Sabemos del alto compromiso, atención y seguimiento que la gobernadora Claudia Pavlovich le ha dado al tema de la seguridad pública; a sus esfuerzos institucionales de coordinación y colaboración con la instancia federal y el apoyo a los municipios en dicha materia, así como el desarrollo de programas de capacitación y equipamiento tecnológico para la prevención del delito
Sabemos del alto compromiso, atención y seguimiento que la gobernadora Claudia Pavlovich le ha dado al tema de la seguridad pública; a sus esfuerzos institucionales de coordinación y colaboración con la instancia federal y el apoyo a los municipios en dicha materia, así como el desarrollo de programas de capacitación y equipamiento tecnológico para la prevención del delito.
Ha sido muy difícil enfrentar la embestida de bandas del crimen organizado que se disputan territorios y el control de vías de comunicación, dificultades que se complicaron a partir del 2019 por la estrategia federal, que puede resumirse en los famosos abrazos en lugar de balazos y que aún no se advierta que la inventada Guardia Nacional, sea elemento disuasivo para bandas del narco ni que programas sociales sean lo suficientemente atractivos para jóvenes como para evitar su reclutamiento.
Se dice que mal de muchos es consuelo de tontos, pero ni modo, porque lo que ocurre en esta entidad está pasando prácticamente en todo el país y en algunos, corregido y aumentado, pero de que se le han echado las ganas eso resulta indiscutible y así ha sido reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la menor provocación y en su momento también lo hizo Alfonso Durazo cuando era secretario de seguridad federal.
Pero de acuerdo a los saldos que se reportan a diario desde distintos municipios del estado y con manifestaciones explosivas como las de hace unos días en la región de Magdalena, se advierte que está muy lejos el que se logren espacios seguros en la mayor parte de la entidad y ese es uno de los mayores retos, por no decir el más importante, que tendrá el nuevo gobierno a partir del 13 de septiembre.
Hasta hace pocos años, cuando agarrábamos rumbo al rancho allá en lo profundo de la sierra de Yécora, lo hacíamos con el alma en un hilo y rezando a todos los santos para que llegáramos con bien, dada la abierta actuación de sicarios por brechas y caminos y gracias a Dios nunca nos ocurrió nada, salvo sustos esporádicos.
Las cosas han cambiado y se ha democratizado dicha incertidumbre, porque a donde se viaje, sea a Guaymas, Bahía Kino, Ciudad Obregón, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa y puntos circunvecinos, se corren iguales riesgos y los temores son los mismos e incluso mayores.
Esa es una realidad que enfrenta con el mayor compromiso la gobernadora Pavlovich y la batalla el titular de seguridad, David Anaya Cooley en condiciones no las mejores ante un gobierno federal cuyo apoyo por lo regular no pasa de buenas intenciones y reconocimientos declarativos o que simplemente, tanto la Guardia Nacional y programas sociales aún están en fase embrionaria, porque a pesar de que los delitos patrimoniales se han reducido sustancialmente, los de alto impacto de orden federal siguen siendo alarmantemente frecuentes.
Es por todo lo anterior que resulta alentador el compromiso expresado por el gobernador electo en cuanto que ya instalado en su nueva responsabilidad atenderá dicha problemática de forma personal con el fin de “mejorar los estándares de seguridad, porque la inseguridad es una de las variables que más desestimula el establecimiento de inversiones en el estado y su posibilidad de desarrollo”, dijo.
Tenemos la impresión que así lo hizo como titular de seguridad de todo el país y si bien las soluciones prometidas siguen sin conseguirse y son magros los resultados, es de esperarse que al reducirse sustancialmente el área geográfica a sólo un estado del país, estará en mejores condiciones de lograr algún avance, ya que además seguramente recibirá más apoyo federal que su antecesora para ver de qué forma concilia a las bandas en disputa, porque como que combatirlas no es la idea, según los criterios de amor y dulzura que se imponen desde Palacio Nacional.
Entendemos entonces que atender de forma personal la problemática de inseguridad pública tendría que ver con trabajos de inteligencia financiera para anular fuentes de financiamiento que a la vez permitiría desarticular cadenas de distribución o bien apartar varios cientos de millones de pesos para dispersarlos entre ciudadanos de diversas regiones de la entidad con el fin de no caer en la tentación o verse en la necesidad de contratarse con esas bandas para encontrar su sustento.
