La alianza que se ha tejido entre la Tribu Yaqui, los productores rurales, autoridades municipales, legisladores locales y federales, organizaciones políticas y sociales del sur de Sonora, en torno a la defensa de las aguas del Río Yaqui que ilegalmente se trasvasan a la ciudad de Hermosillo con la operación del Acueducto Independencia, es uno de los activos sociales más importantes para consolidar una política de gestión de más agua y dejar atrás el conflicto y la división que se propicia cuando se impone el absurdo de repartir el agua que lo alcanza
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La alianza que se ha tejido entre la Tribu Yaqui, los productores rurales, autoridades municipales, legisladores locales y federales, organizaciones políticas y sociales del sur de Sonora, en torno a la defensa de las aguas del Río Yaqui que ilegalmente se trasvasan a la ciudad de Hermosillo con la operación del Acueducto Independencia, es uno de los activos sociales más importantes para consolidar una política de gestión de más agua y dejar atrás el conflicto y la división que se propicia cuando se impone el absurdo de repartir el agua que lo alcanza.
El gobierno federal, decidió desdeñar esta fuerza, y lo que es peor, hay indicios de que despliega una estrategia para desarticular esta alianza, aislar a los yaquis y debilitar con ello al movimiento social que por más de una década ha resistido en contra de los intereses privados que obcecadamente se mantienen en el empeño de despojar al sur de Sonora de las aguas que por derecho y decreto les corresponden.
En todo momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a tomar el asunto de la operación ilegal del Acueducto Independencia, no obstante que tiene en sus manos los documentos jurídicos que prueban su ilegalidad, así como la documentación técnica que muestra las afectaciones irreparables de esta obra a la Tribu Yaqui, a las actividades productivas del sur del estado y a la sustentabilidad hidrológica de la Cuenca del Río Yaqui.
Los discursos de los encargados de darle cumplimiento al llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, comandados por Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI), se cuidan en forma meticulosa de no mencionar el daño que le ocasiona a la tribu la operación ilegal del acueducto y pretenden sofocar el reclamo con las promesas de apoyos para atender las necesidades más apremiantes de los yoremes. Al mismo tiempo que juegan con las necesidades de la comunidad indígena, les piden que firmen documentos en donde implícitamente la tribu estaría renunciando a sus derechos a la consulta sobre el Acueducto Independencia y otras relacionadas.
A finales de la semana pasada, el titular del INPI, después de anunciar los recursos que el instituto le entregaría a los yaquis por los derechos de vía de paso del ferrocarril, dio a conocer un documento que se proponen sea firmado por los pueblos, al que denomina “Convenio Marco”. En uno de sus numerales, se establece que la tribu yaqui renuncia tácitamente a su derecho constitucional a ser consultada conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Es sabido que el Acueducto Independencia carece de Manifiesto de Impacto Ambiental, precisamente porque no se hizo la consulta en forma adecuada a la tribu. Sobre ello la Suprema Corte ordenó la protocolización de la consulta y un estudio sobre los posibles impactos irreparables a la comunidad indígena con la operación del acueducto, advirtiendo que si estos eran demostrados, la obra se debería de cancelar aún antes de concluida la consulta. Los estudios estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien en un amplio peritaje documenta y concluye que el trasvase de aguas de la cuenca del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo afecta en forma irreparable al territorio y a la vida del pueblo yoreme. Las autoridades responsables durante el gobierno de Peña Nieto, hicieron caso omiso de estas observaciones de la Corte. El gobierno actual, no solo mantiene la omisión, sino se propone regatearle a los yaquis su derecho a la consulta.
Junto al llamado “Convenio Marco”, el mismo INPI hizo circular un amparo con la pretensión de que sea firmado por las autoridades tradicionales. En dicho documento se hacen reclamos territoriales sobre extendidos y que no están contemplados en el decreto de Lázaro Cárdenas, más bien serían reclamos que entrarían en conflicto con el mismo decreto y por supuesto con toda la vida social y económica del sur de Sonora.
Alimentar un reclamo utópico, a sabiendas de que jurídicamente es improcedente, no puede tener otro propósito más que crear un división entre los yaquis y los habitantes del sur del estado, como ya se advierte con las reacciones de poblados y rancherías de la región que han manifestado públicamente sus temores de ser afectados con estas intenciones del gobierno federal.
Darle paso a la guerra de todos contra todos, no es una estrategia adecuada para adornar el rótulo de Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis. El caos es un monstruo que tiene por hábito comerse a sus propios creadores. Ojalá hubiera algunas cabezas con la mesura suficiente dentro de las filas del gobierno federal que entiendan la importancia de proteger y consolidar la alianza de la Tribu Yaqui con los habitantes del sur de Sonora.