Centavear a la tribu yaqui a través de distintas propuestas contenidas en el publicitado Plan de Justicia para los pueblos de dicha etnia, muestra que el gobierno de la 4T considera legítimo un hecho ilegal consumado como lo es la operación del acueducto El Novillo y ofrece minucias a cambio de un bien que se les despoja a diario: el agua
Centavear a la tribu yaqui a través de distintas propuestas contenidas en el publicitado Plan de Justicia para los pueblos de dicha etnia, muestra que el gobierno de la 4T considera legítimo un hecho ilegal consumado como lo es la operación del acueducto El Novillo y ofrece minucias a cambio de un bien que se les despoja a diario: el agua.
A casi un año de ser anunciado dicho plan, no hay nada claro ni tangible que transmute al terreno de los hechos toda una serie de anuncios sobre cientos de acciones y derrama presupuestal del gobierno federal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Rahum, Huirivis y Belén.
Es evidente que este gobierno liberal, juarista, progresista, cardenista y de avanzada ¿? que encabeza Andrés Manuel López Obrador, despliega la estrategia de comprar o al menos anular la superestructura ancestral de forma indigna, con base a engaños, truculencias legaloides y ofertas mercantilistas, y para colmo con propósitos de manipulación electoral.
Ya se veía venir desde que la federación desplazó a la instancia estatal en la interacción con los liderazgos de esa emblemática etnia y con bombo y platillo anunciar inversiones emergentes en infraestructura comunitaria y dejando absolutamente de lado, el litigio y fallos legales que han favorecido a la tribu y a productores agrícolas del sur de Sonora, en contra de la operación del acueducto El Novillo, que desvía grandes volúmenes de agua del rio yaqui hasta Hermosillo.
Para no ir muy lejos, vea Usted la última que se echó Hugo Aguilar Ortiz, Coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien como representante de Adelfo Regino Montes, titular del INPI, descalificó el peritaje antropológico del INAH aceptado como alegato importante ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la defensa del agua.
Para acabar pronto, asegura que cancelar el acueducto implica tumbar las presas, ya que considera que esa infraestructura de contención a lo largo del río yaqui hace más daño a la tribu que el tubo, argumento por demás estúpido y que ofende la reconocida inteligencia de muchos integrantes de esa etnia y que fue refutado puntualmente desde el principio del conflicto por allá a mediados del 2010.
Sabe dónde andarán por ejemplo Mario Luna Romero, Tomás Rojo Valencia y si andan por ahí, sabe cuál es su posición frente al embate de quienes tanto combatieron y que les valió cárcel y exilio, para que de nuevo se agreda de esa forma a la etnia, y sí, cómo hace falta Adalberto Rosas para que ponga en su lugar a esos Adelfos y Hugos que perpetran tan rústicas manipulaciones.
Como con ese tipo de abordajes y consideraciones sin el menor sustento, no podrán convencer a nadie y ante la necesidad de recrear un ambiente de apariencia civilizado que de largas a la definición jurídica en la SCJN, ahora se trata de comprar la conciencia yaqui para que a través de la operación de una caseta de cobro sobre la carretera de cuatro carriles y el cobro de peaje para cruzar su territorio, se olviden del agravio perpetrado con el acueducto y la amenaza de que en Hermosillo se concrete una obra complementaria que incrementaría sustancialmente el caudal que actualmente les es despojado.
Lo de la caseta de cobro solo sería formalizar una situación de hecho que ocurre desde hace muchos años en Vicam, en Loma de Guamúchil y esporádicamente en el entronque con la carretera a Bácum y suponemos que al entrar en operación, será eliminada cuando menos la caseta que está en Esperanza y que los recursos que ahí se capten no serán para Capufe, si no que serán administrados por la etnia para aplicarse en obras de beneficio comunitario.
Todo eso y más ofrece la 4T para que desistan de su lucha legal en contra del acueducto El Novillo y renuncien a su alianza con las fuerzas sociales y productivas del sur de Sonora que también son reconocidas en el decreto de Lázaro Cárdenas como usuarios y destinatarios de las aguas del Río Yaqui, en el marco de una estrategia apoyada por el candidato de MORENA a la gubernatura, Alfonso Durazo, por sus compromisos con el padrecismo que se infiltró en su círculo más cercano.
En fin, habrá que ver si ahora con una caseta de cobro la tribu es convencida de dejar de lado la lucha por el agua, luego que Guillermo fracasara en ese propósito maiceador, erigiendo la gigantesca escultura yaqui en Loma de Guamúchil.
