Siempre nos ha resultado complicado y difícil el abordaje relativo a asuntos de inseguridad pública y más bien nos atenemos a las generalidades de sus consecuencias en el ánimo y la calidad de vida de la gente, a la recreación de estadísticas o a la actuación de autoridades sobre dicho tema
Siempre nos ha resultado complicado y difícil el abordaje relativo a asuntos de inseguridad pública y más bien nos atenemos a las generalidades de sus consecuencias en el ánimo y la calidad de vida de la gente, a la recreación de estadísticas o a la actuación de autoridades sobre dicho tema.
Como ven, procuramos dejar fuera el detalle sórdido o revelaciones espectaculares y optamos por sesudos y conceptuosos análisis con los que procuramos iluminar la natural inteligencia de nuestros dos o tres lectores, privilegiando las alusiones a servidores públicos involucrados en su combate y sin meternos para nada con los combatidos, aunque a veces la línea entre ambos se difumina.
Desde esa perspectiva, nos llama la atención el nombramiento de María Dolores del Río Sánchez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gabinete de del gobernador Alfonso Durazo Montaño, cuando a ojo de buen cubero y según antecedentes del estrenado mandatario como titular federal del ramo, en lugar de nombrar a un mando civil, debió hacerlo por uno militar.
Sí, resulta paradójico que luego de impulsar la militarización de mandos militares en policías de los principales municipios de la entidad cuando era titular federal, ya como gobernador coloque como líder del combate a la inseguridad a una civil sin mayor experiencia en dicha materia y a la vez anuncie que el brazo operativo de esa Secretaría será elevado a rango de Guardia Estatal de Sonora.
Antes de agregar nada más, primero nuestro absoluto reconocimiento al valor, a la valentía de la exalcaldesa de Hermosillo al aceptar esa riesgosa y estratégica responsabilidad, bajo una perspectiva de que los modelos o el modelo en contra de ese flagelo ha resultado en un fracaso a nivel nacional y que se replica en Sonora.
Además, con dicho nombramiento, nada que reprocharle al ya casi en funciones como alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien como se sabe ha perfilado a otro mando civil para la dirección de seguridad pública capitalina, a Manuel Emilio Hoyos.
Miren, en nuestro caso persiste la esperanza de que por tratarse Sonora de un territorio mucho más pequeño, es posible que para el gobernador Durazo le resulte menos dificultoso implementar lo que no pudo a nivel nacional, incluido el desprecio de mandos militares, a quienes dicho sea de paso, con el nombramiento de Doña Lola, les envió un mensaje “civilista” en plena instalación de la mesa de seguridad en Palacio de Gobierno.
Sí, porque ahí estuvieron Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, hasta hace menos de un año encaramados con él en la destartalada balsa en que navega la estrategia en contra de las bandas del crimen organizado, que tienen al país oliendo a sangre y a pólvora.
Como decíamos, por el bien de Sonora y por la vida de los sonorenses, deseamos de forma ferviente que la señora Del Río responda a la confianza depositada en ella y que Durazo Montaño ahora sí le atine a lo que no pudo atinar cuando despachaba como titular de Seguridad Federal.
Se supone que producto de una buena relación y coordinación entre Estado y municipios se ha logrado mantener a la baja la incidencia de delitos patrimoniales, como son los casos de robo de vehículo, a transeúntes y de casa habitación, que en lo que respecta a los delitos de alto impacto, los relativos a las mafias del crimen organizado, han resultado imparables y francamente en ascenso y es ahí en donde se deberían de aplicar, por supuesto sin descuidar los de orden patrimonial.
Habrá qué ver eso de que el gobernador atenderá personalmente el problema de inseguridad y a fin de cuentas los encargados del rubro sólo se concretarán a operar sus instrucciones durante las sesiones diarias de la Mesa de Seguridad, las cuales dicho sea de paso, ojalá se lleven a cabo por allá en las instalaciones del C5i y no en el Palacio de Gobierno.
Por lo pronto, este martes el flamante mandatario estatal ofreció la primera conferencia de prensa formal, en donde dejó la percepción que su agresiva catilinaria en contra de actores políticos del pasado en esta entidad, fue solo parafernalia para impresionar a sus invitados especiales y justificar su formación cuatroteniana, e incluso, dada la disparatada inclusión del gobierno de Eduardo Bours en el costal del beltronismo, tuvo que deslindar a la gestión del cajemense de dichas intemperancias.
Bien por Durazo que dejó ver que tiene reversa y capacidad para recapacitar en el caso del mejor gobernador que ha tenido Sonora, aunque sería mejor que moderara sus desplantes discursivos que no vienen ni al caso, porque ni modo que posiciones como esa tengan efectos concretos contra los señalados.
Pero más que nada, esa comparecencia ante multitudinaria representación de medios de comunicación fue para dar a conocer la nueva comalada de nombramientos, destacando en primera instancia Arturo Villa Orduño como secretario de Economía, que por razones desconocidas había sido aplazado.
