En la instrumentación del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ordenado por el presidente, los encomendados presidenciales y titulares del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino y Hugo Aguilar, han hecho de la iniciativa del ejecutivo y de los apoyos que contempla, un mecanismo de chantaje y soborno para que la etnia renuncie a la defensa del agua
Por Alberto Vizcarra Ozuna
En la instrumentación del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ordenado por el presidente, los encomendados presidenciales y titulares del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino y Hugo Aguilar, han hecho de la iniciativa del ejecutivo y de los apoyos que contempla, un mecanismo de chantaje y soborno para que la etnia renuncie a la defensa del agua, concluya la consulta relacionada con la operación ilegal del Acueducto Independencia y termine aceptando el despojo del recurso vital.
Haciendo equipo con identificados personeros del padrecismo, los directivos del INPI en su tarea de terminar de imponer el acueducto, descalifican el peritaje antropológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que con valor jurídico determina los daños irreparables que el acueducto le ocasiona a la tribu y violan sistemáticamente el protocolo que señala los mecanismo y procedimientos relacionados con la consulta a la etnia sobre los posibles daños de la obra.
La consulta a la Tribu Yaqui, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el caso del Acueducto Independencia, al ser la primera ocasión que se ponía en práctica, requirió un protocolo de actuación, apegado a las observaciones constitucionales y a los convenios internacionales firmados por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En estos se dispone que la consulta a los pueblos indígenas debe ser: libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Observaciones que los directivos del INPI se han negado a cumplir, cuando con mala fe distorsionan información y maliciosamente sacan el proceso de las consulta de las guardias tradicionales de los ocho pueblos yaquis, para montar reuniones a modo y en recintos por ellos dispuestos.
Así se ponen en condiciones de definir la agenda, despojar de la voz a la tropa yoemia y en algunos casos no permitir la participación de los defensores legales de la tribu o incluso se reservan el derecho de admisión. Se cuidan de solo introducir a las reuniones a los miembros de la tribu que han sido directamente beneficiados con la entrega de recursos monetarios o con la donación de vehículos (pick ups) a quienes consideran afines o que no estarían dispuestos a disentir frente al claro empeño de imponerles el acueducto.
La mayor violación al protocolo de la consulta, es haber sacado las reuniones de las Guardias Tradicionales. En la estructura de autogobierno de la tribu yaqui, la guardia, es un recinto sagrado donde obligatoriamente deben realizarse todas las deliberaciones y acuerdos que afecten a la comunidad indígena, particularmente los relacionados con el agua y la tierra. Es una falta grave, a los preceptos de buena fe y culturalmente adecuada, que en la instrumentación del Plan de Justicia y la consulta sobre el Acueducto Independencia, las autoridades del INPI hayan decidido darle la espada a las guardias tradicionales y realizar reuniones fuera de ellas por considerarlo más adecuado a sus propósitos.
Los acuerdos en las Guardias, no se toman por votación, es decir las decisiones son por consenso, no por mayoría. La permanencia de una tradición oral en la tribu yaqui hace que sus procesos deliberativos sean en muchos casos largos e intensos. Forma en la que logran memorizar la información y los asuntos relacionados con su tradición y con su vida comunitaria. En el formato deliberativo el Secretario de la Autoridad Tradicional, recibe de las autoridades gubernamentales el asunto a tratar. Se lo comunica al Gobernador Tradicional, este se lo presenta al Pueblo Mayor, quien a su vez se lo trasmite al Capitán para que se comunique a toda la tropa yoemia, quien es la base principal de la deliberación.
Las autoridades del INPI, le están sacando la vuelta a este procedimiento culturalmente adecuado y están violando el protocolo de la consulta porque saben que las reuniones en las Guardias Tradicionales permitiría una amplia participación de la tropa y esta nunca les aprobará la destrucción del decreto de Lázaro Cárdenas que impide la desviación de las aguas del Río Yaqui para otros destinos y usos como se hace y se pretende imponer con el Acueducto Independencia.