Hay similitudes en el conflicto por el agua que padecen Sonora y Chihuahua. Las dos entidades se ubican en el llamado Gran Desierto Americano, tienen la misma precipitación pluvial por el orden de los 428 mm anuales, lo que las define como regiones áridas o semiáridas
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Hay similitudes en el conflicto por el agua que padecen Sonora y Chihuahua. Las dos entidades se ubican en el llamado Gran Desierto Americano, tienen la misma precipitación pluvial por el orden de los 428 mm anuales, lo que las define como regiones áridas o semiáridas. Además de compartir una arraigada vocación agropecuaria y destacar como productores de granos básicos y de otros bienes alimenticios. En lo que resultan idénticas es en el trato que reciben de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), institución creada a principios de los años noventa con el ímpetu neoliberal de medir el uso del agua en función de su tasa de retorno monetario y no en relación a su tasa de retorno social y producción de alimentos.
Esta vieja conducta de CONAGUA continúa intacta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los constantes disparos del presidente en contra de las políticas neoliberales, no afectan a esta entidad responsable del manejo de las aguas nacionales, porque esas balas son de salva. Tanto en Sonora, con la imposición de la operación ilegal del Acueducto Independencia, como en Chihuahua con las extracciones forzadas de la Presa la Boquilla, sobre el Río Conchos (Tributario del Río Bravo) –supuestamente para cumplir compromisos de cuotas de agua con Estados Unidos- lo que se privilegia es el destino del agua a donde se presume tiene mayor renta monetaria, aunque esto lesione a los productores y a la producción nacional de alimentos.
El agricultor del Ejido Bachimba, Raymundo Soto, usuario del Distrito de Riego 05 ubicado en el centro sur del estado de Chihuahua, explica en forma sencilla y clara el padecimiento de estas políticas de CONAGUA, al momento de denunciar las extracciones indebidas que la dependencia pretende continuar realizando de la presa la Boquilla: “…creemos que hay intereses ocultos, intereses mezquinos. Como productores no alcanzamos a dimensionar el compromiso que debe de haber para hacernos un daño de este tamaño”. Luego sugiere las posibles presiones de los Estados Unidos y de intereses ubicados en Nuevo León y Tamaulipas, que reclaman mayores volúmenes de agua bajo el garlito de que en esas zonas el agua tiene mayores rendimientos monetarios.
Nos son distintos los alegatos de los especuladores inmobiliarios de la ciudad de Hermosillo, favorecidos por estos criterios monetaristas de CONAGUA, quienes han impuesto, desde hace diez años, la operación ilegal del Acueducto Independencia, sustrayéndole importantes volúmenes de agua a la Cuenca del Río Yaqui para trasvasarlos a la ciudad capital, pisoteando amparos y violentando el decreto de Lázaro Cárdenas que garantiza el uso y destino de las aguas de esta cuenca en provecho de la Tribu Yaqui y de la producción de alimentos del sur de Sonora.
El acuerdo binacional firmado por México y los Estados Unidos, en el Tratado de Aguas de 1944, que comprende las aguas compartidas del Río Colorado y del Río Bravo, se suscribió al calor de un poderoso impulso de gestión de más agua con la construcción de presas y obras de infraestructura hidráulica en ambos países. Ya se había terminado construir la monumental presa Hoover y las grandes obras de control y regulación sobre el Río Mississippi en Norteamérica. Este impulso visionaba la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos en la construcción de grandes proyectos como la Alianza norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), concebido a principios de los cincuenta para conducir ingentes cantidades de agua desde las Rocallosas hasta el Gran Desierto Americano con beneficios sobre ambos lados de la frontera.
Esta política se empezó a debilitar desde mediados de los años setenta y terminó por abandonarse a principios de los años noventa. Lo que la suplió fue el TLCAN, ahora TEMEC, cuyos empeños comerciales están soportados en la reducción de costos vía la explotación de la mano de obra barata (maquila) y el abandono de la inversión en infraestructura básica relacionada con la gestión de mas agua y energía. El conflicto por el agua en Chihuahua y en Sonora, es una advertencia clara de que estas políticas han llegado a su límite y de no ser revertidas los desenlaces pueden ser fatalmente impredecibles.
Cuando los gobiernos, como el de México, y de otra manera el de los Estados Unidos, se muestran incapaces de darle una salida a estos conflictos, le corresponde a los afectados directos, en este caso a los productores de ambos lados de la frontera, los usuarios de los Distritos de Riego y a la ciudadanía en general, impulsar estos proyectos binacionales que le permitan a la región compartida superar la escasez, ahora agravada por la prolongada sequía que se padece en la región y por el crecimiento en la demanda del recurso durante los últimos años.
El incidente de Chihuahua, podría ser un buen motivo para revisar el tratado de aguas de 1944, no con el objeto de determinar quién se está robando el agua, sino hacer de esta discusión la plataforma de lanzamiento de los proyectos que fueron interrumpidos y suplantados por una política económica que ha demostrado su fracaso. La racionalidad más elemental aconseja que siempre es mejor producir más agua que pelarse por la que no alcanza.