Por allá en junio del 2019, aún recordamos al presidente Andrés Manuel López Obrador con su gesto como de travesura, de quien cree exponer una brillante propuesta, sus tradicionales manoteos como si con las manos forzara sacar las ideas de su sesera y a jalones las palabras de su boca
Por allá en junio del 2019, aún recordamos al presidente Andrés Manuel López Obrador con su gesto como de travesura, de quien cree exponer una brillante propuesta, sus tradicionales manoteos como si con las manos forzara sacar las ideas de su sesera y a jalones las palabras de su boca.
Fiel a sus tradicionales catilinarias mañaneras que ya habían tomado fuerte aviada, que para evitar actos de corrupción, la Tesorería General de la Federación entregaría recursos financieros de forma directa a comités integrados por madres, padres y los propios estudiantes a partir de 4° grado, así como directivos y docentes de cada plantel, quedando fuera la intervención de cualquier otra dependencia del gobierno en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de espacios escolares.
En septiembre siguiente, producto de la contrarreforma educativa, desaparecieron de la Ley General de Educación, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y pocos días después el mismo presidente dio a conocer el programa la Escuela es Nuestra, al que se derivarían de forma inmediata 20 mil millones de pesos y se incluiría el doble de recursos en el presupuesto 2020.
Incluso se emitieron lineamientos para la integración de los mentados comités escolares y se anunció que en pocos días miles de escuelas del país tendrían debidamente formulados proyectos de inversión, con especial atención a planteles ubicados en zonas marginadas del país y de las grandes urbes que entregarían 50 mil pesos los de una población escolar entre 1 y 50 alumnos; entre 51 y 150 alumnos, se entregarían 200 mil pesos y los de 151 y más la entrega sería de 500 mil pesos.
Como se sabe, para marzo del 2020 ya teníamos encima la pandemia del Covid-19 y aunque como también se sabe, a pesar que el presidente y sus “científicos” desdeñaron la peligrosidad del virus hasta por allá a mediados del año y aseguraban que era cuestión de días para retornar a la normalidad, nada se avanzó en la integración de esos comités escolares y los planteles quedaron en el abandono, porque con la excusa de la pandemia, docentes y directivos escolares, y hasta conserjes, ni siquiera se pararon en sus centros de trabajo a lo largo de año y medio.
Se estima que con la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Sonora dejó de recibir al menos 400 millones de pesos en el 2020 y otros tantos en el 2021, pero eso no fue limitante para que con ahorros presupuestales se mantuvieran acciones de rescate de escuelas, que de acuerdo a la numeralia del VI Informe de la gobernadora Claudia Pavlovich, a lo largo de su gestión se aplicaron más de cuatro mil millones pesos y en 8 de cada 10 planteles se realizaron obras de mejora, construcción o rehabilitación.
Sobre ese tema, de pésimo producto lácteo el que se publicite que hasta el 80 por ciento de la infraestructura educativa de la entidad no esté en condiciones de reiniciar clases presenciales y que incluso se exija al gobierno saliente que se aplique más para acondicionarla, como si fuera responsabilidad únicamente del Estado, sin tomar en cuenta los efectos de la comentada ocurrencia presidencial de echar andar un programa que quedó simplemente en connato.
Por cierto, dimos seguimiento vía Zoom a la reunión plenaria del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de Sonora, en donde la gobernadora interactuó con alrededor de 700 representantes de la sociedad sonorense, de su gabinete y medios de comunicación, en el marco del último ejercicio de su gestión al frente de las instituciones estatales.
Dicha reunión virtual se llevó a cabo previo a la entrega del VI Informe de gobierno al Congreso del Estado, acto protocolario cuya hora no se ha confirmado al momento de retacar estos Entretelones y sin definirse si la mandataria acudirá a la sede del Poder Legislativo o como se estila en estos casos, lo hará el secretario de gobierno, en este caso el discreto, pero eficaz secretario de Gobierno, Juan Angel Castillo Tarazón.
Para efectos de sexenio, las luces tienden a apagarse para la administración saliente, mientras que para la entrante todo luce luminoso, abonando mucho el buen estado que guarda y hereda la mandataria estatal, más allá de elucubraciones sobre las finanzas o sobre el estado de la infraestructura educativa, rubros donde como ya lo mencionamos, hay estrecha corresponsabilidad del gobierno federal.
Y tales efectos al parecer no desaparecerán como por arte de magia con la asunción de Alfonso Durazo al gobierno de la entidad, ya que contrario a lo que se propagandizó durante la campaña, para nada significa que la federación derivará mayores apoyos, porque de ser así, no se estaría adelantando que se habrá de recurrir al endeudamiento a partir del 13 de septiembre.
