La construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia es un abuso que no se le puede endilgar a un partido político como tal, aunque se realizó durante el gobierno corrupto del entonces panista Guillermo Padrés
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia es un abuso que no se le puede endilgar a un partido político como tal, aunque se realizó durante el gobierno corrupto del entonces panista Guillermo Padrés. Más bien, la obra es el resultado de la visión contenida en las políticas económicas neoliberales que estiman el agua como una mercancía para apalancar negocios privados de grandes rentas monetarias, aunque sus consecuencias sociales y económicas sofoquen el desarrollo, lesionen a las actividades productivas y propicien una mayor desigualdad social.
Avalar esta obra, no solo es consentir la ilegalidad con la que opera, es también endosar esos criterios neoliberales en los que se sustenta y la conducta criminal de los que se acogollaron para hacerla posible. Al respecto, los candidatos a la gubernatura se pliegan a esas inercias que se venden como realidades de fuerza y recientemente Alfonso Durazo Montaño se puso al frente en la defensa del abuso y la ilegalidad, al considerar al Acueducto Independencia como una obra que debe seguir funcionando, sin importar la condición jurídica en la que se encuentre.
El lunes 18 de enero el candidato de MORENA a la gubernatura, ofreció conferencia de prensa y en ella formalizó su respaldo a la operación ilegal del acueducto, además de respaldar la construcción del llamado acuaférico oriente en la ciudad de Hermosillo, proyecto ilegal al pretender conectarse al acueducto, obra que no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental. Y con varios amparos en su contra, trasvasa aguas desde el sitio del Novillo a la capital del estado.
Días previos, Durazo se había reunido con productores rurales del Valle del Yaqui en donde no se atrevió a hacer explícito su apoyo al acueducto y su consentimiento a la construcción del acuaférico. No obstante, sostuvo un discurso para justificar el acueducto y el trasvase de crecientes volúmenes de agua de la cuenca del Río Yaqui a la capital del estado. Sorprendió a los productores cuando les dijo que “Sonora tiene agua suficiente para muchos años” y más cuando contradictoriamente estableció que “el desarrollo de Ciudad Obregón, no debe de estar basado exclusivamente en la disponibilidad del agua”. Invitó a los productores a pensar en otras cosas, supuestamente relacionadas con el desarrollo de la región. Trató de convencerlos de lo imposible al desvincular el crecimiento presente y futuro de la disponibilidad del agua.
Los dichos del candidato morenista se acercan mucho a las falacias sostenidas por Guillermo Padrés para justificar el despojo de las aguas del Río Yaqui al pueblo yoreme y a las actividades productivas de los municipios que se inscriben en la dinámica económica del Valle del Yaqui. Se alejan de la realidad hídrica de la entidad y de los estudios oficiales que documentan la condición deficitaria en que se encuentran las principales cuencas hidrológicas del estado. Cuadro que se agrava con el largo ciclo de sequía que ha venido golpeando al norte de México y que entidades como CONAGUA califican como la sequía más severa de los últimos cincuenta años.
Es pues absurdo e irresponsable presumir que se tiene agua para muchos años, solo con el propósito de justificar la operación ilegal del acueducto y de rendirle servidumbre a los intereses privados que han hecho de la ciudad de Hermosillo foco de atracción, sede y paraíso de la especulación inmobiliaria.
Se observa que Durazo tiene más interés en mandarle un mensaje de confianza a los especuladores inmobiliarios, que en atender una discusión en serio sobre cómo resolver el grave problema de la falta de agua que padece Sonora. Acaso por eso en su respaldo al Acueducto Independencia y al acuaférico capitalino, no cuidó ni las más elementales formas de respeto a la ley y al Estado de Derecho. Al inclinarse frente a la obra conocida como monumento a la corrupción, le hizo reverencia también a toda la cauda de atropellos –incluido el encarcelamiento, persecución y exilio de yaquis- que ha acompañado su construcción y su operación.
La estrategia de violaciones a la ley que fue trazada para tratar de imponer este proyecto, tuvo como propósito deliberado llevarlo ante la opinión pública a la condición de “hecho consumado” para difundir el sentimiento de que “palo dado ni Dios lo quita”, conocida popularmente como la “jurisprudencia del padrecismo”. Afortunadamente la defensa legal al respecto está viva y el derecho contempla que actos ilegales nunca deberán de ser considerados hechos consumados, más cuando sus daños son de tracto continuo, es decir permanentes.
Por el bien de Sonora, los candidatos deberían de alejarse de toda esta porquería y reconocerse en una discusión científica y técnica que confluya en el hecho incontrovertible de que Sonora debe de fortalecer su unidad en torno a una política de gestión de más agua con los proyectos en curso de la desalación de agua de mar y el impulso a las grandes obras de gestión de agua como el Plan Hidráulico del Noroeste,(PLHINO).
Siempre será mejor unir a Sonora en la lucha por más agua, que dividirla con el reparto de la que no alcanza.