Lo importante de una acción de gobierno, es la direccionalidad en la que está inscrita. Es costumbre de la burocracia omitir esa importancia, y así lo hace el titular de la Comisión Estatal del Agua al dar a conocer, el 20 de julio
Por Alberto Vizcarra Osuna
Lo importante de una acción de gobierno, es la direccionalidad en la que está inscrita. Es costumbre de la burocracia omitir esa importancia, y así lo hace el titular de la Comisión Estatal del Agua al dar a conocer, el 20 de julio, que se abrió la convocatoria para la licitación de la planta desaladora que será construida en el municipio de Empalme. El funcionario omite decir que este proyecto contempla en su primera etapa abastecer de agua desalada a las ciudades de Guaymas y Empalme y en su segunda etapa a la ciudad de Hermosillo.
El paso inicial, con la construcción del módulo Guaymas-Empalme, es relevante porque su alcance considera abastecer también a la capital del Estado. Así se establece en la iniciativa de decreto enviada al Congreso del Estado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y aprobada a principios de abril por unanimidad: “Son los municipios de Guaymas, Empalme y Hermosillo, entre otros, quienes deben de estar contemplados en un proyecto gradual que de acuerdo a la conformación de módulos que integran el total del proyecto reciban los primeros beneficios tecnológicos de producción de agua desalada.”
Como se puede observar en la cita anterior y en otros párrafos, la iniciativa de decreto de la gobernadora, enfatiza que el módulo Guaymas-Empalme está integrado al propósito de proporcionar a la ciudad de Hermosillo el abastecimiento de agua desalada con la construcción de otros módulos para dotar a dicho municipio del vital líquido con la incorporación de volúmenes nuevos de agua donde no los hay, y así poder suplir la política absurda y divisionista que se propuso repartir el recurso que no alcanza con la operación ilegal del Acueducto Independencia.
En la misma iniciativa se reconocen los litigios que pesan sobre el Acueducto Independencia y se presenta al proyecto de desalación como una alternativa a “una problemática innegable”.
Anunciar el arranque de la convocatoria para la construcción del módulo Guaymas-Empalme, sin referir el proyecto integral que postula la iniciativa de decreto de la gobernadora, es un enfoque parcial que no atiende a las necesidades organizativas y de involucramiento de todos los sonorenses en el propósito de una política de gestión de más agua que cubra los requerimientos que tienen todas la regiones de Sonora.
Asegurar la convergencia de amplias vertientes sociales en esta política, es responsabilidad de todos, pero especialmente de los funcionarios del gobierno del estado y más de aquellos que tienen bajo su responsabilidad el manejo del agua en la entidad. No se deben de quedar a la retaguardia del trazo visionario de la gobernadora de luchar unidos por más agua, para evitar dividirnos con el reparto de lo que no alcanza; menos cuando el origen de este conflicto, es herencia del gobierno corrupto de Guillermo Padrés, quien se prestó a los intereses privados que se proponen despojar a la Tribu Yaqui y al sur de Sonora de las aguas del Río Yaqui.