Un buen indicador de que serían desplazados los criterios neoliberales que han imperado en el manejo de las aguas nacionales, es que la SEMARNAT y la CONAGUA, bajo la dirección de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, suspendan la operación ilegal del Acueducto Independencia, obra que indebidamente le sustrae agua a la Cuenca del Río Yaqui para desviarla a atender la expansión urbanística y los grandes negocios inmobiliarios de la ciudad de Hermosillo
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Un buen indicador de que serían desplazados los criterios neoliberales que han imperado en el manejo de las aguas nacionales, es que la SEMARNAT y la CONAGUA, bajo la dirección de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, suspendan la operación ilegal del Acueducto Independencia, obra que indebidamente le sustrae agua a la Cuenca del Río Yaqui para desviarla a atender la expansión urbanística y los grandes negocios inmobiliarios de la ciudad de Hermosillo.
La corrupción entretejida en torno a la construcción de este acueducto, siendo de lo más escandalosa, no es lo más grave. Lo grave es que se ha tratado de imponer la lógica monetarista que estima el recurso hídrico como una fuente de negocios especulativos, sin importar que la consecuencia de ello sea una disminución en la disponibilidad de agua de la economía de Sonora y que esto represente un impacto negativo para la existencia de la Tribu Yaqui y de las actividades productivas del sur de Sonora.
El extremo de esta política se vivió durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando los funcionarios de la CONAGUA, como Luege Tamargo y Sergio Soto Priante, sin ningún empacho defendían el destino del uso del agua en función de la renta monetaria y no en razón de su condición de insumo estratégico para el desarrollo económico nacional. Inolvidable la expresión de Soto Priante, ex director de Infraestructura Hidroagrícola, para argumentar su desprecio por la producción de alimentos y en contra de las obras de infraestructura orientadas a la gestión de más agua, como el PLHINO: “reditúa más dinero un metro cúbico de agua utilizado en la alberca de un hotel, que el empleado en una planta de maíz o trigo”.
Hacer valer esta política criminal asociada a la construcción del Acueducto Independencia, implicaba violar la ley y el Estado de Derecho. Encontraron en Guillermo Padrés a la personalidad sin escrúpulos y con el atrevimiento para instrumentar todo el cúmulo de atropellos y desacatos a la ley que le abrió el camino a la puesta en operación del acueducto.
Si Calderón fue el cómplice perfecto de todo este abuso, Enrique Peña Nieto resultó peor, porque habiendo empeñado su palabra en que se resolvería el conflicto por el agua en apego estricto a la ley y al Estado de Derecho -y con políticas que no dividieran a los sonorenses- traicionó su compromiso y terminó siendo un alcahuete de la política hídrica que está afectando a la Tribu Yaqui, al Valle del Yaqui y al municipio de Cajeme, a quien la CONAGUA despojó de cincuenta millones de metros cúbicos para darle “viabilidad” al trasvase del agua a la ciudad de Hermosillo desde la Cuenca del Río Yaqui.
La nación ha entrado en un proceso de transformación en donde las injusticias y los agravias que van en contra del desarrollo y el bienestar de la gente, no se pueden ni se deben considerar hechos consumados. Se están revirtiendo acciones y reformas que parecían inamovibles, como es el caso del aeropuerto de Texcoco y la Reforma Educativa, con más razón lo debe ser el Acueducto Independencia cuya ilegalidad está plenamente documentada, así como las afectaciones que ocasiona a cientos de miles de habitantes del sur de Sonora.
Habrá que hacer valer en la práctica esta nueva realidad, para que SEMARNAT y CONAGUA actúen conforme a los criterios del gobierno que ha prometido “sacar al país del estado de chueco, para regresarlo al Estado de Derecho”.