La inserción incondicional de México a los criterios neoliberales impuestos desde mediados de la década de los años ochenta, moldearon la estructura institucional del país para servirle a la creciente financiarización de la economía global, que exige que los recursos naturales de la nación se pongan al servicio de la renta monetaria y la especulación, con franco desprecio por el fortalecimiento del mercado interno y la industrialización nacional
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La inserción incondicional de México a los criterios neoliberales impuestos desde mediados de la década de los años ochenta, moldearon la estructura institucional del país para servirle a la creciente financiarización de la economía global, que exige que los recursos naturales de la nación se pongan al servicio de la renta monetaria y la especulación, con franco desprecio por el fortalecimiento del mercado interno y la industrialización nacional.
Esto animó a la desaparición de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para crear en 1984 a la dirección de la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), instancia que bajo el efeumismo de la “nueva cultura del agua”, se ha dado a la tarea de imponer el criterio de que la economía se tiene que sujetar a la disponibilidad de un recurso menguante y abandonar los proyectos de gestión de más agua que se alcanzaron a impulsar hasta principios de los años ochenta, como el Plan Hidráulico del Noroeste, (PLHINO), sobre la costa del pacífico y el Plan Hidráulico del Golfo Norte, para el control y aprovechamiento de los grandes escurrimientos del sureste mexicano.
Con la “nueva cultura del agua”, se abandonó el axioma de estimar al recurso como un insumo para la producción de bines útiles en general y en particular como un bien estratégico para la producción de alimentos. Los nuevos parámetros, derivados del neoliberalismo, debilitaron la responsabilidad del estado en el manejo del agua y los proyectos para su gestión quedaron en manos de intereses privados quines miden el uso del agua en función de la renta monetaria y no de la tasa de retorno social y productivo que dichas obras deben de acarrear.
Al calor de estos delirios se acuñó el término de “el mercado del agua” y se realizaron proyectos de gestión –en algunas partes del país- basados en el simple criterio del negocio, sin importan las consecuencias económicas y sociales de los mismos. Fruto de esta doctrina es el llamado Acueducto Independencia, obra que sintetiza con toda perniciosidad la ideología neoliberal de desprecio por el crecimiento económico, por la producción de alimentos y por las comunidades más marginadas como la Tribu Yaqui.
Los intereses agrupados en torno a la construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia, le dan cumplimiento a la frase que no por loca ha dejado de ser memorable, pronunciada por un alto funcionario de CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón: “produce más dinero un metro cúbico de agua empleado en la alberca de un hotel que aquel utilizado en una planta de maíz o trigo.”
Es costumbre del diablo no confesar sus intensiones. Los que especulan con el agua que ilegalmente se trasvasa por el Acueducto Independencia a la ciudad de Hermosillo, hacen lo mismo. Se encumbren en que están priorizando el consumo humano sobre el agrícola, cuando en realidad se despoja a Ciudad Obregón de más de cincuenta millones de metros cúbicos que tenía disponibles para su desarrollo futuro y se le transfieren como suministro al acueducto para ser trasvasados a la ciudad capital.
Los discursos del presidente en contra de las políticas económicas neoliberales, son sistemáticos, como también lo son sus pronunciamientos en contra de la corrupción y del estado de chueco que se contrapone al Estado de Derecho. El Acueducto Independencia está troquelado y nutrido con todas las agravantes que Andrés Manuel López Obrador denosta con su retórica: es un fruto de la política económica neoliberal, de la corrupción, del tráfico de influencias, del atropello y el desacato a disposiciones judiciales. Es también producto de las acciones de fuerza, de la persecución política y del encarcelamiento a miembros de la Tribu Yaqui.
Un buen Plan de Justicia para la Tribu Yaqui y para todo Sonora, empieza con que el presidente instruya a SEMARNAT y a CONAGUA, a que no sigan en la inercia de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto; y en obediencia a las disposiciones judiciales y ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendan y cancelen la ilegal operación del Acueducto Independencia.
Si el presiente quiere mandar un mensaje de confianza y de que su diálogo será provechosos en su visita al sur de Sonora, debería de tomar esta decisión antes de llegar a la región.