¿Muy sorprendidos con lo que ocurre en la comunidad mormona de Sonora y Chihuahua? Ante el artero ataque sufrido el pasado lunes, que dejó 9 muertos: 6 niños, 3 mujeres adultas, decidieron abandonar sus tierras, sus bienes por lo que tanto trabajaron
Juana María Olguín
¿Muy sorprendidos con lo que ocurre en la comunidad mormona de Sonora y Chihuahua? Ante el artero ataque sufrido el pasado lunes, que dejó 9 muertos: 6 niños, 3 mujeres adultas, decidieron abandonar sus tierras, sus bienes por lo que tanto trabajaron. Uno de los padres que quedó viudo, su esposa y dos hijos entre las víctimas fatales, decidió volver a Estados Unidos, se va con lo que cupo en su vehículo. Es el desplazamiento forzado que deja la delincuencia en amplias zonas del país.
Es una tristeza que ese fenómeno el desalojo obligado de miles de mexicanos que se padece desde hace décadas no se haya notado lo suficiente como para que el Estado lo hubiera combatido con rigor y dureza. Ahora están sorprendidos del éxodo de familias de las comunidades mormonas.
Hay un caso de terror que siempre me viene a la mente, un acaudalado hombre, que vivía en la zona de Álamos, muy cerca de todo lo malo y muy lejos de las autoridades. Un día llegó un grupo armado mató a toda la familia, a él lo dejaron por muerto con heridas graves en la cabeza, pero huyó con las pocas fuerzas que le quedaban. Luego se enteró que con la colaboración de notarios públicos todos sus bienes cambiaron de dueño. Nada le pertenecía salvo lo que traía puesto. Tocó todas las puertas que pudo, jamás le ayudaron.
Tenía delirios de persecución además de otras tantas enfermedades mentales y heridas en cabeza y cara que eran la viva imagen del ataque atroz sufrido. Además, insistía en que lo seguían los sicarios para matarlo. Ante la indiferencia gubernamental solo le pedí aterrada, que aceptara su nueva realidad: ser ahora un sin hogar, sin familia y sin luz en su camino. Huérfano ante el sistema que se negó a auxiliarlo
En otro delicado asunto, que en medio del extenuante esfuerzo del Instituto Nacional de Migración (INM), de lo que sea que sea la Guardia Nacional (GN), organismos denunciaron que indígenas y afromexicanos han sido detenidos y deportados del país. Que éstos dos grupos sociales se enfrentan a la discriminación sistémica e institucional, es decir, se les niega el acceso a los sistemas de salud pública, a las escuelas, son acosados y discriminados en escuelas, el empleo y la vivienda, todo por el color de la piel, lamentan los especialistas. Pobres hermanos, hijos de nadie.
Por si faltara algo ¿qué perdieron el expediente de Gisela Peraza en la Fiscalía General de Justicia que ya estaba listo para su consignación? En el mismo en el que aparece el ex gobernador, Guillermo Padrés Elías y 20 de sus ex colaboradores, así lo denunció Juan Antonio Ortega Luna, hijo del Licenciado del mismo nombre y quien inició la defensa de la víctima. El abogado acusó a la titular de la dependencia, Claudia Indira Contreras de trabajar a favor de los acusados de privar de la libertad y tortura a su representada.
Ortega Luna, sostuvo que la fiscal estatal se ha negado a ejecutar cuatro órdenes de aprehensión, por lo que ya hizo un reclamo por esa irregularidad y, por si fuera poco, por tener a dos de los acusados como empleados en la dirección general de averiguaciones.
Recuerdo al jurista, ya fallecido, Juan Antonio Ortega, quien ahogado en llanto me confío que había días que no tenía ni para la gasolina para seguir adelante en el caso, pero era más su ética y compromiso con Gisela y la familia, por lo que nunca se dio por vencido. Pero le costó la vida, tanta traba y dilación de parte del gobierno del estado. Que dirá Claudia Pavlovich de esto, será bajo su conocimiento que se da protección a los involucrados en este lamentable caso de abuso de poder, de ejercicio indebido de un cargo público ¿y para qué? ahora los funcionarios cometen el mismo atropello, el mismo atentado al no procurar justicia a una víctima que ha esperado demasiado.