Encontrar buenos abogados es difícil y que te acompañen y no abandonen cuando los resultados no llegan, que no sucede nada esperanzador
Juana María Olguín
Encontrar buenos abogados es difícil y que te acompañen y no abandonen cuando los resultados no llegan, que no sucede nada esperanzador. Y la solución anhelada no llega, menos el castigo para los culpables y, por ende, no hay beneficios económicos, no hay honorarios que cobrar. Y todo aprieta, asfixia, carcome el alma, por ello no sorprende que la impotencia que sufre Juan Antonio Ortega, abogado de Gisela Peraza, le haya hecho derramar lágrimas, en entrevista de esta mañana.
Le pregunto que si es el primer caso que toma tan desafiante, tan peligroso y respondió que le ha tocado bregar con demandas que nadie más quiso. Al grado que ha ido preso por defender casos complicados, solo que este que ahora lleva, la defensa de Gisela Peraza Villa, la ex trabajadora del ex gobernador Guillermo Padrés es cuesta arriba, no hay modo de superar las trabas jurídicas y mucho menos la politización de este. Él confiesa que ya está muy viejo y mientras lo suelta su cuerpo delgado y frágil se sacude por un sollozo que intenta contener, su voz se oye entrecortada.
Y lo expresó abiertamente está muy encabronado, máxime ahora que dos personajes que para él se vinculan en la protección institucional que se dieron uno y otro y ambos van a puestos de elección popular, uno de ellos, el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Raúl Ramírez Ramírez irá por la vía plurinominal, lista que además encabeza, así que llegará a la curul y con ello se protegerá con el fuero de legislador, gracias al frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
La otra es la todavía diputada local por el partido Acción Nacional (PAN), Célida López quien fue defensora a ultranza del ex gobernador y quien recientemente se fue a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ahora es candidata a la presidencia municipal por Hermosillo. La denuncia del abogado es que la legisladora tuvo evidencias de una serie de irregularidades que cometió Ramírez Ramírez en la CEDH que iban desde enriquecimiento inexplicable, abuso de poder, ejercicio indebido de funciones, y ésta jamás actúo y más aún lo protegió. Ahora en el colmo del absurdo ambos son tan buenos que hasta reciben premios de los partidos políticos en Sonora, para ir a la contienda.
Los peligros han sido abundantes para el litigante, los que fueron desde padecer el secuestro de uno de sus hijos, la intromisión a su oficina de donde le robaron documentos y provocaron destrozos, y lo soltó: “no me han dado piso, porque la fiscalía estatal de justicia me ha proporcionado seguridad, -le proveyeron un agente de la policía estatal- sino ya no estuviera aquí”, sentenció.
De la demanda que interpuso Gisela Peraza Villa contra 20 ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés, de su esposa, Iveth Dagnino, por secuestro, tortura, entre otros delitos, los resultados hoy en día son: 3 detenidos, dos mujeres policías estatales y el ex jefe de escoltas, Ernesto Fernando Fernández Portillo. El colmo insistió Ortega García es que “nomás falta que salga en libertad el ex mandatario en estos días y rápido le den un cargo de elección para que el también quede blindado, con fuero y todo.
Explicó que justo ahora con la detención del el ex jefe de escoltas, Ernesto Fernando Fernández Portillo, los abogados de este quisieron lograr un amparo con base a un documento que exhibieron y que se encuentra fechado al 11 de septiembre de 2015 -una semana antes de irse- en el que sin una averiguación previa, en respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se hicieron una “resolución” en la Procuraduría de Justicia del Estado, entonces a cargo de Carlos Navarro Sugich en el que todos los demandados por Gisela Peraza, son declarados inocentes de todos los cargos.
En su portada se lee: …a los 11 días del mes de septiembre del año 2015. Vistos las presentes diligencias de la averiguación previa numero AP 02/2015 instruida en contra de Agustín Rodríguez Torres, Luis Fernando Sánchez Lara, Ernesto Fernando Fernández Portillo por los delitos contra la procuración y administración de justicia; así como en contra de Alejandro Samaniego López, Luis Alejandro Pérez Ramírez, Alma Rosa Molina Barrón, Epifanio Benítez Ruíz, Emilio Pujol Acuña, German Leyva Campa y Álvaro Javier Gaxiola Santacruz por los delitos de ejercicio indebido o abandono del servicio público y tortura, cometido en perjuicio de Gisela Peraza Villa, Roberto Munro Varela y; vista la resolución de fecha….”
El abogado explicó que la CNDH reconoció la existencia de todos los delitos cometidos contra Peraza Villa por parte de los entonces funcionarios de gobierno, así que envió una recomendación para se fueran sometidos a la procuración de justicia todos los arriba mencionados y les fuera aplicado el castigo correspondiente.
La respuesta a esa recomendación de parte de la procuraduría de justicia del estado fue elaborar el panfleto, ellos le llamaron resolución, que consta de 15 páginas por ambos lados donde se les liberó de toda responsabilidad a cada uno de ellos y por tanto fueron declarados inocentes, solo que este documento apenas hace unos días se tuvo conocimiento de su existencia y no hay una averiguación previa que lo avale.
Quienes elaboran esta “resolución” por parte de la Procuraduría Estatal de justicia son Miguel Ángel Corral Ríos, sub procurador de control de procesos y Carlos Manuel de la Rosa Zayas, secretario de acuerdos, al final del panfleto aparecen las firmas al calce y el sello de la dependencia. Ahora que fueron llamados a aclarar lo concerniente a este mamotreto, el que fungía como secretario de acuerdos, dijo que no reconoce su firma. Alegó que no sabe de qué se trata esto.
El nivel de perversión que anida en las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia es de un nivel aún no cuantificado, pero que ha dejado cientos de culpables en la calle, miles de inocentes presos. Casi para concluir la entrevista, Juan Antonio Ortega pidió a la sociedad a no callarse, a no dejarse de tanto abuso que ocurre por parte de las autoridades.
Musitó una y otra vez el litigante que se siente furioso, desesperado, encabronado, porque cree que no hay modo de comprobar a sus nietos que él lucho y de manera férrea para mejorar las condiciones de justicia en Sonora. Suena cansado, se ve fatigado. Se confiesa muy viejo, para un caso tan desafiante como éste donde cree y sabe que la clase política interviene, que está metida para proteger a los suyos, en detrimento de la víctima directa de este caso y de la familia de ella que sufrió y sufre el acoso y los peligros, los que siguen vigentes a pesar de que ya no son gobierno.
¿Qué pasará con la demanda de Gisela Peraza? Se acabará este sexenio y nada ocurrirá, quedará solo para el anecdotario del abuso de poder hasta donde puede llegar y como la amistad y la colusión de ex funcionarios con la clase política, con el actual gobierno, con los partidos políticos pueden destruir todo sueño de justicia y de la reparación del daño, más lejos aún.