El 10 de junio de 1939, el presidente de México, General Lázaro Cárdenas, dos años después de haber dictado el acuerdo presidencial que le restituye territorio y agua a la tribu yaqui, realizó una reunión con los gobernadores tradicionales en el pueblo de Potam, para ratificarles de manera personal el reconocimiento del gobierno a la propiedad de la tribu en una extensión aproximada de 400 mil hectáreas
Por Alberto Vizcarra Ozuna
El 10 de junio de 1939, el presidente de México, General Lázaro Cárdenas, dos años después de haber dictado el acuerdo presidencial que le restituye territorio y agua a la tribu yaqui, realizó una reunión con los gobernadores tradicionales en el pueblo de Potam, para ratificarles de manera personal el reconocimiento del gobierno a la propiedad de la tribu en una extensión aproximada de 400 mil hectáreas. En esa ocasión, Cárdenas le dio lectura a un documento, en el que sostiene que el gobierno, para definir la restitución de tierras tomó en cuenta a la población de la tribu que habitaba dentro de la misma zona y además consideraba a los yoremes que estaban en otras partes del país prestando servicio en el ejército o viviendo en los Estados Unidos.
Las precisiones del presidente Cárdenas, pretendían darle la confianza a la tribu de que establecida la restitución contaban con el territorio y los recursos naturales suficientes para que pudieran desarrollarse con amplitud y con la certeza de una territorialidad bien definida. Les explicaba la improcedencia de atender reclamos o derechos territoriales otorgados por la Corona Española en 1740, pues desde la conformación del Estado Mexicano -después de la independencia y la revolución- los gobiernos anteriores al de su presidencia, autorizaron la radicación de distintos núcleos de población en donde actualmente se ubican la mayoría de los municipios del sur de Sonora, ejidos, ranchos y propiedades rurales que son parte de la dinámica productiva de la región.
En este documento, presentado en 1939 en el pueblo de Potam, como en otros escritos del presidente Cárdenas relacionados con su empeño en llevarle justicia a los pueblos yaquis, se hace notar la preocupación del general por elevar los niveles de vida del pueblo yoreme y también que las autoridades tradicionales apreciaran las razones expuestas por su gobierno “para encontrar una solución que liquide definitivamente las diferencias que han existido entre la tribu y el resto de la población mexicana, para mantener el conjunto en perfecta armonía y dar así mayor fuerza a nuestra propia nacionalidad”.
Bien haría el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y quienes operan la implementación del llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en retomar esta experiencia histórica y revivir la intención del presidente Cárdenas de observar a la tribu y su territorio como parte de un conjunto inserto en la dinámica social y económica de la región, contrario a alentar una visión autárquica y de tensión permanente cuyas consecuencias debilitan a la tribu, la radicalizan, alientan la fragmentación y enfrentan a la comunidad indígena con la vida social y productiva del sur de Sonora.
Lo peor es que esto se haga para darle cumplimiento al pernicioso refrán de que “en río revuelto ganancia de pescadores”, con la intención de destruir la alianza de los yaquis con los productores rurales y con los habitantes de los municipios de la región que se ha mantenido en la defensa de las aguas del Río Yaqui y en contra de la operación ilegal del Acueducto Independencia, que violentando el decreto de Lázaro Cárdenas, trasvasa agua a la ciudad de Hermosillo.
Existen testimonios que comprueban que Adelfo Regino y quienes instrumentan el Plan de Justicia ordenado por el presidente, incitan esta política de choque de la tribu con los habitantes del Valle del Yaqui para quebrar la unidad y la capacidad de movilización en contra de que las aguas del Río Yaqui tengan otro uso y destino con la operación del acueducto que las desvía a la Cuenca del Río Sonora. Hay testimonios de que les prometen a los yoremes más agua a cambio de que acepten la operación del acueducto, anticipando con ello un conflicto entre los yaquis y los usuarios de la misma cuenca.
El Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, tiene que ser un elemento integrador de la tribu a las actividades productivas de todo el sur de Sonora y no la proyección irresponsable de una utopía autárquica que mantenga una tensión permanente entre los yaquis y los habitantes del sur de Sonora. Parecería que el director del INPI no ha se ha tomado el tiempo de conocer la experiencia del presidente Cárdenas con la tribu yaqui, confunde transformación con anarquía y revolución con caos.