La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de volver a clases presenciales llueva, truene o relampaguee a partir del 30 de agosto, es solo un absurdo más de una gestión negligente y temeraria de la pandemia del Covid-19 que ya ha cobrado la vida a casi 250 mil personas según datos oficiales

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de volver a clases presenciales llueva, truene o relampaguee a partir del 30 de agosto, es solo un absurdo más de una gestión negligente y temeraria de la pandemia del Covid-19 que ya ha cobrado la vida a casi 250 mil personas según datos oficiales.
Permitir actos masivos durante el primer semestre del año pasado; el desdén público frecuente sobre la peligrosidad del virus por parte del mismo presidente; supeditar la estrategia sanitaria de contención a sus necesidades políticas; no atender directrices de los organismos internacionales de salud y lucrar política y electoralmente de la catástrofe, ha sido la tendencia de un gobierno arrogante e insensible.
Ahora, en lo más alto del pico de la tercera ola y con la cepa Delta más virulenta, a esa cadena de contrasentidos se suma poner en riesgo a millones de estudiantes de educación básica y media superior, con el argumento de que la educación a distancia ha derivado en baja en aprovechamiento, como si dicho factor fuera más importante que la salud y vidas de las comunidades escolares.
Miren, en instituciones de investigación de prestigio mundial, aún se encuentra en fase exploratoria qué secuelas tendría entre menores de edad enfermar a causa del Covid-19, incluso entre asintomáticos y por lo pronto, no se descartan perturbaciones en la sinapsis por fracturas neurotrasmisoras, a partir de lo que se ha detectado en estudios en casos pediátricos.

En los anteriores Entretelones consideramos que de prevalecer la responsabilidad social en las próximas tres semanas, a lo mejor en Sonora se generarían condiciones seguras para ese importante sector que por su edad no está protegido por la vacuna, pero de hecho, la tendencia es a la inversa, ya que de nueva cuenta, dada la incidencias de contagios, fallecimientos, ocupación hospitalaria, esta entidad retrocedió de nuevo al color naranja del semáforo epidemiológico y en un descuido, en la siguiente evaluación nos vamos al rojo.
Cierto que hay notables avances en el plan de vacunación, con casi dos millones de dosis aplicadas, aunque mucho menos de la mitad completa las dos aplicaciones y que ya es frecuente enterarnos de contagios entre quienes ya tenían las dos vacunas, lo cual se disparará por la necesaria movilidad social que implica regresar a clases presenciales.
No son cualquier cosa un promedio de 400 contagios y una docena de decesos diarios que se han registrado en los últimos días, de acuerdo a los reportes que da a conocer el titular de Salud, Enrique Clausen, así como el alarmante crecimiento de pacientes graves y críticos que batallan por su vida en hospitales del sector público y privado, como para echar andar la maquinaria del sector educativo que implica monumental movilidad social.
Pero ante una decisión presidencial tomada y ya en la recta final de su mandato, la gobernadora Claudia Pavlovich debe someterse a dicha autoridad jerárquica y lo más que puede hacer y lo hace, esforzarse al máximo porque en la fecha decidida en Palacio Nacional, haya las mejores condiciones sanitaria posibles para reducir los riesgos para las comunidades escolares, estudiantes, planta magisterial, personal de apoyo y padres de familia.

Se supone que ya va ser el año que profesores, maestros y personal de escuelas fueron vacunados, sin que se sepa si aún tienen anticuerpos que los protejan del virus o si se contempla la aplicación de otra dosis, que en los que respecta a la población estudiantil hasta secundaria, muy lejos está que les llegue el turno de ser vacunados.
De reconocerse el esfuerzo para avanzar en el plan de vacunación y destacable además la excelente respuesta y la multitudinaria presencia de jóvenes de entre 18 a 29 años en los últimos días, con casi 70 mil dosis aplicadas solo en Hermosillo, luego que en días pasados los centros de vacunación se vieron semivacíos por la falta de interés entre personas de entre 30 y 40 años.
Obvio que conforme avance la cobertura de vacunación los riesgos de contagio se reducirán, así como se reducirá el rigor de los efectos del virus en caso de resultar infectado, pero aún falta mucho para recrear ese entorno más o menos seguro y conociendo a la gobernadora Pavlovich, no recurrirá al “ahí se la echan”, toda vez que ella concluye su gestión el 13 de septiembre, y por eso se aplica con todo para primero salvar vidas y proteger la salud de los sonorenses y segundo, que su sucesor, Alfonso Durazo, encuentre manejable y con el debido control dicha problemática.
Por supuesto que en el marco del proceso Entrega-Recepción se mantiene estrecha comunicación entre los que se van y los que llegan e incluso, era de esperarse que el gobernador electo aceptara la decisión presidencial de regresar a clases y avalara las medidas determinadas por la mandataria estatal en dicho contexto, o sea, no deberá darse por sorprendido si en mala hora ya instalado en la oficina más refrigerada del Palacio de Gobierno, se disparan los contagios derivado de la movilidad escolar iniciada 13 días antes.

