Defender la actividad agrícola “como negocio” frente a un gobierno federal que carece de una política para incrementar la producción de granos básicos, no es la mejor estrategia
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Defender la actividad agrícola “como negocio” frente a un gobierno federal que carece de una política para incrementar la producción de granos básicos, no es la mejor estrategia. Algo de esto se puso de manifiesto en la reunión que este miércoles 27 de febrero, concentró a productores rurales de todo el sur de Sonora, en las instalaciones del Distrito de Ruego de Río Yaqui, en Ciudad Obregón, quienes reaccionaron ante la desconcertante decisión de la Secretaría de Desarrollo Rural, de reducir los apoyos compensatorios a un máximo de treinta hectáreas a las zonas del país donde se concentra lo que han dado en llamara la agricultura comercial.
Algunos de los participantes en la reunión, señalaron que no solo se enfrenta el problema coyuntural relacionado con las drástica disminución de los apoyos a los cultivos que están en pie en toda la región y en otros estados de la república, donde se asientan los principales distritos de riego del país y los que soportan el mayor porcentaje de la producción de trigo y maíz, sino que este cambio, que supone una nueva política agrícola, prácticamente deja sin protección a una significativa área de la producción nacional frente a las desventajosos precios en los mercados internacionales. Lo cual advierte un acelerado proceso de descapitalización de los productores con su consecuente caída en la producción y un incremento en la dependencia alimentaria.
No hubo plaza, ni pueblo o ciudad del país, en la reciente campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde no se pronunciara por el restablecimiento de una política de precios de garantía y por el cometido estratégico de reducir la dependencia alimentaria en productos básicos como trigo, maíz, fríjol y arroz. A los días de ser electo, ya cuando se dieron a conocer los hombres que estarían a cargo de la Secretaría de Hacienda y de la política económica en general, estos mismos no tuvieron empacho en corregirle la plana. Tanto Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, como Alfonso Romo, Jefe de Gabinete, inmediatamente se pronunciaron en contra de una política de precios de garantía con carácter universal, esto es que atendiera a todos los productores de granos básicos del país.
El precio de garantía es un mecanismo que nos remite a principios del siglo pasado, instituido en los Estados Unidos, precisamente para proteger el mercado nacional de alimentos y para asegurar reducciones importantes en la dependencia alimentaria. Es un instrumento que subsecuentemente se aplicó en México, a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, cuando los gobiernos se distinguían por una marcada inclinación al fortalecimiento del sector primario y de los cultivos básicos. El mecanismo observa un principio elemental: atender los costos de producción y con ello establecer las utilidades que permitan la capitalización del productor y su planta productiva, al mismo tiempo que se dispone una política arancelaria consecuente que resguarde el mercado nacional. Se sabe que todo esto se empezó a desmantelar a mediados de los años ochenta y desde entonces los productores nacionales fueron sometidos a la dinámica especulativa de los precios internacionales y sujetos de apoyos compensatorios que amortiguaran relativamente los impactos negativos sobre la actividad al ser arrojados a un mercado desigual y con marcadas asimetrías y desventajas.
Lo que se enfrenta actualmente con el gobierno federal, no es propiamente una nueva política agrícola, más bien es la radicalización de los criterios neoliberales que desde el TLCAN establecieron estos esquemas compensatorios, como medidas transitorias, que supuestamente permitirían a los productores nacionales -en un plazo perentorio- estar en condiciones de competir con los mercados internacionales sin ningún subsidio. La reducción en los apoyos se encubre con el subsidio que se le entregará a la agricultura de subsistencia, mismos que se necesitan, pero que ciertamente no están en condiciones físicas de contribuir sustantivamente a la producción nacional de alimentos.
Hay que tomarle al presidente López Obrador, su compromiso del restablecimiento de los precios de garantía. Hay que defender la producción de granos básicos con el razonamiento económico de su significado estratégico y no simplemente con la lógica de un negocio.