Se formalizó por medio de un decreto del ejecutivo federal la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Se da cuenta del acto en el Diario Oficial de la Federación de este 27 de octubre, en el que se definen los alcances de la misma, integrada por doce dependencias federales, para revisar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorio y aguas del pueblo yaqui, así como las condiciones de desarrollo de sus comunidades y en razón de un diagnóstico sobre tal situación, proponer un plan de justicia para la Tribu Yaqui
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Se formalizó por medio de un decreto del ejecutivo federal la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Se da cuenta del acto en el Diario Oficial de la Federación de este 27 de octubre, en el que se definen los alcances de la misma, integrada por doce dependencias federales, para revisar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorio y aguas del pueblo yaqui, así como las condiciones de desarrollo de sus comunidades y en razón de un diagnóstico sobre tal situación, proponer un plan de justicia para la Tribu Yaqui.
La formalización de tal Comisión, ocurre después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la anunció en la visita del 6 agosto de este año al territorio yaqui, cuando adelantó que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, (INPI) y su director Adelfo Regino estarían a cargo de la instrumentación del denominado plan de justicia. Durante los últimos tres meses, los directivos del INPI con las respectivas promesas de respaldos económicos directos y otros planes de asistencialismo social cargados en una sugestiva bolsa de más de mil millones de pesos, procuran imponerle a la Tribu Yaqui su propia agenda ideológica de demandas con respecto al territorio y el agua.
Por sus prejuicios ideológicos, los directivos del INPI, no ubican el origen de las injusticias cometidas en contra de la Tribu Yaqui, en las políticas públicas que durante las últimas cuatro décadas desmantelaron los programas de crédito, extensionismo e inversión en infraestructura hidroagrícola, provocando un largo estancamiento económico y profundizando con ello la pobreza en el territorio yaqui, afectando las actividades productivas relacionadas con la agricultura en todo el país y en el sur de Sonora. Son las políticas económicas que recargaron sus daños sobre las comunidades indígenas y tienen en la pobreza a ochenta millones de mexicanos.
Al no reconocer que tales políticas son la causa de los males que padece la tribu, entonces los encargados de instrumentar el Plan de Justicia, en forma irresponsable, ubican la causa del problema en todos los vecinos del territorio yaqui. Y con ese esquema incitan a los yoremes -torciendo los contenidos y la intención del decreto de Lázaro Cárdenas- a que hagan reclamos de tierra y agua a las autoridades federales, a sabiendas de que son demandas que físicamente no se pueden cumplir, pero si pueden ser foco de conflicto, división y violencia. Una forma de aislar a la tribu al confrontarla contra toda la dinámica social y económica del sur de Sonora.
La intención de confrontar a los yaquis contra todo el campo social y económico en el que se desenvuelven, parece esconder el propósito de confundirlos y lograr que concluyan la consulta para que terminen aceptando la operación ilegal del Acueducto Independencia. Los discursos de los directivos del INPI en este sentido se han ido descarando conforme pasan las semanas y en los últimos días se presentan como defensores francos y abiertos del acueducto, sin importarles que su operación represente un golpe existencial para los yoremes, al desviar ilegalmente las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, violentando el decreto de Cárdenas que establece con toda claridad el uso y destino de este recurso para el sostenimiento de la tribu y de las actividades productivas del sur de Sonora.
La desfachatez para que el Plan de Justicia ordenado por el presidente, termine siendo un instrumento que facilite la imposición del Acueducto Independencia, se acrecienta cuando operadores del corrupto y represor de yoremes, Guillermo Padrés, se hacen presentes en el territorio yaqui formando equipo con los directivos del INPI.
Usar el Plan de Justicia como oferta a cambio de la aceptación del acueducto, es una contradicción insalvable: te daremos justicia si aceptas la injusticia.