Ante la falta de condiciones y porque “la situación social actual no es la óptima”, la presidenta de la primera Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora, Diana Platt Salazar, anunció que no está en la agenda legislativa el tema de la construcción del Ramal Norte del Acueducto El Novillo, también conocido como el Acuaférico
Ante la falta de condiciones y porque “la situación social actual no es la óptima”, la presidenta de la primera Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora, Diana Platt Salazar, anunció que no está en la agenda legislativa el tema de la construcción del Ramal Norte del Acueducto El Novillo, también conocido como el Acuaférico.
La expanista y ahora diputada integrante de la bancada de MORENA en la 62 Legislatura Estatal, subió a redes sociales un comunicado oficial que en los hechos suspende temporalmente el trámite legislativo a la solicitud del Ayuntamiento de Hermosillo, para que se autorice a Agua de Hermosillo la contratación, en modalidad de obra pública financiada, de un crédito 370 millones de pesos con el fin de construir la infraestructura que lleve agua al norte de la capital de Sonora.
Sensata la decisión luego de que desde el mismo anuncio del acuerdo de cabildo, generó crispación en amplios sectores del sur de Sonora e incluso, el rechazo de un buen número de diputadas y diputados en el Congreso del Estado, incluidos de MORENA, partido que representa en la comuna capitalina la también expanista, Célida López Cárdenas y que ha venido escalando con bloqueos carreteros de la Tribu Yaqui y amagos de radicalización por parte de productores agrícolas.
De acuerdo a la evolución de los acontecimientos en las últimas semanas, muy cuestionable el sentido común y la ausencia de previsiones al evaluar –si es que evaluaron—las consecuencias de anunciar una obra de esa naturaleza, cuando siguen abiertas las heridas del ejercicio autoritario, ilegal y corrupto de la construcción del acueducto El Novillo.
Enredadas, pero buenas a fin de cuentas las justificaciones de la diputada, al anunciar que por lo pronto el tema del Acuaférico no va y lógica la decisión, toda vez que ni al interior de la legislatura tal propuesta concitaba consensos, tanto en el rubro financiero como en lo social y económico, en un entorno que no se prospectaba un buen futuro para dicha propuesta, ni siquiera en comisiones.
Además, está la creciente beligerancia de miembros de la Tribu Yaqui que desde el lunes a media mañana, bloquearon totalmente el tránsito vehicular de la carretera federal 15 a la altura de Loma de Guamúchil, así como la belicosidad de transportistas varados y ya de por sí encabronados por tener que pagar cuotas de peaje en retenes provisionales de la etnia entre Empalme y Ciudad Obregón.
En la decisión de meter a la congeladora tal propuesta, también debe tener que ver al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que tiene prevista una visita a Cajeme el primer fin de semana del mes de agosto, con el riesgo de que ante esa presencia exploten las inconformidades por tantas promesas incumplidas y agravio de su administración.
También debió gravitar el trabajo de diálogo que por encargo de la gobernadora Claudia Pavlovich realiza desde hace días el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, para coadyuvar en soluciones a una problemática que corresponde al gobierno federal y cuyo principal atorón se localiza en Loma de Guamúchil, que por lo pronto ya la bandera del acuaférico dejó de ser y ahora a buscar salida a toda esa ancestral temática que esporádicamente moviliza a la etnia.
Con ese fin, la gobernadora tuvo comunicación este lunes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además de que ha habido diálogos con Hugo Aguilar, coordinador de derechos indígenas del INPI, así como con representantes de Sedatu y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para generar un consenso y brindar atención a las comunidades yaquis.
Si bien lo del Acuaférico ya quedó resuelto al menos de forma provisional, permanecen causales para la irritación de la etnia y en ese sentido, delicada la denuncia de Sergio Estrella, secretario de la guardia tradicional de la comunidad de Cocorit, al señalar que autoridades federales han amenazado a su tribu con cancelar programas de vivienda por oponerse a los megaproyectos en sus tierras y a la citada obra en Hermosillo y que no se respetaron acuerdos con el mismo presidente López Obrador.
No tenemos la menor idea sobre la identidad del titular de la SEDATU en Sonora, instancia que por acuerdo presidencial se comprometió a emprender un programa de dignificación de viviendas en las ocho comunidades yaquis a cambio de derecho de paso por su territorio de fibra óptica de Teléfonos de México, la construcción de acueducto Yaqui-Guaymas y el oleoducto de Petróleos Mexicanos, así como el paso de vías de ferrocarril y la instalación de torres de transmisión eléctrica.
