En la guardia tradicional de Vicam, cabecera de los ocho pueblos yaquis, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador incorporar al plan de justicia para esa etnia la cancelación del acueducto El Novillo y sanciones penales contra quienes lo construyeron e iniciaron su operación violando disposiciones legales
En la guardia tradicional de Vicam, cabecera de los ocho pueblos yaquis, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador incorporar al plan de justicia para esa etnia la cancelación del acueducto El Novillo y sanciones penales contra quienes lo construyeron e iniciaron su operación violando disposiciones legales.
Casi al unísono, mas al sur del Estado, en Huatabampo, Guillermo Padrés Elías encabezaba un evento entre militantes del PAN, en lo que representa la primera vez que se atreve a sacar la cara luego de más de seis años en el ostracismo, en la cárcel, como sanciones a su corrupta y múltiples ilegalidades durante gestión como gobernador de Sonora e incluso que haya dejado al citado partido en los linderos de perder el registro ante el descrédito público con que lo cubrió.
El posicionamiento de Cárdenas Solórzano en torno a la construcción del acueducto y su ilegal operación, llevó clara dedicatoria para el político más corrupto de la historia de Sonora, quien con ejemplar desfachatez pretende reverdecer laureles cobrando facturas a liderazgos panistas de quienes sabe mucho, pero que en los últimos años tuvieron que lidiar contra el descrédito social y detener el cerco por haber ganado la gubernatura pero perdido al partido.
Por supuesto que Padrés Elías tiene amplios espacios para operar y hacer activismo con el fin de volver a apropiarse de esas siglas, que por recursos financieros nada de qué preocuparse, porque a fin de cuentas debe andar sumamente sobrado porque mediante una defensa jurídica propia de capos de altos vuelos, salió bien librado y son su inmensa fortuna a salvo.
Además, importantes cuadros de su administración y al servicio de su depredadora gestión, ocupan en estos tiempos importantes posiciones en la burocracia y de representación popular en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, que como sea, constituyen un buen colchón en el margen de operación de su campaña de retorno.
Ahí están por ejemplo Célida López, Alejandro López Caballero, Francisco Vázquez, Edgar Hiram Sallard, Shirley Vázquez, Guillermo González, Patricia Argüelles, Miriam Martínez, Jesús Tadeo Mendívil, Cuauhtémoc Galindo, Samuel Espinoza, Rafael Enríquez, Luis Alfonso Osuna Cota, entre otros, quienes mucho le deben a su mentor 2009-2015 y que ahora disfrutan de la beneficencia de la 4T, luego de su exitoso salto de la liana, sin dejar de lado a Sergio Gutiérrez Luna, ahora en lo más alto de la legislatura federal como diputado de MORENA luego de ser parte muy importante del padrecismo.
En dicho contexto, tiene razón el presidente López Obrador al considerar que sería muy problemático atender la exigencia de Cárdenas Solórzano de cancelar el acueducto El Novillo y más problemático aún el sancionar penalmente a quienes violaron flagrantemente amparos y disposiciones legales en contra de los derechos de la tribu yaqui y de productores del sur de Sonora.
Entre lo problemático que cita el presidente es el abasto de agua que trae el acueducto a Hermosillo, que sin duda es necesaria, pero ninguna necesidad debería ser satisfecha mediante la comisión de delitos y en todo caso se debieron cumplir mandatos legales emitidos a favor de quienes rechazan esa infraestructura, tal como lo exigía de forma permanente el legendario Adalberto Rosas López, Mario Luna, Tomás Rojo y múltiples liderazgos del No al Novillo.
La verdad, es que en ese mundo color de rosa que por lo regular rodea los eventos del presidente de la república, todos los planteamientos hechos por el considerado como la principal fuerza moral de la izquierda mexicana, deben ser muy problemáticos para darles cumplimiento, como son los casos de que se castigue a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Tomás Rojo Valencia y Luis Bruno Domínguez.
“Sería muy problemático”, dijo el torpe en la mañanera de este miércoles, al considerar la imposibilidad de cancelar la fuente de abasto alterna que disfrutan los hermosillenses, sin hacer alusión alguna a los actos ilegales perpetrados para instalar esa infraestructura y mucho menos identificar a los perpetradores, y si le hubieran preguntado, también habría sido considerado problemático el reto de unificar a la tribu yaqui, que a lo largo de más de 30 años opera con autoridades duales, situación que puso de manifiesto el excandidato presidencial en el ceremonial de firma del Plan de Justicia.
