El presidente Andrés Manuel López Obrador, presume que él se presenta a las conferencias mañaneras sin un plan preconcebido
Por Alberto Vizcarra Ozuna
El presidente Andrés Manuel López Obrador, presume que él se presenta a las conferencias mañaneras sin un plan preconcebido, esto es que no realiza una evaluación previa sobre los acontecimientos de mayor peso en la vida nacional y que todo queda a cargo de su instinto e intuición política. El conjunto de contradicciones en las que ha incurrido dan cuenta de que no se trata precisamente de un procedimiento infalible. Sus códigos de comunicación están soportados en axiomas muy simples que le funcionaron como militante de la oposición, pero que resultan claramente insuficientes en las responsabilidades de estado. Más cuando se comprometen asuntos relacionados con la seguridad y la soberanía nacional.
Apoyado en esos axiomas simples, respondió el presidente en la mañana del 16 de octubre, al hecho inaudito ocurrido un día previo por la tarde, cuando autoridades judiciales de los Estados Unidos –por acusaciones de la Drug Enforcement Administration, (DEA), detuvieron a quien apenas hace dos años fungía como Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, acusándolo de narcotráfico y lavado de dinero. El apotegma del presidente puede ser pobre y llano, pero todo le cabe. Los peores acontecimientos le caen “como anillo al dedo”. Inmediatamente ubicó el hecho en el mismo horizonte que el caso de García Luna, para luego enfatizar que uno estaba en el gobierno de Felipe Calderón y el otro en el gobierno de Peña Nieto.
Al concentrase en el cometido de culpar de los hechos al PRIAN, el presidente se olvidó que la acción se realizó por los Estados Unidos, y que se estaba deteniendo a un elemento que compromete a todo el comando de las fuerzas armadas de México. Lo peor es que para fortalecer su tesis de que la causa de todos los males del país es la corrupción, se anticipó al juicio del General Cienfuegos e implicó que los cargos en su contra demostraban que México había vivido un narcogobierno. Luego se declaró a la espera de que se dieran los nombres de funcionarios y militares relacionados con el caso Cienfuegos para suspenderlos y/o turnarlos a las autoridades competentes.
Poner al gobierno de México a la espera de una listas de implicados proporcionada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para proceder a una especie de purga en el gobierno y en el comando militar, es otorgarle toda la autoridad moral a una entidad que ostenta un historial oscuro de protección y encubrimiento a los grandes corporativos bancarios y financieros que son comando y cúspide de la operación internacional del narcotráfico y de la imposición de las políticas económicas globalistas neoliberales.
Es el mismo Departamento de Justicia que ha consentido el lavado de cientos de miles de millones de dólares en el aparato bancario, con multas irrisorias cuyos casos emblemáticos están representados por el Banco Wachovia y HSBC. La misma entidad que encubrió la operación Rápido y Furioso para inundar a México de armas, como es señalado por un informe preparado en el 2011 por el equipo del congresista norteamericano Darle R. Issa y el senador Charles E. Grassley, quienes dicen: “se pusieron las armas en manos de criminales violentos de los cuales el Departamento de Justicia no solamente sabía, sino que los patrocinaba y apoyaba…”. Sin olvidar que fue la institución norteamericana que bajo la cubierta de asesoría, comandó a los jueces corruptos de Argentina y Brasil, para perseguir a Cristina Kirnchner y encarcelar injustamente a Lula da Silva
Desde principios de los años noventa cobró auge el impulso angloamericano de reestructurar las instituciones militares de América Latina bajo la supervisión estadounidense con el impulso de las tesis de una doctrina democrático-liberal que le asigne a los militares una misión más reducida convirtiéndolos en gendarmerías nacionales, casi policías de punto. Se advierte una presión sobre México en ese sentido –y el caso Cienfuegos lo pretenden manipular para nutrir esos fines- en un momento en que las fuerzas armadas en el país son el principal punto de apoyo para el combate al narcotráfico y con un desempeño importante en las pocas obras de reconstrucción física que tiene el gobierno de López Obrador.
Apremia que el presidente abandone sus axiomas simples y deje de pensar que el grave incidente le puede servir para el descrédito de sus adversarios electorales. La agresión no es contra Peña Nieto o Calderón, es contra México. Es momento de convocar a la unidad nacional y poner a la vista de todos los mexicanos la dimensión de los riesgos que subyacen en torno a la perniciosa orquestación del caso Cienfuegos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.