Confunden el procedimiento Célida López y ciertos diputados, lamenta
Fernando Gutiérrez R./ Dossier Politico
El Secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Iván Jaimes Archundía, negó que el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, de la subprocuraduría Fiscal de Hacienda estatal, sea promovente en el juicio político contra el ex alcalde de Hermosillo, Miguel Ignacio Acosta Gutiérrez, señalado como responsable de presuntos delitos de corrupción.
El abogado del poder ejecutivo estatal accedió a hablar con Dossier Político en diligente entrevista telefónica y despejó la confusión generada por la parte actora, al incluir en calidad de co-promovente a un funcionario de Hacienda del estado, al parecer sin su consentimiento y autorización para el uso de sus datos personales.
El dislate dio pie a especulaciones de todo tipo y no amainaron. Incluso, algunos informativos y matutinas digitales encabezaron desde el martes algunos despachos así: “Demanda gobierno del estado juicio político contra El Maloro…”
Y coincidió con Dossier Jaimes Archundía al “un tanto sorprendido” que hasta los medios se fueron con la finta por el trato que algunos parlamentarios y la alcaldesa están dando a un procedimiento que debe tener riguroso sentido técnico jurídico, pero como lo han sobrellevado ha trastocado la forma y el fondo en ellos es la confusión, “Además, adolece de inconsistencias, tanto de formalidad como de invasión de competencias.
-¿Hay un chanfle en este asunto, desde el seno del Congreso?, se le pregunto al abogado.
– Caray, no me atrevería a decir eso…no debería haberlo, menos cuando se está ante un tema tan delicado como la procedencia, donde se debe hacer uso con sumo cuidado de lo más preciso de la técnica jurídica. Si hubiera chanfle que grave sería para la institución soberana …ojalá y no.
Dossier también pregunto a Jaimes Archundía a que atribuye que el ayuntamiento haya “llevado al baile” al trabajador de la Procuraduría Fiscal a lo que respondió:
“En materia fiscal hay constante comunicación y así se da entre Hacienda los ayuntamientos, más por razones de que fluya y no se estanque el gasto respecto del ingreso, además hay colaboración contable, fiscal, incluso hay ocasiones en que hay asesorías, quizá en alguna de las partes quizá mal entendió.
No está facultado como funcionario a coadyuvar en pleitos, incluso, porque no tiene facultades un funcionario del estado de intervenir en asuntos legales de otra autoridad de gobierno, en este caso, municipal, como estos no pueden interferir en los nuestros.
Jaimes, aseguró que la gobernadora Claudia Pavlovich siempre ha instruido a los funcionarios a ser respetuosos de las investiduras y de las competencias entre los diversos órdenes de gobierno, por lo que dijo que el estatal siempre ha sido y será siempre respetuoso de las decisiones que tome el ayuntamiento en pleno ejercicio de la autonomía municipal.
Si ha decidido proceder contra El Maloro, está en plena libertad de hacerlo, sobre todo, si hay la presunción de irregularidades, deben agotarse todos los procedimientos para aplicar justicia y deslindar responsabilidades.
“Pero hay algo que cuesta trabajo entender desde el punto de vista jurídico como es por qué el promovente (el ayuntamiento) optó por la vía del juicio político ante el Congreso teniendo más posibilidades de llevar su denuncia en un procedimiento administrativo más ágil y si se es consistente el ofrecimiento de comprobación, la Ley de Responsabilidades de los Servidores no deja lugar a dudas para la pronta aplicación de la justicia cuando induce con la fuerza de la razón.
Juicios políticos, por políticos sin Juicio… ¡Qué desperdicio!
El exalcalde de Hermosillo Manuel Ignacio El Maloro Acosta (2015-2018) podría obtener un récord de la industria del entretenimiento excéntrico. Seria famoso cuando pase a la historia como el primer político en el mundo y seguramente en toda la galaxia, en ser blanco en el transcurso de un año de tres -¡si tres!- juicios políticos por presuntos delitos cometidos por servidores públicos durante la gestión presidencial.
Y no solo eso, cada solicitud la misma acusación y los mismos promoventes del procedimiento. Solo cambio la fecha.
Al mediodía de este martes 12 de marzo causó confusión el ingreso vía correspondencia a la Mesa Directiva del pleno legislativo una solicitud de juicio de procedencia contra El Maloro, que además de improcedente por temporalidad agotada, resultó copia fiel de otra que ingreso Célida López el pasado enero, la que igualmente fue desechada por falta de sustento probatorio.
Antes, en noviembre del año pasado, el dirigente del PRD en el estado, solicitó juicio político contra el ex alcalde, exhibiendo como prueba sobre los presuntos malos manejos del ex alcalde un informe parcial de la cuenta pública municipal del trimestre del 2017, donde efectivamente, exhibía observaciones de daño patrimonial que descubrió la Auditoría Superior de la Federación. Quizá una docena de años supondría como pena corporal un juzgador.
Tras ese dislate del primer recurso enviado por la alcaldesa camuflajeado en mamotreto jurídico y como una verdadera falta a la rigurosidad en la sede del legislativo del rigor técnico jurídico que envuelve los instrumentos justicialistas parlamentarios, y, en el colmo de la ausencia técnica, la solicitud de la alcaldesa responsabilizaba a la contraloría y al funcionario de la Procuraduría Fiscal.
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