Terminar un procedimiento judicial por delitos relacionados con la corrupción llevaría hasta 12 años, lo que significa que no es algo sencillo, dijo hoy el fiscal anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza
Por el chiltepin
Terminar un procedimiento judicial por delitos relacionados con la corrupción llevaría hasta 12 años, lo que significa que no es algo sencillo, dijo hoy el fiscal anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza, que en dos años ha logrado procesar a siete ex secretarios de la administración estatal anterior.
Entrevistado por los integrantes del Colectivo de Reporteros Sonorenses, AC, el fiscal explicó que ese tiempo no es exclusivo de Sonora, sino que hay ejemplos internacionales que así lo establecen, como el caso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien después de 12 años fue hallado culpable en enero de 2018 por corrupción y lavado de dinero.
En el caso de los procesados, incluido el ex gobernador Guillermo Padrés, cuyo procedimiento está en los juzgados federales, esto apenas ha empezado. “Estos procedimientos llevan tiempo, no son investigaciones comunes”, dijo Espinoza. “En la realidad los temas y los resultados más contundentes, ya con sentencia firme, duran de 10 a 12 años, lo dice un especialista que nos hace un estudio comparado y que vino a platicar cómo recuperar el dinero que se movió en ese tipo de asuntos”. Y es que los inculpados pueden recurrir a las figuras de la apelación y el amparo, lo que alarga los procesos.
El fiscal dijo que desde que fue creada la Fiscalía Anticorrupción de Sonora se ha detectado que “la corrupción más fuerte, la de los millones de pesos, no se da de manera directa, sino que se termina gestando en redes que acompañan al trabajo del servicio público. Vemos cómo se va trabajando con prestanombres, con gente para que sean beneficiarios de contratos y se hacen en el lado oscuro”.
Sin embargo, a pesar de que se trata de procesos largos y complejos, la Fiscalía ya ha obtenido de jueces 59 órdenes de aprehensión contra los inculpados y en los próximos días habrá de solicitar otras cuatro órdenes en procesos relacionados con los municipios de Cajeme y San Luis Río Colorado.
Para ejemplificar que no se trata de un proceso sencillo, el fiscal dijo que hay 15 averiguaciones en las que deben pedir información sobre cuentas bancarias en el extranjero, lo que toma más tiempo de lo normal.
EL CASO DE ROBERTO ROMERO
Odracir Espinoza adelantó que la Fiscalía pedirá que el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, sea enviado a prisión preventiva y que desde ahí lleve su proceso judicial. “Ahorita ya se le dictó el auto de formal prisión. Va a iniciar el periodo de pruebas, ya está ofreciendo pruebas, y lo importante es que queremos saber si va a estar privado de su libertad. Es algo que se va a solicitar, pero hasta que se le venza el amparo. La audiencia constitucional se tenía para finales de febrero, era el 26 a las 11 de la mañana. Ahí el juez valora si hubo alguna violación a sus derechos humanos y si no la hubo seguramente va a sobreseer el asunto en un periodo de 15 días. Si no mete un recurso de revisión para que se vaya a un tribunal colegiado o se inconforma, el amparo se sobresee y se deja firme. Nosotros vamos a solicitar que se quede en prisión preventiva el señor y que lleve el proceso recluido en la prisión”, indicó.
Roberto Romero López es acusado de ejercicio abusivo de funciones, tras presuntamente solicitar recursos a la Sagarpa para beneficio propio. A principios de mes ingresó a Sonora, tras permanecer recluido algunos meses en Arizona, y fue detenido, pero salió a las pocas horas tras presentar amparos contra la acción de la justicia.
HEMOS RECIBIDO AMENAZAS
Durante la charla con los comunicadores, Odracir Espinoza reveló que han recibido amenazas por la labor que han realizado contra los procesados. “Hemos recibido amenazas. La que ahorita es fiscal anticorrupción del estado de Sinaloa fue mi primera secretaria de acuerdos y entraron a su departamento, le robaron toda la cuestión tecnológica. Reina Angulo, se llama. A ella le tocó recibir amenazas directamente. Hubo un carro que la detuvo en una ocasión. Le tocaron cosas muy fuertes. Pero así como ella, ha habido más personas”, dijo.
Incluso ha habido quienes se han acercado a la Fiscalía para negociar y regresarle cosas al Estado. Estas acciones han orillado a que el fiscal sea custodiado por elementos policiacos todos los días. “Tengo que traer gente que cuide mi seguridad, pero a veces es incómodo”, reveló.
Aun así, el fiscal aseguró que está conforme con el trabajo y los resultados obtenidos hasta el momento, a pesar de que el presupuesto se le ha reducido anualmente. Este año, la Fiscalía tiene disponibles 45 millones de pesos para operar. “Me siento más que conforme. El despliegue de trabajo que tenemos en la Fiscalía ha sido muy grande”, dijo.
Además, se dijo convencido de que se ha inhibido la corrupción al interior del gobierno que encabeza Claudia Pavlovich, pues según la más reciente auditoría del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se redujeron las observaciones al manejo de los recursos públicos.
HAY CUATRO SENTENCIAS CONDENATORIAS
Los resultados, dijo, se demuestran con cuatro sentencias condenatorias hasta ahora, de las cuales dos ya son definitivas y tienen que ver con la compraventa del edificio que alberga el Ayuntamiento de San Javier, en la zona serrana. Por este caso fue procesado y condenado a prisión el ex alcalde priísta Hilario Mendoza Agüero y la ex tesorera municipal. “Las otras dos sentencias están en apelación y vamos a esperar a que se lleve el proceso”, añadió.
EL PROCESO ELECTORAL NO ME IMPORTA
Espinoza también fue cuestionado sobre la acción de la Fiscalía durante el proceso electoral, pues pudiera prestarse a intereses políticos. Dijo que las personas tendrán que rendir cuentas a pesar de que haya elecciones, pues la justicia es independiente de las acciones partidarias o políticas.
“Estamos en el cierre de investigaciones que van a dar resultados de órdenes de aprehensión y demás. Aquí la aplicación de la justicia es independiente de lo electoral, a mí no me importa lo electoral. Si nos dan órdenes de aprehensión para esas fechas vamos a ejecutarlas a quien tenga que ejecutárseles y si existe algún candidato o lo que fuere, a nosotros no nos importa. Si esa persona tiene que ir a rendir cuentas lo va a hacer. No me voy a esperar a que terminen los procesos electorales o a que tengan fuero algunos de ellos para aplicarles la justicia”, subrayó.