La subcultura del ordoneoliberalismo, que impone la regla de la competencia como motivación en todos los rincones de la vida social, tiende a ver a quienes piden limosna en las calles de nuestras ciudades, no como personas que la sociedad les ha negado la oportunidad, sino a individualidades que perdieron competitividad
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La subcultura del ordoneoliberalismo, que impone la regla de la competencia como motivación en todos los rincones de la vida social, tiende a ver a quienes piden limosna en las calles de nuestras ciudades, no como personas que la sociedad les ha negado la oportunidad, sino a individualidades que perdieron competitividad.
Hay una carga de irresponsabilidad en ese juicio. Se echa sobre las espaldas del hombre en el desamparo toda la culpa de su circunstancia y se exculpa así a las políticas públicas que empujan a millones de mexicanos al desempleo y a salir a las calles a extender la mano para no morir de hambre.
Un sentimiento emanado de esa subcultura es el que está siendo estimulado en las redes sociales en contra de la tribu yaqui, porque mantiene bloqueos en el tramo de la carretera internacional que pasa por su territorio y piden apoyo para sostener la lucha en contra de la operación ilegal del Acueducto Independencia; obra que por más de siete años trasvasa importantes volúmenes de las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, afectando el usufructo y destino de las mismas, contemplado en el decreto de Lázaro Cárdenas para el sostenimiento de la etnia y de las actividades productivas del sur de Sonora.
Se registra, en este caso, un ingrediente más despreciable: el racismo. El concurso de descalificaciones ha estado denso; ha habido de todo. Desde la elaboración de videos especiales a cargo de reconocidos personajes estrambóticos que por muchos años han estilado odio en contra de los productores agrícolas de la región y ahora vomitan los peores adjetivos en contra de los yaquis, hasta los tontos útiles que tienen una conducta proclive al linchamiento para ganar popularidad en las redes sociales.
La declinante presencia del Estado, o la subyugación de este a los corporativos privados que buscan el dinero fácil, sin importarles los daños sociales y económicos, propician expresiones de resistencia social, como la que han sostenido los yaquis junto con los productores rurales y la sociedad civil del sur de Sonora en contra de la operación ilegal del Acueducto Independencia. El conflicto inicia y se mantiene por violaciones a la ley, desacatos a disposiciones judiciales y a observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es pues el gobierno el causante de esta situación, y no los yaquis. Felipe Calderón Hinojosa, en complicidad con Guillermo Padrés, pusieron las primeras piedras a esta historia ignominiosa en contra de la Tribu Yaqui. Luego el gobierno de Peña Nieto faltó a su palabra y permitió, en apego a la inercia del tráfico de influencia, que la ilegalidad continuara tratando de suplirla con supuestos acuerdos que permitían la “violación a la ley por mientras”. En más de un año miedo el gobierno de López Obrador se muestra omiso al respecto y en su reciente visita promete curar heridas de hace quinientos o cien años, pero no atiende las causadas hace una década y que se mantienen sangrando.
Los incidentes ocurridos en el sitio de la resistencia que mantienen los yaquis en contra del despojo, no son el objeto de la discusión. El foco de la discusión y los reclamos es que el gobierno se sigue tapando los oídos frente a los apremios de la demanda en contra de la operación del acueducto y pretende diluirla con la diletancia en torno a un Plan de Justicia que promete más conflictos que soluciones.
No hagan de los yaquis y de sus legitimas acciones de resistencia el objeto de la expiación de su cobardía y complacencia frente a las acciones de un gobierno que teniendo todos los elementos legales y técnicos para cancelar la operación ilegal del Acueducto Independencia lo deja fuera del plan de justicia para la tribu.