Damos por descontado que seguirá aumentando el estado de fuerza de la Guardia Nacional así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública, para ofrecer todo un conjunto de circunstancias que podrían abonar a pacificar un poco a esos beligerantes grupos, que como se sabe, andan con toda ella con sus ajustes de cuentas como si les urgiera empatar el acomodo de sus calabazas con el acomodo de las calabazas de la nueva administración estatal.
Pues venga, en buena hora los propósitos de Durazo, quien también deberá aplicarse en tareas de fortalecimiento y saneamiento de corporaciones municipales luego de que la actual administración federal recortó, eliminó o simplemente desapareció el flujo de recursos financieros para equipamiento y capacitación de sus elementos.
Pero primero que nada, a la luz de los resultados, ya como gobernador deberá entender que para contener la embestida de bandas del narco, no basta asistir a las reuniones mañaneras de las llamadas mesas para la construcción de la paz, juntadas que por lo visto tienen sin cuidado a los capos, porque los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto siguen al alza no solo en Sonora, sino en todo el país.
Otro de los temas torales que debe incluirse en la agenda inmediata del nuevo gobierno debe ser el de la tribu yaqui, en donde las cosas lucen muy descompuestas, sin que la famosa mesa instalada por el mismo presidente haya significado mucho de provecho para la emblemática etnia sonorense, quien sufre además el que los programas implementados por el gobierno estatal hayan sido desplazados y que mal que bien paliaban necesidades de esas comunidades.
Y las cosas por esos rumbos están bastante crispadas luego que en calidad de rehenes están al menos 10 integrantes de Loma de Bácum, desde donde se encabeza la resistencia contra la invasión de empresas mineras y que se agudizó luego de las pretensiones de desarmar a la guardia tradicional y tropa por parte de la guardia nacional.
Si, inquietante la versión que circula por esos lares que señala que días antes del masivo levantón, la comunidad de Loma de Bácum expulsó de su tierra al Ejército y a la Sedena, al detectar que estaban haciendo labores de intimidación y por tratar de desarmar a la guardia tradicional de esta comunidad.
Y aseguran que el citado secuestro es una represalia, con la buena noticia de que dichas circunstancias permiten confiar en que permanecen con vida, ya que hasta se sabe que dos de los levantados pudieron escapar e incluso, hasta a una familiar de uno de ellos le fue regresada una camioneta.
A dicho secuestro y la falta de resultados de su búsqueda y rescate, se suma la confusa e inquietante accionar de la Sedatu, que luego de generar expectativas muy alocadas con sus deslindes de tierras y eventuales expropiaciones a particulares, todo indica que quedó en nada, además del insoluble caso del pago por transitar por la carretera de cuatro carriles y el asesinato de Tomás Rojo Valencia.
Es por eso que podría considerarse que el tema yaqui también debe ser una prioridad para el nuevo gobierno, a no ser que a pesar de ser parte de lo mismo, Durazo también sea excluido.
Por lo demás, luego de los desatinados pronósticos sobre las tendencias de la pandemia del Covid-19 en México, Hugo López Gatell al fin se revela como al menos un portador de buenas noticias concretas, al informar que el avance de la vacunación en este país ha reducido en un 30 por ciento la mortalidad y que el 97 por ciento de las hospitalizaciones se trata de personas no vacunadas.
Creemos que ahí si hay que confiar en ese torpe sujeto al tratarse de datos y números a agua pasada, no cuando aseguraba que el virus era inofensivo y que solo provocaba un simple catarro, descartando de plano que México resintiera la ola de muertes que se registraban en el resto del mundo en la primavera del 2020 o que el cubrebocas no tenía ninguna utilidad para prevenir o evitar el contagio.
El citar que la vacunación reduce la letalidad asegura certeza porque así ocurre en otros países y es respaldada por elemental lógica y por eso nuestro reconocimiento porque por fin dio en un clavo y no salió con sus tradicionales estupideces.
Y al estilo de la 4T de pretender gobernar mediante decretos, no hay que descartar que lo que ocurre en el centro del país se extienda a todo el territorio nacional y estemos por entrar en grave crisis de suministro de gas LP, combustible mayormente usado por los hogares mexicanos.
Los sabios que rodean al presidente deberán ser más finitos en el tratamiento de dicho tema porque no basta aplicar control de precios vía Pemex sino hacer previsiones en toda la cadena de suministro y de distribución y sobre todo, atender la evolución de los precisos internacionales, ya que a como están las cosas sólo causarán carestía del producto, así como ocurrió en el caso del combate al huachicoleo.