La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a diputadas federales una propuesta de reforma por el delito de feminicidio en la que incluye las a
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a diputadas federales una propuesta de reforma por el delito de feminicidio en la que incluye las agravantes de odio y saña, “¿para qué?, para cerrar completa la pinza de feminicidio”, expuso Salvador López, director General de Análisis Legislativo y Normatividad de la FGR, durante el segundo encuentro de funcionarios y legisladoras que pertenecen al Grupo de Trabajo Técnico.
En la propuesta se define que “existe saña cuando se aumenta deliberadamente el dolor de la víctima o el agente actúe con crueldad”. Y por odio: “Cuando el agente lo comete contra una persona por su condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color de piel o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil (y) ocupación o actividad de la víctima”.
A las siete causales que actualmente existen para reconocer los casos de feminicidio en la Ciudad de México, la FGR agrega seis más, como la celotipia, además cuando la víctima se encontrare en estado de indefensión o el sujeto activo estuviere en ventaja sobre aquella y otra causal es que la víctima estuviera embarazada y de esto esté consciente el victimario, de acuerdo con el proyecto al que tuvo acceso Crónica.
La FGR propone que se impongan de 45 a 65 años de prisión y multa de mil a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
“Cuando el sujeto activo tuviere la calidad de servidor público se aumentará hasta en una cuarta parte en sus márgenes mínimos y máximos la pena de prisión impuesta. La pena se agravará también en una cuarta parte en sus márgenes mínimos y máximos de la pena de prisión impuesta cuando la conducta sea cometida por dos o más personas”.
También se advierten sanciones por obstrucción la investigación de los casos de feminicidio:
“Al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en investigaciones o procesos por probable feminicidio, se le impondrá pena de prisión de seis a diez años y multa de quinientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Sobre estos planteamientos, Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que los legisladores harán un análisis técnico y realizarán las observaciones que consideren pertinentes para contar con una propuesta viable. Expresó que ven con buenos ojos que se homologue el tipo penal y algunos temas que se están incorporando, también advirtió que “si queda solo en el Código Penal no va a servir de casi nada, porque no hay delitos de feminicidios que se estén persiguiendo en el ámbito federal documentados, es decir, “hoy, a la fecha, no hay un solo caso de feminicidio que se haya llevado a nivel federal”.
La diputada Verónica Juárez Piña celebró que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y varios congresos locales hayan manifestado su voluntad para combatir el feminicidio en México.
En este sentido, destacó el acuerdo suscrito por la Conferencia Nacional de Procuradurías y Fiscalías de Justicia de los estados, refrendado por el Gobierno de la Ciudad de México, de considerar en principio cualquier homicidio de mujer como un feminicidio. Señaló que la virtud del trabajo emprendido por la Cámara de Diputados y la FGR es que lleva ese acuerdo a rango de ley.
Tanto legisladores como funcionarios de la FGR prevén tener para principios de marzo una propuesta final.