El Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ordenado por el presidente López Obrador, parece haber quedado en las peores manos. El titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y su ayudante Hugo Aguilar
Alberto Vizcarra Ozuna
El Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ordenado por el presidente López Obrador, parece haber quedado en las peores manos. El titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y su ayudante Hugo Aguilar, terminaron atrapados por los operadores padrecistas que durante ese gobierno se dieron a la tarea de dividir a los yaquis, perseguirlos, empujarlos al exilio y encarcelarlos, junto a otros métodos de fuerza y terror para imponer la operación ilegal del Acueducto Independencia con el que se despoja a la tribu y a las actividades productivas del sur de Sonora de las aguas del Río Yaqui.
Los propósitos justicieros del plan presidencial son incompatibles con la marcada intención de los funcionarios del INPI de que esto se haga a cambio de que los yoremes desistan de su lucha legal en contra del acueducto y que renuncien a su alianza con las fuerzas sociales y productivas del sur de Sonora que también son reconocidas en el decreto de Lázaro Cárdenas como usuarios y destinatarios de esas aguas. Adelfo Regino y su par, Hugo Aguilar, están más empeñados en cumplir los compromisos con el padrecismo y con el candidato de MORENA a la gubernatura Alfonso Durazo, que con las intenciones de justicia para la tribu del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde las primeras reuniones organizadas a mediados del año pasado entre los funcionarios del instituto y la tribu, los encomendados presidenciales pusieron en claro que su cometido era hacer compatible la instrumentación del plan de justicia con la aceptación del atropello que representa la operación del Acueducto Independencia. Para ello han distorsionado datos técnicos sobre la disponibilidad de agua de la Cuenca del Río Yaqui, han omitido los procesos judiciales que pesan en contra de la operación del acueducto e insisten, como lo hicieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, en querer convencer a los yoremes de que el acueducto no les afecta.
Se ha propiciado una fuerte tensión entre la tribu y el INPI, más cuando los integrantes de la etnia se percataron de que mientras estos les prometían justicia, las autoridades federales de CONAGUA y SEMARNAT indebidamente le otorgaban los permisos a la alcaldesa padrecista de Hermosillo, Célida López, para que le diera continuidad a la construcción urbana del acuaférico oriente que pretende incrementar los caudales que ilegalmente se trasvasan por el Acueducto Independencia hacia la capital del estado. Ante la doble cara, la tribu reaccionó e interpuso recursos legales, logrando acciones suspensivas, en diciembre pasado, en contra del acuaférico y también de la operación del acueducto. El nuevo amparo a favor de los yaquis se suma a los ya existentes pero las autoridades responsables se mantienen sin obedecer. Hacen lo mismo que los gobiernos anteriores mientras gritan que no son iguales.
Defienden el Acueducto Independencia con la misma vehemencia que los gobiernos anteriores, avalan todos sus atropellos, litigan con agresividad en contra de la tribu y proceden con una arbitrariedad escandalosa. En la reunión sostenida con las autoridades tradicionales de la tribu a principios de febrero los funcionarios del INPI, SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA, defendieron a coro la operación ilegal del acueducto. Cuestionaron y prácticamente acusaron de ignorante al juez décimo tercero de distrito que le concedió el amparo a los yoremes y ordenó la suspensión provisional del acueducto. Dijeron con toda falsedad que el acueducto contaba con sus títulos de uso de agua, cuando ellos mismos participan en el litigio que mantiene a dichos títulos en la incertidumbre jurídica.
El que tiró la vergüenza debajo de la mesa fue Hugo Aguilar. Se abrió de capa, y como si fuera funcionario del gobierno de Felipe Calderón, lanzó sus mejores piedras en contra del estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que en un peritaje antropológico ordenado por la Suprema Corte, determina que el acueducto le ocasiona daños irreparables a la Tribu Yaqui. El documento –que tiene validez jurídica-Aguilar lo hizo aparecer como una utopía descabellada, al afirmar, mentirosamente, que cancelar el acueducto en atención a ese estudio implicaría derrumbar las presas construidas sobre la Cuenca del Río Yaqui, que a su desorbitado entender le hacen más daño al territorio de la etnia que el acueducto.
Andrés Manuel López Obrador, nombró al titular del INPI como su intermediario personal ante la tribu para instrumentar el Plan de Justicia. Pero el funcionario terminó de interlocutor de los intereses privados que ambicionan los caudales del Río Yaqui como plataforma y proyección de sus grandes negocios inmobiliarios en la ciudad de Hermosillo. En su afán de imponer el Acueducto Independencia, empantanaron las intenciones justicieras del presidente.