Estamos viviendo tiempos subvertidos. Era normal que cuando una empresa se proponía hacer una obra que le acarrearía beneficios a un municipio, el presidente municipal ocupaba un lugar protagónico en la tarea de facilitar la realización de la obra hasta con incentivos fiscales
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Estamos viviendo tiempos subvertidos. Era normal que cuando una empresa se proponía hacer una obra que le acarrearía beneficios a un municipio, el presidente municipal ocupaba un lugar protagónico en la tarea de facilitar la realización de la obra hasta con incentivos fiscales. Pero no estamos viviendo tiempos normales, y lo peor es que algunos alcaldes no se comportan de manera normal.
Este podría ser el caso del presidente municipal de Empalme, Francisco Genesta, quien desde hace dos meses dispuso de la fuerza pública para detener los trabajos de construcción de la desaladora que se edifica en el sitio del Cochorit, y que en su primera etapa le daría agua a Guaymas y Empalme, sirviendo de plataforma para un segundo módulo que abastecería a San Carlos y Hermosillo, en un eventual reemplazo del Acueducto Independencia que ilegalmente y en violación al decreto de Lázaro Cárdenas, trasvasa agua de la Cuenca del Río Yaqui a la ciudad capital.
La empresa que construye la desaladora, ganó la licitación en un concurso internacional. Ha instalado más de veinticinco desaladoras en diferentes partes del mundo. Se sabe que el proyecto del Cochorit recientemente recibió un premio de transparencia, pero son realidades que poco le importan al alcalde Genesta, quien se niega ha otorgarle a la empresa la licencia municipal de construcción y presiona con ello para que la constructora le pague 500 por ciento más de lo que legalmente corresponde por la anuencia municipal.
Lo aberrante del caso, es que se trata de la obra que vendría a aliviar la añeja necesidad de agua dulce que padecen los habitantes del municipio de Empalme, ahora dilatada por la autoridad que se supone fue electa para velar por sus beneficios.
El problema de la falta de agua del municipio de Empalme es igual de grave que el de Guaymas. Ambos tienen una situación de abatimiento de sus acuíferos, atenuada durante algunos años con la construcción del acueducto Yaqui-Guaymas, que desde la Cuenca del Río Yaqui con una batería de pozos situados en el ámbito del municipio de Cajeme le abastece de agua a esa región. Estos mantos también se están abatiendo y transportando minerales inconvenientes. Situación que señala lo apremiante de la terminación del proyecto de la desaladora, para los habitantes de Empalme y Guaymas.
Es posible que el alcalde de Empalme, esté encerrado en su propia ambición y esto le impida ver las consecuencias de sus actos. O que otros le estimulen la ambición para sabotear la terminación de la desaladora en este año, haciéndole creer que a quien afecta es a una empresa privada, cuando la modificación en los calendarios de terminación de la obra los está causando una autoridad municipal y eso podría poner en riesgo la entrega de los recursos que se mantienen en un fideicomiso a cargo de BANOBRAS, para la terminación del proyecto.
Los afectados inmediatos serían los habitantes de Empalme y Guaymas, pero también la Tribu Yaqui y los habitantes del sur de Sonora, quienes estamos a la espera de que el gobierno del López Obrador atienda la petición de recursos federales para la construcción del segundo módulo que desde el mismo sitio le dotaría de agua dulce a la ciudad de Hermosillo, en sustitución de la operación ilegal del Acueducto Independencia.
Sabotear la desaladora, por ambición o por mala fe, le hace daño a todo Sonora. Esto no puede continuar acompañado del silencio de los ciudadanos, de las autoridades de todos los órdenes, mucho menos de los diputados locales y legisladores federales. No permitamos que la política de más agua para Sonora, que ha unificado a amplias vertientes de la población, naufrague por la codicia de unos cuantos.