Y obviamente, ni al caso preguntar qué hace al respecto, que aporta en soluciones a dicha problemática, el inútil y perezoso super delegado Jorge Taddei Bringas.
Es de esperarse que el retiro del tema del acuaférico en el Congreso del Estado, despresurice la situación, sin que por lo pronto tengamos noticias de los efectos de dicho anuncio en el ánimo de quienes bloquean el tránsito sobre la cuatro carriles, aunque habría que aclarar, hasta ahora sólo las autoridades de esa comunidad, Loma de Guamúchil y de la guardia tradicional de Cócorit, son las que participan en dicha movilización.
Al menos en el Congreso del Estado ya no se lidiará con esa papa caliente, aunque les quedan otras por ahí que también demandará la sensatez y responsabilidad que se aplicó para atemperar ánimos en el sur de Sonora, ya que el próximo lunes vence el término para que las dos terceras partes de la representación popular sonorense presentes en una sesión, objeten la destitución de Pedro Pablo Chirinos Benítez de la vicefiscalía en materia de Delitos Electorales.
De hecho esta tarde de martes se lleva a cabo una reunión virtual de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, para forma unida, dictaminar la iniciativa de la gobernadora Pavlovich, del proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código Penal del Estado de Sonora, Código Civil para el Estado de Sonora, la Ley Estatal de Responsabilidades y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, cuyo trámite de pleno podría darse en sesión extraordinaria este próximo jueves o viernes.
Será en función de los consensos en la Comisión de Régimen Interno y Concertación política, si se decide o no otorgarle a Chirinos Benítez su reclamado derecho de audiencia y ahí mismo determinar si el citado ya cumplió su ciclo o no, aunque a decir verdad, la exigencia de permanencia no luce con un buen futuro y a palo dado ni quien lo quite.
A ojo de buen cubero, tal trámite no debería representar ningún problema para quedar firme la decisión autónoma de la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdoba, quedando pendiente la objeción o no de esas dos terceras partes de la legislatura, el nombramiento de Daniel Núñez Santos cuyo término vence el viernes 30 de este mes.
Por cierto, ya se advierte la tradicional compulsión sexista entre quienes la alternancia de género significa tanto, en este caso para promover para dicha posición a Alma Lorenia Alonso Valdivia, segunda opción de la propuesta de la Fiscal al legislativo, aunque jurídicamente no existe previsión expresa para aplicar dicho criterio en el caso de las fiscalías y está además el necesario respeto que el legislativo debe tener por la autonomía y facultades de Contreras Córdoba.
Pues con esos toritos habrán de lidiar las diputadas y diputados en los siguientes días, sin olvidar el pendientito del suspendido juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, quien parapetada detrás de la bancada de MORENA y con feminismos retorcidos, se defiende como gata panza arriba con la pretensión de eludir responsabilidades por actos de corrupción que le imputan regidores de su propio partido y ciudadanos de ese municipio.
Al respecto, bueno el posicionamiento dado a conocer por el coordinador de la bancada del PAN, Gildardo Real Ramírez, quien acusó a su excompañera de partido de intentar distraer la atención del Juicio Político iniciado en su contra argumentando ser víctima de violencia política de género.
“Se aprovecha de una figura legal noble, producto de una larga lucha de muchísimas mujeres y que no se creó para solapar ni ocultar actos de corrupción como los señalados en la administración de la Maestra Quintero”, señaló el Diputado Gildardo Real Ramírez.
Lapidario el experimentado diputado panista al recordar que no sólo la alcaldesa está en la picota, si no también el secretario del ayuntamiento, José Guadalupe Morales Valenzuela y el tesorero, Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, quienes por supuesto no podrían alegar violencia política de género, con el remate: La corrupción no tiene género.
“Es una lástima que la alcaldesa este utilizando un procedimiento tan noble que le costó años a las mujeres crear y establecer. Que puso en riesgo la integridad de muchas y que costo también vidas. Es una vergüenza que el primer expediente presentado en la historia bajo esta figura sea para crear un escudo contra la corrupción y no para proteger a las mujeres”, apuntó.
En dicho posicionamiento, Real Ramírez no dio color respecto a qué es lo que sigue en el hasta ahora suspendido trámite, luego del blindaje cómplice que le aportó a la corrupta los integrantes de MORENA en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.