los gobernadores de los ocho pueblos yaquis y es cuestión de ir al Google o a una hemeroteca para constatar que desde Samuel Ocaña hasta Claudia Pavlovich, pasando por Rodolfo Félix Valdés, Manlio Fabio Beltrones, Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo, sostuvieron no una, sino varias reuniones de esas durante sus administraciones, a excepción de Guillermo Padrés, por razones obvias.
A muchas de esas reuniones dimos cobertura, por lo que es totalmente fuera de lugar dicha referencia “histórica e inédita” alardeada por el titular del Poder Ejecutivo de Sonora, quien podríamos informar que durante los primeros tres años de la gestión de la gobernadora Pavlovich, sostuvo varias reuniones con gobernadores de la etnia, incluido el consumo de rico wakabaque al término de éstas e incluso, hasta Carlos Armando Biébrich se reunió con sus colegas yaquis cuando fueron anfitriones de la visita del presidente Luis Echeverría, la cual dicho sea de paso, promovió Ignacio Martínez Tadeo, quien en esa época era diputado local por primera ocasión.
Como sea, las reuniones de los gobernadores yaquis con su colega que despacha en Palacio de gobierno han sido frecuentes, sea bajo la ramada sagrada o en la misma sede del ejecutivo y hasta en informes de gobierno, sin que tengamos idea si la referencia de exclusividad haya sido por puras ganas de creer, aunque tuvo días para buscar la forma de enterarse que lo que le dijeron es una falacia.
Eso sería peccata minuta solo sujeta a precisiones, que en lo sustantivo, hasta ahora, todo está en el ámbito de las generalidades, pero en cuestión de ánimo pareciera ir viento en popa, sin que se tengan montos específicos que derivarían los ayuntamientos de Cajeme y Guaymas para eso del predial, aunque hubo la precisión, que en lo que respecta a la mudanza de la caseta de cobro de Esperanza a algún lugar entre Loma de Guamúchil y Vicam, lo recaudado no será entregado de forma total a la etnia, sino que será una parte, sin especificar el tamaño de dicha parte, que de todas formas podría ser una muy buena cantidad.
Lo que sí queda claro, que el manejo y aplicación del recurso financiero que sea, será administrado de forma institucional y en función de las prioridades que definan las autoridades tradicionales, quedando pendiente resolver el peliagudo tema de la división interna que desde hace muchos años mantiene en confrontación a diversos grupos y que se refleja en la operación de gobiernos duales en eterna disputa.
Durazo Montaño reconoció la existencia de dicha fractura, así como también que la interlocución de su gobierno junto a la Federación, se da con uno de esos grupos y que su propósito es avanzar en la conciliación como premisa para que el plan de justicia camine de forma más rápida.
Aludió que tal divisionismo se refleja en los plantones que cobran cuotas a viajeros en tránsito por la Carretera Internacional y que la caseta que se planea instalar deberá unificar criterios, y en efecto, desde nuestra perspectiva, un buen monto de recursos cuyo flujo esté asegurado y que se refleje en obra pública, beneficios sociales y mejor calidad de vida, sin duda será el factor fundamental para la unidad interna de la etnia, al concluir la etapa de andar peleando por migajas.
Pero sabe para cuando llegarán esos tiempos tan promisorios, porque de todo ese altero de declaraciones, buena voluntad y mejores intenciones, no hay plazos fijados, al quedar pendiente qué tanto tiempo requerirá CAPUFE para la mudanza de las casetas, cuando además, está el planteamiento de llevarse 40 o 50 kilómetros más al norte la caseta de Hermosillo.
En el caso de los vivales que desde hace años lucran con las tomas de las casetas alegando el derecho constitucional de libre tránsito, el gobernador reiteró que si bien se convenció retirarse a uno de los wevones que la hacía de líder al ofrecerle chamba en su gobierno, también la división llevó a que la mayor parte de dicha pandilla se sostuviera en las tomas.
Tiene razón al señalar que ese es un asunto que compete al gobierno federal, pero que él como gobernador, tiene la responsabilidad de hacer todo lo que se pueda para convencerlos a levantar esos plantones, que si no lo logra entonces quedará como única opción la intervención de la federación como ha sido el caso de otras casetas liberadas en otros estados del país, mediante la intervención de la Guardia Nacional, o sea, sobre aviso no hay engaño.
Respecto al decreto de regularización de carros chuecos firmado por el presidente López Obrador, también fue un tema abordado con generalidades, toda vez que hay que esperar detalles al respecto, así como las reglas de operación de la recaudación que se espera por esos pinchurrientos dos mil 500 pesos por vehículo, sobre cómo se prorrateará lo recaudado entre los municipios para tapar baches.
Por lo pronto, el gobernador no cuenta con datos precisos sobre la derrama económica qie dejará ese decreto de regularización, porque como bien dice, no se tienen datos respecto al número de unidades que se regularizarán, así como tampoco cuenta con los datos respecto a los montos que recibirá la tribu yaqui provenientes de la caseta de cobro que se instalará en su territorio sobre la carretera de cuatro carriles o por el predial que derivarán para la etnia los municipios de Guaymas y Cajeme.
Pero como decíamos al principio, voluntad plena y buenos propósitos son evidentes en el gobernador de Sonora, quien mención aparte, eludió responder sobre la presencia de personajes del padrecismo que han encontrado importantes espacios en su naciente gestión, destacando la balconeada que le pusieron en la mera Mañanera a la flamante directora general de Alcoholes, Cristina Caballero de la Rosa, a quien su pasado padrecista la alcanza, así como la denuncia en su contra por actos de corrupción cuando fue directora de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno de Sonora, que tan bien describió la reportera Reyna Haydee Ramírez frente al presidente.
Pues a lo mejor ese es uno más de los ejemplos sonorenses de cómo la 4T limpia y purifica pasados corruptos con solo dar fe de ser incondicionales de MORENA y sus gobiernos, que no son pocos ni pocas las que han pasado con sonoro éxito dicha aduana y ahora disfrutan del Edén o tierra prometida en la administración de Durazo Montaño.
Por lo demás, este martes hay acción por rumbos del Congreso del Estado, cuyo pleno de la 63 Legislatura dará trámite a diversos asuntos, entre los cuales está la entrega de la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2021, legado indudable de la ya mentada Claudia Pavlovich.
Las receptoras de dicha presea son las ciudadanas Olga Haydee Flores Velásquez, Elizabeth Araux Sánchez, Martha Patricia Alonso Ramírez y Silvia Isabel Núñez Esquer y Guadalupe Taddei Zavala, esta última ya lista para convertirse en super asesora del gobierno estatal como premio a sus invaluables servicios en el pasado proceso electoral.
Por sus repercusiones en lo inmediato, los puntos más importantes son sin duda es las propuestas de acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo de Sonora resuelve enviar para su publicación en el Boletín Oficial la Ley Número 2 y la Ley Número 3 que derogan diversas disposiciones de la Constitución política local, ya que por fin las dos terceras partes de los cabildos municipales de la entidad emitieron la aprobación correspondiente.
Dicho trámite deja la mesa puesta para la aplicación de la contrarreforma a la reforma de mediados del 2018 y abre el proceso de modificaciones en la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción, tanto en el terreno de facultades y responsabilidades, como en la renovación de sus mandos administrativos, que de acuerdo a interesados, en un par de semanas máximo, podrían llevarse a cabo en el caso del Congreso del Estado.
Después de casi año y medio, daremos cobertura presencial a esa sesión o sea que nos vemos en la Cámara de Diputados a media mañana.