Y lo que son las cosas, valga mención aparte, que uno de los más decididos luchadores en contra del acueducto, Ricardo Bours Castelo, ya como aspirante a la gubernatura y por sus afanes de seducir a sectores del electorado hermosillense, ya dobló las manos y validó el mentado hecho consumado, sin que tengamos idea cual sea el saldo en la cuenta de votos o si a cambio de los que pudiera conseguir en Hermosillo por ese bandazo, cuántos pudiera perder en el sur de Sonora, destacando el tiento hasta ahora de los novilleros frente a la abierta defección del ahora emecista a esa causa.
A propósito de estrategias de campaña, de nueva cuenta el candidato de la Alianza Va Por Sonora, Ernesto Gándara Camou demuestra su capacidad algebraica para la suma y la multiplicación, al incorporar a su equipo a Pedro Angel Contreras, quien como se recordará renunció a la dirección del ISSSTESON para buscar la postulación del PRI a la gubernatura, en abierta competencia contra quien ahora abandera a priistas, panistas y perredistas.
Muy bien por “El Borrego” y mejor por Pedro Ángel, al incorporarse en tareas de generación, captación e integración de propuestas de campaña a través de vertientes relativas a la visión de futuro, evitar el centralismo asfixiante y confrontar y establecer diferencias frente a otras propuestas.
Y nos imaginamos que como aún falta un mes para las definiciones relativas a listas plurinominales, el abanderado aliancista sabrá aprovechar la valiosa experiencia de por ejemplo Natalia Rivera y Miguel Ernesto Pompa Corella, quienes a partir de este lunes andan como chinos libres y eso no es bueno habiendo tanto qué hacer para construir el andamiaje que permita que Sonora siga administrado por personas decentes y capaces.
Y por cierto, no hay nada y nada qué ver esa versión que señala que Natalia Rivera esté por relevar a Ernesto de Lucas Hopkins en la dirigencia estatal del PRI.
Por rumbos de la esquina de enfrente, el ya ungido dirigente estatal de MORENA, Adolfo Salazar Razo ya lidia con las ínfulas “progresistas” de la expanista padrecista Alma Limón, quien tenemos entendido se sostiene como secretaria de Finanzas del comité que encabeza, gracias a los buenos oficios e influencia del su congénere de antecedentes, el empresario y operador financiero de Durazo Montaño, David Alfonso González Morillas, sin que tengamos idea si el sucesor de Jacobo Mendoza ya fue a rendir pleitesía a dicho sujeto.
Por lo pronto, sabe de donde saque ese progresismo la señora Limón, al grado tal que ya se asume como cabeza de una de las tribus que condiciona los términos de los procesos de designación de candidaturas a nombre de un fantasmagórico Bloque Progresista.
No andan bien las cosas entre los morenistas cuando el virus de la reelección ya hace estragos entre impresentables presidentes municipales, como son los casos del de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, el de Empalme, Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, las alcaldesas Rosario Quintero y Sara Valle, que en el caso de la de Hermosillo, Célida López Cárdenas, resulta un riesgoso volado dicha pretensión dada la complejidad de la jurisdicción municipal capitalina, quedando en calidad de excepción el de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, quien al parecer tiene mejor allanado el camino para concretar dicha pretensión.
Por lo demás, vaya desastre que resultó del montaje, del nuevo montaje donde un sujeto con corte militar se metió hasta la cocina en Palacio Nacional y en plena mañanera encontró la atención y consuelo de un comprensivo presidente López Obrador, quien en el reciente pasado les negó a familiares de víctimas del delito y a colectivos feministas “para no dañar la investidura presidencial”.
Nadie se explica cómo ese hombre pudo ingresar a ese resguardado y exclusivo espacio porque a diario, reporteros, fotógrafos y camarógrafos y youtubers se forman para que un empleado de Comunicación Social les dé acceso, una vez comprobado que el código electrónico de los gafetes sea auténtico. En ese lugar están algunos soldados y elementos de seguridad de Hacienda, y pocos metros más adelante otro filtro con un detector de metales y, por último, a la entrada del Salón Tesorería, otros militares y empleados nuevamente revisan, lista en mano, nombres y gafetes.
Obvio que se trató de una faramalla efectista ya que hasta el gesto de supuesta sorpresa del presidente resultó más chafa que un billete de un peso, sumándose además el que en Durango no se tiene ningún dato ni evidencia respecto a los problemas que dice enfrentar el intruso.
Así se las gastan esa caterva de incompetentes.