La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sigue haciendo lo mismo en un gobierno que insistentemente sostiene que no es igual a los anteriores
Alberto Vizcarra Ozuna
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sigue haciendo lo mismo en un gobierno que insistentemente sostiene que no es igual a los anteriores. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está a semanas de cumplir dos años de ejercicio constitucional, mismos que tiene la CONAGUA tapándose los ojos y los oídos frente a la evidente operación ilegal del Acueducto Independencia, obra que trastocando el decreto de Lázaro Cárdenas desvía importantes volúmenes de agua a la ciudad de Hermosillo con el cometido específico de nutrir los ambiciosos proyectos inmobiliarios de una minoría de especuladores urbanos acostumbrados al dinero fácil.
Este jueves12 de noviembre, estará la directora nacional de la dependencia, Blanca Jiménez Cisneros, en el territorio de la Tribu Yaqui, para tratar los asuntos relacionados con los derechos de agua del pueblo yoreme, observados en el decreto de Lázaro Cárdenas. La visita se inscribe en el proceso del Plan de Justicia para los ocho pueblos yaquis, que a iniciativa del presidente instrumenta el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, (INPI).
Desde que se dio a conocer el Plan de Justicia, el despliegue del INPI y de CONAGUA ha consistido en tratar de convencer a los yaquis de que la operación ilegal del Acueducto Independencia no les afecta. Las ofertas de apoyo para cubrir las necesidades apremiantes de la etnia se dan en el contexto de pedirle a la tribu que se desista de los procesos legales que el pueblo yoreme tiene interpuestos en contra de dicha obra. Una fórmula insostenible: te prometemos un plan de justicia a cambio de que aceptes la injusticia que representa la operación del Acueducto Independencia.
Se deshonra la memoria de Cárdenas, cuando a nombre de su decreto se pretende justificar la ilegalidad del acueducto, más si se tiene en cuenta que tal resolutivo presidencial, además de establecer volúmenes de agua, dispone que el uso y destino del recurso es para el sostenimiento de la Tribu Yaqui y de las actividades productivas del sur de Sonora. Esto es, que las aguas del Río Yaqui no deben de ser desviadas hacía otro destino y otro uso. Admitir y promover la ilegalidad, como lo hacen CONAGUA, SEMARNAT y el INPI, es una violación al Estado de Derecho y una conducta que contradice el discurso presidencial el cual pregona el fin del tráfico de influencias y del “estado de chueco”.
Al respecto, parecería que la CONAGUA de la administración actual, pretende terminar el cometido iniciado por Calderón-Padrés y Peña Nieto, para que el monumento a la corrupción conocido como Acueducto Independencia -que debería de ser motejado como Porfirio Diaz- termine de imponerse y darle gusto a los intereses privados que proyectan grandes rentas monetarias con la expansión urbanística de la ciudad de Hermosillo, sin importarles la existencia de la Tribu Yaqui y las afectaciones a las actividades productivas del sur de Sonora.
El presidente López Obrador sostiene que la paz es resultado de la justicia. No se alcanzará la paz si entidades como CONAGUA y el INPI, insisten en imponer el Acueducto Independencia. La operación de dicha obra profundiza el estrés hídrico de Sonora e incrementa la condición deficitaria de la Cuenca del Río Yaqui. Lo justo es que en obediencia a las disposiciones judiciales y a las observaciones de la Suprema Corte se cancele el Acueducto Independencia y se respalde la política de gestión de más agua con la desalación de agua de mar y con grandes proyectos de infraestructura como el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).