De hecho, Loma de Bacum no estuvo representada en dicha firma, toda vez que la estampó el gobernador dual, considerado ilegal por la mayoría de esa comunidad y que incluso se negara el acceso al evento a familiares de asesinados y desaparecidos, así como a la autoridad legítima.
No es la primera vez que las autoridades formales de Loma de Bácum son marginadas de un acto oficial del Plan de Justicia. También ocurrió recientemente, cuando la comisión de vivienda encabezada por funcionarios federales se reunió con las autoridades tradicionales de la etnia y para el evento convocaron al gobernador dual e impuesto por intereses ajenos a la etnia, Juan María Escamilla, denunció el gobernador legítimo, Mónico Valencia Flores.
En serio que en las actuales condiciones, le resultará muy problemático al gobierno de la república llevar a cabo este otro plan de apoyo a la etnia más emblemática de la entidad, ya que adicionales a los problemáticos obstáculos reconocidos por el presidente, hay los otros como los citados por Cárdenas Solórzano y sobre todo, los recursos financieros que por orden de los más de 12 mil millones de pesos requeridos y que sabe de donde salgan en un contexto de contracción y recesión económica que tiende a agravarse en todo el país.
Así las cosas, tal como ha ocurrido en otros tiempos, si no se atienden cuestiones de fondo en la convivencia interna de la etnia, pasará el tiempo y ese nuevo plan se aplicará a cuentagotas y los resultados serán irrelevantes en el tema de los carísimos megaproyectos, así como cuando vino Luis Echeverría y anunció algo similar y que hasta se trasplantaron docenas de palmeras para recrear un escenario mágico a un ceremonial muy similar al de este martes.
En fin, algo será algo si al menos se avanza un poco en las ambiciosas metas del plan de justicia y en todo caso, nos quedamos con el impacto del discurso de Cárdenas Solórzano en torno al acueducto, cuyos efectos comienzan a sentirse y cuyas consecuencias podrían ser mayores al paso de los días, aunque consideramos muy remoto que por ejemplo el gobernador Durazo Montaño comparta tal posicionamiento, primero por lo problemático que ya acotó el presidente y segundo, porque entre sus cercanos y no tan lejanos están los responsables de ilegalidades y sociedades depredadoras durante el padrecismo.
Y lo más importante es que al presidente y al mismo gobernador no les resultó la pretensión de utilizar al michoacano como parte del paisaje histórico diseñado para ese evento, ni pudieron usaran ese simbolismo encarnado por Lázaro Cárdenas, como encubrimiento del despojo.
Mientras tanto, por fin hubo acuerdo en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la 63 Legislatura de Sonora y en la sesión de este jueves habrán de ser integradas 28 comisiones de dictamen legislativo, trámite que se cumplimenta en tiempo y forma en función de la fuerza que tiene cada partido en la representación popular sonorense.
Al menos en la integración de 28 comisiones de dictamen legislativo se pusieron de acuerdo Ernestina Castro Valenzuela, Ernesto de Lucas Hopkins, Ernesto Kiko Munro, Sebastián Orduño Fragoza, Fermín Trujillo, Claudia Zulema Bours y Rosa Elena Trujillo, pastores de las bancadas de MORENA, PRI, PAN, PT, Panal, Verde y MC, respectivamente.
Así las cosas, quedarán debidamente integradas las comisiones de Educación y Cultura, Fomento Agrícola y Ganadero, Pesca y Acuacultura, Obras y Servicios Públicos, Asuntos Fronterizos, Fomento Económico y Turismo, De Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, Salud, Para la Igualdad de Género, Asuntos Indígenas, Ciencia y Tecnología, Transporte y Movilidad, Minería, De los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, Protección Civil, Desarrollo Social y Asistencia Pública, Del Agua, Asunto del Trabajo, De Deporte y Seguridad Pública.
Por el peso numérico de los grupos parlamentarios, 11 de las presidencias de esas 28 comisiones serán para MORENA, para el PRI, PAN y PT, tres para cada uno; dos para el Verde, Panal y MC, y una presidencia para el PES y otra para el PRD, sin que tengamos idea porque no quedaron listas las de Vigilancia, la de Gobernación y Puntos Constitucionales, entre otras que también son de dictamen, cuando hay que recordar que ya quedaron integradas las de Presupuestos y asuntos municipales y la de fiscalización que presiden Rebeca Silva Gallardo y Natalia Rivera, respectivamente.