A propósito de entregas, el próximo lunes y en atención a lo que marca la ley, el contador mayor del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva, acudirá al Congreso del Estado para entregar a la legislatura estatal el informe de resultados de la Cuenta pública del Gobierno estatal y los dictámenes de cuanta pública de los ayuntamientos.
Ya corresponderá a la 63 Legislatura hacer las revisiones correspondientes en el caso de la cuenta estatal y dictaminar las de los ayuntamientos, en el marco de un trámite anual no exento de rispideces y más tratándose de una diputación a penas haciendo sus pininos, no descartándose que Moya Grijalva tenga que dar terapias a domicilio mediante comparecencia en comisiones, porque ni modo que se llame a exfuncionarios de la administración que está por concluir su encargo.
Pues la entrega del VI Informe y lo de las cuentas públicas, serán los últimos cachos de gloria y de exposición mediática como integrantes de uno de los poderes del Estado, de quienes integran la directiva de la Diputación Permanente, Francisco Javier Duarte Flores, Miroslava Luján, Rosa Icela Martínez, Marcia Lorena Camarena y María Magdalena Uribe, no descartándose que si la gobernadora decida ir a su entrega, por ahí anden los coordinadores de las bancadas del PRI, Rogelio Díaz Brown; del PES, Jesús Alonso Montes Piña y el del PAN, Gildardo Real.
No creemos que asistieran el del Panal, Fermín Trujillo Fuentes o el del Verde, Luis Mario Rivera, quienes como se sabe cambiaron de arrendatario desde el pasado proceso electoral y ahora su alquiler está al servicio exclusivo de MORENA, como antes lo fueron del PRI y del PAN.
Si bien es hasta el 12 de septiembre cuando la gobernadora entregará su estafeta, la entrega a Congreso del Estado del informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio 2020, es el virtual inicio de su séptimo año, que culminará más o menos en octubre del 2022 cuando se revise su ejercicio de los 9 meses que le tocaron en este 2021.
Como sea, ese año que se supone genera incertidumbre entre exgobernadores, en el caso de Claudia Pavlovich no debe representar ninguna fuente de inquietudes, toda vez que su administración es reconocida a nivel nacional por la pulcritud en el ejercicio del gasto, la transparencia, honestidad y rendición de cuentas, aunque no hay que descartar que salte por ahí algún orate que quiera jalar reflectores con efectismos.
Lo cierto es que con todo y la complejidad de estos tiempos en materia de gobernabilidad, Sonora registra muy buenos niveles en los distintos rubros de la administración, que en el caso de la Seguridad Pública, valga destacar la baja de entre el 35 y el 40 por ciento de los delitos patrimoniales, léase robo a transeúnte, a casa habitación y de vehículos, tal como lo dio a conocer el titular David Anaya Cooley.
Como ven, esos delitos corresponden al fuero común y su prevención y combate corresponden a corporaciones municipales y del Estado, quedando pendiente el que la federación con todo y su Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Fiscalía General de la República hagan lo suyo en el caso de los homicidios dolosos relacionados con el tráfico de drogas.
Y mientras se aceleran los preparativos para el inicio de clases presenciales, la secretaría de salud informó este miércoles que México suma 3 millones 271 mil 128 casos y 255 mil 452 muertes por COVID-19 y que en las últimas 24 horas, el país registró 21 mil 250 contagios nuevos y 986 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2, que en materia de fallecimientos es la cifra más alta de decesos que se ha presentado a lo largo de la tercera ola de la epidemia.
Como dato adicional, las autoridades sanitarias creen que, con base en las actas de defunción, la pandemia ha dejado más de 350 mil muertos en el país y estiman que México acumula en realidad 3 millones 456 mil 893 casos de contagio.
Así las cosas con un presidente distante ante cualquier emergencia, como es el caso de los estragos causados por el huracán Grace en Veracruz, en donde cuatro días después del golpe, por fin se apareció por esos rumbos para recabar daños, mientras comunidades enteras se encuentran aisladas y sus habitantes se tienen que conformar con ver sobrevuelos de aviones y helicópteros y sufren carencias básicas como agua para beber, medicinas y alimentos básicos.
Esas son las consecuencias del Fonden y que sus alrededor de 78 mil millones de pesos para atender este tipo de emergencias se hayan ido a sabe dónde y un gobierno al que le corre la sangre muy despacio y opta por actitudes contemplativas ante el sufrimiento de la gente.