Todo eso, todos esos riesgos podrían no serlo si se impusiera la responsabilidad social, esa que resume muy bien el Clausen: “Nuevamente les hago un llamado a la corresponsabilidad social; pónganse ya su cubrebocas, guarden su distancia, estén en lugares ventilados, eviten reuniones familiares o sociales en las próximas tres semanas y, por piedad, vayan a vacunarse contra el virus”.
Habrá qué ver si la conducta social adecuada y las estrategias del sector Salud, logran ese difícil equilibrio de entre frenar el rezago educativo y poner fin al aislamiento de la población escolar en confinamiento y garantizar su salud, la de sus familias, el personal docente y administrativo de las escuelas, como bien estableció el presidente de Coparmex Sonora Norte, Kurt Gerhard López Portillo.
Frente a la variante Delta, que es doblemente más transmisible que el virus original y está atacando más a los jóvenes y a los niños por ser población no vacunada y estar expuestos a una mayor movilidad, el regreso a las aulas debe darse siempre y cuando se cuente con las condiciones mínimas requeridas para que sea seguro, estableció el líder empresarial.
Consideró que antes de un regreso presencial a clases, deben tomarse en cuenta algunas acciones, como: la creación de una mesa permanente con la autoridad educativa; protocolos específicos; debe ser voluntario, gradual y con margen para la auto-gestión; escuelas con presupuesto suficiente y equipadas; aprovechar la experiencia internacional y que los menores de edad también sean vacunados, y en fin, soñar no cuesta nada.

Por cierto, bien la decisión de solicitar comprobantes de vacunación o pruebas negativas al virus con vigencia no mayor a 72 horas para ingresar a establecimientos, que acordaron restauranteros, casineros y en general empresarios dedicados a la industria del entretenimiento y comerciantes, con el fin de además de no ser dispersores del virus, no resultar afectados en sus actividades económicas.
Tal decisión fue aprobada por el Consejo Estatal de Salud y tenemos entendido que este lunes inicia su aplicación a la par que arranca la vigencia del color naranja del semáforo epidemiológico nacional y que los principales municipios de la entidad estén en rojo, de acuerdo al semáforo estatal.
La propuesta fue presentada de forma conjunta por representantes de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos A.C., la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C., Canaco Hermosillo, Canacope Hermosillo, Canirac Sonora, Coparmex Sonora Norte y Canacintra Hermosillo, frente a la amenaza de mayores estragos por la creciente tercera ola que podría llevarlos a la suspensión de actividades.
Por lo demás, acertada la ratificación de la diputada Ernestina Castro Valenzuela como coordinadora del grupo parlamentario de MORENA de la legislatura que asume su encargo el próximo 1 de septiembre, toda vez que resultaría lógico que haya aprendido en los últimos tres años en el desempeño de esa misma responsabilidad.

Suponemos que aprendió y que contrario a lo ocurrido en la legislatura por concluir, ahora sí sumará a sus aliados y esas 12 diputadas y diputados que coordinará, sabrán amalgamarse con los 4 de la bancada del PT; con los dos del Panal, los dos del Verde y la del PES y no debe ser difícil lograrlo si aprende que han más colores que el blanco y negro en el ejercicio de la política.
Si incurre en las torpezas del pasado; su dogmatismo y cerrazón; en el ninguneo y falta de comunicación con la representación aliada, de nada servirá en la próxima legislatura, como de nada sirvió el que MORENA fuera mayoría en la actual, así como de nada serviría si no se despliega el arte de la política con las bancadas de oposición del PRI, PAN y PRD.
Es más, incluso de lograrse la uniformidad entre la mayoría calificada de 22 representantes de MORENA y verrugas en el Congreso del Estado, si no se hace un trabajo político eficiente con autoridades municipales, no pasarán reformas constitucionales que podrían aprobarse en la instancia legislativa, como bien lo señala el siempre bien documentado politólogo Bulmaro Pacheco.
De acuerdo a nuestra carta magna, para ser reformada la constitución se requiere del voto de 22 diputados y 48 Ayuntamientos. En efecto, MORENA tiene los diputados, pero sólo tiene 33 municipios con sus aliados PT y Panal, aunque también está el factor presupuestal, que no vota, pero es una buena arma de convencimiento.