El resto de las calabazas acomodadas en la carreta que conduce Durazo, más bien se trata del pago de cuotas pactadas con las verrugas aliadas a MORENA en el pasado proceso electoral, incluida la farsa que protagonizaron como aspirantes a la gubernatura el Bobo Astiazarán y el Timo Galindo, a quienes como premio les dieron el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, respectivamente.
Como ven, bastante caros salieron esos poco más de 10 mil votos que ambos oportunistas recibieron como candidatos paleros a la gubernatura, en un contexto del más rústico más de lo mismo que retoma el partido oficial en turno.
Y si a Wendy Briceño y a Lorenia Valles les pusieron la mesa para desde la SEDESSON y el DIF estatal construir sus candidaturas a la alcaldía de Hermosillo en el 2024, a Jesús Valencia Guzmán le pusieron a todo el Estado, para desde el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, consolidar a cuadros de MORENA por toda la geografía Sonorense.
Se trata de garantizar una mitad del camino sin sobresaltos para Durazo Montaño, que como sea, esa posición resulta inesperada, ya que todo mundo lo hacía en una subsecretaría de Gobierno, luego de que le atribuyeron la construcción de consensos en el arranque de la legislatura estatal y ahora se enfila también para participar en los cabildeos en apoyo a la citada Dolores del Río para instaurar en Mando Único Policial, en tanto que a Antonio Gallardo le retribuyeron sus servicios prestados con la Comisión de Vivienda.
Al PT ya le tocó una pequeña raja del pastel, toda vez que el delegado nacional en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, pasa a la dirección del Instituto de Becas y Crédito Educativo, y dejamos a propósito al último a nuestra amiga de tantos años Guadalupe Beatriz Aldaco Martínez, Lupita Aldaco pues, quien hizo buenos los pronósticos de que iría a dirigir al Instituto Sonorense de Cultura, a quien le deseamos el mayor de los éxitos al lidiar con el difícil gremio culturero de esta entidad.
También nos da mucho gusto que Francisco Javier Zavala Segura ya funja como Coordinador Estatal del Centro Estatal del Prevención del Delito y Participación Ciudadana o sea a nivel subsecretario y se mantenga como parte del equipo de la flamante Secretaria de Seguridad Pública.
Bueno, hubo más nombramientos como el de Guillermo Díaz Robles, quien luego de ir a todas en las disputas por posiciones en el partido oficial, se incorpora al equipo de Alvaro Bracamonte en la Secretaría de Gobierno como subsecretario de Servicios de Gobierno, en tanto que en la Secretaría de Salud rindió protesta Pedro Fontes Ortiz como director de Infraestructura de Salud.
Y un paréntesis para precisar lo que en los anteriores Entretelones fue especulación: Lirio Anahí del Castillo Salazar, solicitó licencia como diputada local del Partido Verde no para irse al CEDES como era de suponerse o supusimos, si no a la dirección General de Transporte, aunque a lo mejor en dicha instancia podría aplicar sus inquietudes y aptitudes ecológicas.
Otro nombramiento el que la Fiscal General, Claudia Indira Contreras, extendió desde el lunes por la tarde a Rogelio López García como Fiscal Especializado en materia Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia (FGJE), en relevo de Odracir Espinoza. Y una disculpa para la fiscal, ya que en nuestro despacho anterior escribimos Eréndira en lugar de Indira al referirnos a ella.
Por lo demás, es insistente el discurso sobre la insolvencia actual de las finanzas estatales, esas mismas que desde mediados del año pasado entraron en crisis no sólo en Sonora sino en todos los estados del país por la consecuente baja de la recaudación dados los efectos de la pandemia en la actividad económica y la tacañería del gobierno federal en materia presupuestal.
A pesar de saberlo de antemano, el tema de los pocos recursos financieros es recurrente por parte del gobernador, quien sin embargo anunció que arrancará la rehabilitación y equipamiento de 200 centros de salud, en tanto que el director del Isssteson, Jesús Acuña Méndez aseguró que se pondrá al día el pago de jubilaciones y pensiones.
De algún lado debe o deberá salir ese dinero y lo más lógico es que salga de la Secretaría de Finanzas, cuando además, ya debieron cubrirse los recursos reclamados por partidos políticos, que retobaron porque el IEES no les cubría sus prerrogativas y decimos que ya debieron cubrirse, porque no han vuelto a reclamar.
Por supuesto que en materia de salud y educación las cosas no pueden detenerse por un asunto tan mundano como es la falta de dinero y por eso hay que reconocer que se hace lo correspondiente, como es el caso de mantener las acciones para avanzar en la rehabilitación de espacios escolares, tal como lo anunció el nuevo titular de la SEC, Aarón Grageda Bustamante.
Dichas acciones permitirán que para diciembre la totalidad de las poco más de tres mil escuelas de educación básica estén en condiciones de impartirse clases presenciales si así lo permite el semáforo epidemiológico y vaya que espera mucha chamba, ya que como se sabe, alrededor del 40 por ciento de dichos espacios no están en condiciones seguras de operar.