La interrogante tiene motivos bien fundados, toda vez que los responsables de implementar el Plan de Justicia para los pueblos yaquis, ordenado por el presidente, esto es los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y Hugo Aguilar, están utilizando la bolsa de apoyos asistencialistas para la tribu, que dispone el plan, como un instrumento de chantaje -violando los usos y costumbres- para que los gobernadores tradicionales firmen documentos en los que estarían admitiendo que el Acueducto Independencia, que desvía importantes caudales del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, no afecta a las necesidades existenciales de la etnia
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La interrogante tiene motivos bien fundados, toda vez que los responsables de implementar el Plan de Justicia para los pueblos yaquis, ordenado por el presidente, esto es los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y Hugo Aguilar, están utilizando la bolsa de apoyos asistencialistas para la tribu, que dispone el plan, como un instrumento de chantaje -violando los usos y costumbres- para que los gobernadores tradicionales firmen documentos en los que estarían admitiendo que el Acueducto Independencia, que desvía importantes caudales del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, no afecta a las necesidades existenciales de la etnia.
En sus afanes refundacionales, a los directivos del INPI no les importa la historia. Parecería que la idea de “hacer historia”, implica borrar el pasado y empezar “todo de nuevo”. Esa especie de dogmatismo ideológico, los lleva a despreciar el decreto de Lázaro Cárdenas, que además de asignar un volumen especifico de agua para la tribu, establece uso y destino del recurso con la intención de fortalecer al Valle del Yaqui como una de las principales regiones del país productora de granos básicos. Los textos de Cárdenas al respecto explican la nobleza del decreto: lograr la convivencia armoniosa entre yoris y yoremes para fortalecer la integridad nacional.
Está documentado que el INPI, ha tomado como consigna lograr concluir la imposición del Acueducto Independencia, no obstante que sobre la obra pesan procesos judiciales incumplidos por las autoridades federales y otros que están en curso. En esta tarea si mantienen “continuidad histórica”. Se empeñan en darle legitimidad a toda la serie de atropellos cometidos por los gobiernos de Calderón, el ex gobernador Padrés y Enrique Peña Nieto, para hacer de la perniciosa obra una realidad de fuerza.
Desde que se inició con el proceso de la implementación del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, los encomendados por el presidente, rompieron con los protocolos que definen los usos y costumbres de la etnia, mismos que disponen que todos los asuntos que impliquen relaciones y acuerdos con las instituciones estatales o federales, en los que se discuta la existencia y futuro de la tribu, se deben tratar en los recintos sagrados de las Guardias Tradicionales, donde además de las autoridades, participan las mujeres y hombres de la tropa yoeme.
Por más de un año, lograron sacar las reuniones de las guardias tradicionales, y montar formatos de asamblea donde los directivos del INPI, acompañados de funcionarios federales, imponían la agenda de la discusión y definían las conclusiones y acuerdos. Con este mecanismo estuvieron dislocando la participación de la tropa que se apoya en una fuerte tradición oral para la defensa del territorio y del agua. Pensaron que esto les permitiría desvincular a los gobernadores de la tropa para someterlos a la idea de que acepten el desvío de las aguas del Río Yaqui a otro destino y otros usos que ilegalmente se hace con el Acueducto Independencia.
Pero el viernes 6 de agosto, los ladrillos que habían montado para estos fines, se vinieron abajo. En cuanto la reunión se realizó en una Guardia Tradicional, en este caso en el Pueblo de Vícam, las autoridades tradicionales le dieron la voz a la tropa. La defensa del decreto de Cárdenas realizada por los yoremes y la condena al desvío de las aguas del Río Yaqui que ilegalmente se realiza por medio del acueducto fue contundente.
Esto no quiere decir que el INPI, no continuará con sus empeños, pero si es momento de que el presidente de la república intervenga. El mensaje es claro: ningún yoreme rechaza el Plan de Justicia, pero la mayoría no están dispuestos a aceptar darle otro uso y destino a las aguas del Río Yaqui, como ilegalmente se hace con el acueducto, porque eso representaría sepultar el decreto de Lázaro Cárdenas.