Es parte del México salvaje e infame en el que habitamos, pero de allí a aceptar que la tortura sexual contra las mujeres sea una práctica cotidiana ejercida por agentes de policía y militares, hay una distancia abismal. El cuadro que pintaron las víctimas es penoso y desalentador. No es posible siquiera entender como los funcionarios públicos han hecho una costumbre violentar y que mediante el sometimiento por dolor, las damas se auto incriminen en delitos que no han cometido
Juana María Olguín
Es parte del México salvaje e infame en el que habitamos, pero de allí a aceptar que la tortura sexual contra las mujeres sea una práctica cotidiana ejercida por agentes de policía y militares, hay una distancia abismal. El cuadro que pintaron las víctimas es penoso y desalentador. No es posible siquiera entender como los funcionarios públicos han hecho una costumbre violentar y que mediante el sometimiento por dolor, las damas se auto incriminen en delitos que no han cometido.
Es el México que han permitido que exista y de ello son responsables todos quienes han detentado un cargo público, sea en el poder ejecutivo, legislativo y con muchísima razón el judicial. Bueno ayer miércoles el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó el reporte «Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado», en el que documentó 29 casos de mujeres sometidas a vejaciones entre 2006 y 2015, delitos totalmente impunes.
Además por si la violencia por parte de militares y policías de los tres órdenes de gobierno no fuera suficiente, 26 mujeres se encuentran en prisión por delitos que no cometieron. Los hallazgos dados a conocer son que en 27 de los 29 casos la tortura sexual estuvo presente, en 16 casos se consumó la violación y en 12 de esos 16 fue ataque tumultuario; en 11 casos se realizaron amenazas de violación, en dos el abuso se cometió frente a sus familias.
A propósito de tortura física, más la fabricación de delitos y encarcelamiento, el expediente de Gisela Peraza, cómo para cuando se dignarán en la procuraduría de justicia del estado a actuar y detener al principal responsable de esos actos criminales, el ex diputado federal Agustín Rodríguez ¿no tienen ganas? ¿Falta producto avícola? Con esa actitud van a consumir la vida que le queda al abogado de la peor víctima de Guillermo Padrés, Juan Antonio Ortega o ¿eso quieren? Le ha costado la salud y la ruina económica, pero no se ve interés alguno en el caso. Que lamentable.
Y aquí vamos con la batalla campal que dará el corrupto sistema judicial para no ceder a la presión para dejar de ganar millones de pesos. Ayer un juez federal de Mazatlán, Sinaloa, concedió una suspensión provisional a una magistrada de circuito que congela de momento la disposición contenida en la Ley Federal de Remuneraciones para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el presidente de la República, equivalente a 108 mil pesos.
Esto muestra de manera inobjetable que ministros y altos funcionarios solo son unos vividores que quieren seguir gozando de prebendas sin que les importe un pito, las condiciones en que viven los mexicanos a los que hipócritamente se jactan de «servir» cuando solo buscan cobrar como si la nación estuviera en total jauja y opulencia y a cambio de nada. Consideran «inconstitucional» ganar menos que el presidente de la República, pero nada dicen de la INCONSTITUCIONALIDAD del salario mínimo con que han cercenado el derecho legítimo de la sociedad a la prosperidad vía su trabajo.
Ese amparo promovido por la magistrada, en la que ya fue concedida la suspensión provisional, va a ser la punta de lanza y la prueba que al poder judicial no le importa cumplir y hacer cumplir las leyes. Solo están para violarla a su antojo y conveniencia, con esa conducta, protegida y solapada por los ministros, se prueba, la venta de resoluciones y sentencias, ordenadas desde el edificio de Pino Suárez, así que cual pulcritud e independencia que pregonan. Malditos patéticos.
Iré más lejos y diré que para las condiciones económicas que imperan en el país, más los enormes rezagos en todas las áreas, propongo que López Obrador gane salario mínimo, que acuda además con todo y familia a los servicios de salud, que escoja IMSS o ISSSTE.
Hasta que los alzados que trabajan en el gobierno, que los integrantes de los tres poderes de la República sepa el dolor de los mexicanos, de acudir a instituciones de salud en quiebra, saqueadas y robadas por sus directores, crisis que ha provocado que la población enferme y muera por problemas hace muchos años superados. Así que hasta entonces no haya riqueza y prosperidad para nadie. Salario mínimo señor presidente de la República, 108 mil pesos es demasiado para la pobreza que anida en este país desolado.