Se ha hecho costumbre que los candidatos desarrollen sus campañas caminando en territorios que el sociólogo indigenista, Carlos Castaneda, definía como “realidades aparte”
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Se ha hecho costumbre que los candidatos desarrollen sus campañas caminando en territorios que el sociólogo indigenista, Carlos Castaneda, definía como “realidades aparte”. Construyen su propia realidad con una retórica caracterizada por lugares comunes y simbolismos que brillan porque han sido demasiado sobados. En el caso de Sonora, todos los candidatos a la gubernatura prometen “regresarle la grandeza al estado”.
Expresión que termina en cliché cuando no hay contenido programático en las propuestas y sí mucho espíritu motivacional, más propio de la porra de un equipo deportivo que de una candidatura para dirigir los destinos de un estado en medio de la peor crisis económica y de salud que impacta al mundo, y que en el caso de México se agrava con la terrible crisis de seguridad y la sequía que azota a los estados del norte del país.
Desesperados por exhibir empatía unos se retratan como guías turísticos por el estado, otros se acercan a los perros callejeros para presumir su nobleza o mandan mensajes de salud y exhortos a quedarse en casa para mostrar preocupación por la pandemia. Un desplante de superficialidad bajo la idea de que la gente se alimenta de simplezas.
Recientemente, Alfonso Durazo Montaño, desesperado por sacudirse el mote de candidato impuesto desde el centro y para presumir conocimiento del estado, le pidió al Colegio Sonora que recolectara los trabajos de investigación que ese organismo académico y otros, han realizados durante los últimos años, para que los engrosaran y presumirlos como un libro titulado Sonora 2021. El documento es una colección heteronómica de temas, carente de una guía conceptual. No puede presumir coherencia pero sí grosor: se juntaron novecientas páginas. Una especie de visión caleidoscópica de los problemas de Sonora.
Hasta el momento, ni Ricardo Bours, ni Ernesto Gándara, como tampoco Alfonso Durazo, asumen responsabilidad, ni siquiera en el discurso, por la solución de los problemas estructurales que limitan el crecimiento económico de la entidad. No proyectan un liderazgo que reposicione el papel del estado en el desarrollo económico regional y rehuyen el cuestionamiento a las políticas presupuestarias federales que con austeridad indiscriminada lesionan a la salud, a la educación, la infraestructura económica básica, al sector agropecuario y a los menguados presupuestos municipales.
En el fondo se ofertan como simples administradores del presupuesto público considerado como un activo de los grupos privados que viven a la sombra del mismo para la proyección de negocios particulares, en su mayoría desvinculados del bienestar general. Esto se hace más evidente en aquellos frentes de mayor peso estratégico para la entidad, como es el caso de la desafiante crisis hídrica que se vive en Sonora. Los candidatos, unos de manera explicita y otros con su silencio, consienten la operación ilegal del Acueducto Independencia no obstante que se trata de una obra que profundiza el estrés hídrico de Sonora, al trasvasar aguas de una cuenca -en condición deficitaria como la del Río Yaqui- a la ciudad de Hermosillo.
Con ello le rinden tributo a los grupos económicos que han convertido a la capital del estado en una gran plataforma de negocios inmobiliarios con proyecciones mega millonarias soportados en un criterio empresarial primitivo de comprar barato y vender caro. Los candidatos se pliegan así a una política hídrica que en la práctica estima el agua como una mercancía y menosprecian la gestión de más agua con el proyecto en marcha de la desaladora Guaymas- Empalme-Hermosillo, cuyo primer módulo será terminado este año. Renuncian a una visión de desarrollo regional equilibrado que observe al estado como unidad económica.
A la condición prevaleciente de un déficit en la disponibilidad de agua dulce en el estado, porque los aprovechamientos construidos sobre las tres principales cuencas hidrológicas ya cumplieron su ciclo de capital, se agrega un período largo de sequía que según fuentes oficiales es el más severo de los últimos cincuenta años. En el caso de la Cuenca del Río Yaqui los escurrimientos registran aportaciones que no alcanzan ni el diez por ciento de los registrados el año pasado. Una realidad que prueba lo justo de la lucha sostenida por los productores rurales, la tribu yaqui y los habitantes del sur de Sonora en contra de la operación ilegal del aberrante Acueducto Independencia.
En tales circunstancias, no es correcto preguntarse a cuál de los candidatos hay que apoyar. Lo correcto es pensar en el fortalecimiento social y en la defensa legal de una política hídrica que una a Sonora en la gestión de más agua para todos y no en aquella que, con el reparto de lo que no alcanza, la divide y la confronta.
Ciudad Obregón, Sonora, 13 de enero de 2021