Estamos a unos días de la realización de los comicios. Los sonorenses vamos a elegir presidentes municipales, diputados locales, federales y al próximo gobernador del Estado
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Estamos a unos días de la realización de los comicios. Los sonorenses vamos a elegir presidentes municipales, diputados locales, federales y al próximo gobernador del Estado. La importancia de esta elección se mide en razón de los graves problemas que aquejan a Sonora y al país. La economía nacional venía registrando un crecimiento económico mediocre, pero en los últimos dos años y medio se descendió por debajo de la línea de cero, alcanzando niveles dramáticos de contracción por el impacto recesivo de la pandemia.
En tales condiciones la política presupuestaria del gobierno federal debió de tomar responsabilidad para revertir el ciclo de desplome, imprimiéndole un vigor extraordinario al gasto público para apuntalar las áreas estratégicas de la actividad productiva e incentivar la rehabilitación de las pequeñas y medianas empresas que están en la quiebra o han cerrado. Pero la política de gasto público no camina en contra de la crisis. Por el contrario, la centralización del presupuesto y su contracción profundizan los procesos recesivos con su consecuente reflejo en el crecimiento del desempleo y la pobreza.
Estas políticas de austeridad se recargaron sobre el sector primario. Actividad que durante las últimas tres décadas se mantenía colgada de alfileres con apoyos compensatorios exiguos, pero la actual administración federal decidió reducirlos prácticamente a cero escudados en el discurso en contra de la corrupción. Sin duda el sector agropecuario es uno de los más castigados por los recortes y sus consecuencias -agravadas por el largo ciclo de sequía- se dejan sentir en el repunte que registran las importaciones de granos y oleaginosas que tan solo en último año, al cierre del mes de abril, se alcanza un record de 13.2 millones de toneladas – principalmente de trigo y maíz- con un valor comercial que ascienda a 5 mil millones de dólares.
La sequía que azota al norte de México, se encima sobre la proyección deficitaria de las cuencas hidrológicas de Sonora, en donde con procedimientos autoritarios, violaciones a la ley y al Estado de Derecho, el gobierno federal, continúa validando la política hídrica de repartir el agua que no alcanza con la operación del Acueducto Independencia , sin importarles que la desviación ilegal de las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo le propicie heridas existenciales a la Tribu Yaqui y afecte todas las actividades productivas del sur de Sonora, especialmente la producción de alimentos.
Sobre la mayoría de los problemas que nos afectan y aquejan, este es uno de los de mayor impacto. Se pretende hacer valer, por la fuerza, una política hídrica dominada por los criterios especulativos privados que estiman el uso del agua y su valor en razón de una taza de retorno monetario, sin importarles las afectaciones sociales y económicas resultantes. Son los intereses que han hecho de la ciudad de Hermosillo el paraíso de la especulación inmobiliaria y están a la expectativa de que la desviación de grandes caudales de las aguas del Río Yaqui les multiplique por millones de dólares el valor de las adquisiciones de miles de hectáreas en la parte norte y oriente de la ciudad capital. Se trata de los sostienen la aberración de que reditúa más dinero un metro cúbico de agua empleado en un campo de golf que el utilizado en una planta de maíz o trigo.
El proceso electoral ofrece la oportunidad de rechazar en las urnas todas estas políticas y también de reivindicar al sur de Sonora como una región estratégica en la vida económica nacional. Es oportunidad de testimoniar con nuestro voto la alianza con la Tribu Yaqui para mandar el mensaje claro de que no renunciaremos a nuestro futuro y a la defensa a nuestros derechos legales e históricos del usufructo de las aguas del Río Yaqui.